El magistrado de la Corte de Apelaciones de La Serena ahonda en la labor que le fue asignada hace seis años: esclarecer crímenes cometidos en dictadura, que en ciertos casos datan de casi medio siglo. La semana pasada ordenó una nueva exhumación en la investigación de los Ángeles de Guayacán, pero este es sólo uno de los hechos entre todos los que tiene a cargo en la zona norte del país. En algunos ha logrado llegar a la verdad, en otros espera acercarse cada vez más.
Llegó a la zona en junio del 2015 a integrar la Corte de Apelaciones de La Serena y en diciembre de ese mismo año, el por entonces presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, lo designó como encargado de las 10 causas de Derechos Humanos que en ese momento se tramitaban en la Región de Coquimbo. Dos años después le pidieron que tomara todos los procesos sobre crímenes cometidos en dictadura que estaban pendientes en el norte del país. Aceptó y el resto es historia.
En estos seis años, el juez Vicente Hormazábal ha logrado procesar y condenar a decenas de agentes del Estado por crímenes de lesa humanidad, y continúa investigando para llegar a la verdad en todos los hechos de este tipo ocurridos en el régimen de Pinochet.
Durante las últimas semanas, su nombre ha estado en la palestra nuevamente, luego que ordenara la exhumación de los cuerpos de Jimmy Christie Bossy y Rodrigo Palma Moraga, de siete y ocho años respectivamente, quienes desaparecieron en diciembre de 1973 mientras jugaban en las cercanías de sus casas en el sector de Guayacán, Coquimbo, siendo encontrados muertos sólo cuatro años más tarde, según se presume, a manos de militares. De este caso, y de las trágicas historias que le ha tocado reconstruir en busca de justicia, el ministro Hormazábal hace un balance, poniendo el acento en lo complejo que se hace investigar sin tener prácticamente nada, pero a la vez en lo satisfactorio que resulta esclarecer sucesos que estuvieron en las sombras por tanto tiempo.
-¿Cuál es su balance luego de seis años investigando estas causas? Entendiendo que el contexto social y político ha ido variando…
«Sí ha cambiado, de partida en un principio a mí me asignaron las causas que se llevaban en la zona en el 2015, que eran 10, y luego en el 2017 el ministro Muñoz (Sergio) me preguntó si me podía hacer cargo de todos los casos de la zona norte de Chile. Me pasaron 39 causas más. Ha sido un proceso largo, pero de las causas de La Serena ya tengo cerradas casi todas con las que comencé, lo que pasa es que se han acumulado otras causas por delitos de tortura, se han desarchivado otras, etc…».
-De las causas más emblemáticas que ha investigado, ¿cuáles son las que ya están cerradas?
«Bueno, se me vienen a la mente las de Francisco Javier Santoni, que lo sacaron de la cárcel y lo asesinaron, y la de Bernardo Cortés, que eran un joven universitario de 20 años que estaba estudiando Castellano y que lo hicieron desaparecer desde el Regimiento. Son muchas».
-¿Era más complejo investigar antes?
«Esto tiene de dulce y agraz. Es cierto que desde el año 2005 en adelante hubo mayor facilidad porque existieron algunos aportes desde las Fuerzas Armadas para entregar algunos antecedentes. Pero por otro lado está el transcurso del tiempo, a medida que avanza todo se complejiza».
-En ese tiempo, cuando usted comenzaba a indagar, se hablaba de los «pactos de silencio» que tenían los militares respecto de no delatarse. ¿Se fueron rompiendo estos pactos?
«Mire, yo no podría aseverar eso, porque en mi caso la mayor fuente de información que he tenido ha sido de instrumentos públicos, como partes policiales, archivos judiciales, libros de ingreso de cárcel, ingreso al regimiento, pero así como una colaboración espontánea de alguien, no he tenido. Eso que llaman pacto de silencio yo no siento que se haya roto. Lo que yo noto es que la gente que está involucrada no aporta información, salvo un caso».
-¿Recuerda cuál?
«Era el caso de un capitán que estaba enfermo con un cáncer terminal, que aportó información respecto de la causa del ex intendente de Antofagasta, Daniel Acuña, asesinado dinamitado. Es lo único que he obtenido de manera espontánea por parte de algún involucrado».
CASOS DE TODO TIPO
-La mayoría de los casos son de largo aliento, pero, en este tiempo, ¿se ha encontrado con causas que hubiesen podido ser resueltas fácilmente mucho antes?
«Sí, me he encontrado, lamentablemente. No le puedo dar detalles porque involucran a otras personas del mismo Poder Judicial, pero hay casos así. Recuerdo uno en que un militar alegaba legítima defensa y por eso había disparado a un detenido. A mí me parecía un asesinato lisa y llanamente, y creo que es la opinión que tendría cualquier persona».
-¿También hay casos en que los acusados alegan demencia como forma de zafar?
«Bueno, sí. Pasó en el caso de Lapostol (Ariosto), ya fallecido, donde incluso un informe del Servicio Médico Legal lo había declarado demente, pero después el propio servicio con un grupo de expertos denunció que los informes eran falsos. El señor estaba lúcido y hábil como para ser condenado».
-Al momento de tener que indagar en las acciones de Juan Emilio Cheyre, ¿sentía que había un peso más grande sobre usted, por la connotación que tenía él?
«La verdad es que no. Yo soy un simple juez que no hace diferencias con nadie. Sigo las reglas establecidas por la justicia. Lo que sí se hacía respecto de él era, por su notoriedad pública, realizar las declaraciones en los cuarteles de la PDI, pero eso es para resguardarlo a él también, y al proceso mismo. Actualmente él está procesado, sus abogados pidieron que se revisara el auto procesamiento, yo rechacé esa solicitud y ahora está en apelación».
-¿Siempre ha alegado inocencia (Cheyre)?
«Es que no es sólo él. El 90% de los procesados dice que ellos sólo estaban en los cargos en ese tiempo. Ahí uno tiene que recurrir a las otras pruebas. Ellos no están obligados a declarar tampoco».
LOS ÁNGELES DE GUAYACÁN
-En el caso de los Ángeles de Guayacán», uno lee versiones, publicaciones de años anteriores respecto de las otras investigaciones y conclusiones, y parece siempre tan evidente el asesinato. Sin embargo esto requiere otra exhumación. ¿Qué otra prueba falta por encontrar?
«Mire, se ordenó esta nueva exhumación de los cuerpos precisamente porque no hay ningún informe de los que se hicieron, ni el del 77 ni del 2002, que deje clara la causa de muerte. Si bien en el caso de Jimmy Christie Bossy tiene el cráneo fracturado, no hay una conclusión respecto de esas fracturas. Por eso que ahora yo le mandé al Servicio Médico Legal los dos informes para que me indicaran a qué se debía esta falta de conclusiones, y ellos me dijeron que para responder eso debían exhumar los cuerpos y revisarlos de nuevo».
-Sin tener todavía los resultados científicos, ¿hay alguna dirección hacia dónde apunte la causa y los eventuales responsables?
«Mire, yo no le puedo referir eso, pero en el año 73, cuando se hicieron las primeras investigaciones, fueron muy insuficientes. Además las policías se sobrepasaban al alero de organismos de inteligencia del Ejército que puso Ariosto Lapostol, que derivaron en otras causas, que son las torturas que sufrieron los padres de los niños por parte de este organismo que se dedicó a interrogar, y que habrían tratado de hipnotizar a la madre de Jimmy Christie Bossy y pareciera que también al padre del otro niño, porque lo que ellos querían demostrar aparentemente, era que los propios padres habían secuestrado a sus hijos, lo que es bastante diabólico, entonces estamos indagando de nuevo».
-¿Existen plazos para que el Servicio Médico Legal les entregue los resultados?
«Uno siempre les dice que lo antes posible, pero estamos en un país donde los funcionarios no se dedican a una sola cosa, tienen mucho trabajo. Tratamos que avance con premura, pero que sea bien hecho. Se deben hacer exámenes de ADN para descartar que sean otros niños. Hay muchas cosas. Porque hay que tener en cuenta también lo que ocurrió cuando los encontraron, que fue en un lugar donde ya se había buscado incluso con perros de búsqueda, y estaban en un terreno tan superficial que cualquier persona podría haberlos visto antes. Entonces, no se sabe si los niños fueron llevados a otro lugar y luego trasladados, o murieron allí».
-¿Quiénes podrían ser los imputados de establecerse la participación de terceros?
«No me quiero adelantar. No quiero ser irresponsable. Eso lo veremos después de los informes».
-Finalmente, de las 10 causas iniciales que le pasaron en la Región de Coquimbo, ¿cuántas ha logrado concluir?
«De ellas, la mayoría ya está finalizada. Se van sumando otras paralelas, pero de las que iniciamos, sólo restan dos por concluir».
