«Las decisiones que tomamos fueron con el respaldo técnico y jurídico del municipio, además de que todas las actas municipales están enmendadas por un informe jurídico, entonces en ese aspecto creo que al menos los concejales no tenemos mucha responsabilidad», afirma el ex colegiado de Coquimbo, Alejandro Campusano.
Aún levanta polvo la gestión del ex alcalde Marcelo Pereira, y es que se conoció que recientemente fue notificado por el Tribunal de Cuentas de la Contraloría, para el inicio de un juicio, a propósito de presuntas irregularidades administrativas y financieras que la entidad fiscalizadora detectó e incorporó en un informe de diciembre de 2021, el cual auditaba la gestión financiera de la comuna, en concreto del periodo entre el 1 de marzo de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.
Auditoría que fijó que la Municipalidad no pudo acreditar el desembolso de $385.322.026, actualizado a la fecha de presentación del reparo. Suma referida a los movimientos de las cuentas corrientes bancarias asociadas al entonces Departamento de Educación Municipal, y un examen de cuentas a los ingresos y gastos efectuados por la Municipalidad de Coquimbo con cargo a dichos recursos, y que debería devolver el ex edil.
Pero no solo él, también el ex administrador municipal, Patricio Reyes; el ex asesor jurídico, Claudio García; el exdirector de DAEM (Departamento de Administración de Educación Municipal), Jaime Valenzuela; además de los concejales, Guido Hernández y Mario Burlé; y los ex colegiados Alejandro Campusano, Fernando Viveros, Rosetta Paris, Hernán Cortés y Roxana Zambra.
Ante esto, algunos de los que fueran parte del cuerpo colegiado en la gestión del otrora alcalde Pereira, aprovecharon de manifestar aclaraciones respecto de la notificación que les hizo llegar el Tribunal de Cuentas.
Por su parte, Alejandro Campusano afirma que el juicio de cuentas «es un proceso que viven todos los municipios a nivel país», y que él otros ex colegas hayan sido notificados, responde a la aprobación de ciertos puntos discutidos en sesiones del Concejo Municipal.
Y detalla que «son varios juicios de cuentas por diversas situaciones, donde yo por ejemplo apoye un seminario para los profesores del Departamento de Educación de ese tiempo del municipio, por eso es que me mandaron a un juicio de cuentas», cree en su caso.
Todo en regla
Expresa también, que al momento de aprobar ciertos temas, lo hacía con el respaldo de la documentación pertinente que confirmara que todo cumplía con la formalidad, sobre ello detalla que «cuando votamos en esa oportunidad, los informes técnicos y jurídicos, indicaban que se podía realizar legalmente, por eso votamos a favor en forma unánime esa situación específica», refiriéndose al asunto del seminario para los profesores.
Por lo que añade que «fui súper riguroso con la toma de acuerdos contra informes, y si no estaban obviamente muchas veces no se votó».
De esta manera, manifiesta Campusano que formulará sus descargos, para ello declara que tiene «15 días para hacerlo y voy a apelar a lo que estoy diciendo ahora, que las decisiones que tomamos fueron con el respaldo técnico y jurídico del municipio, además de que todas las actas municipales están enmendadas por un informe jurídico, entonces en ese aspecto creo que al menos los concejales no tenemos mucha responsabilidad de acuerdo a mi visión».
«Nadie se robó nada»
Otra de la situaciones por la que el Tribunal de Cuentas notificó a estas 11 personas, es respecto al monto total de $255 millones por concepto de avenimientos que configuraron con 51 ex funcionarios del Departamento de Educación, esto a propósito de que fueron desvinculados a comienzos de 2018.
El problema que surge, según se pone de manifiesto en el documento de la Contraloría, en cuanto el municipio y el concejo tenían conocimiento de que ya se habían pagado todas las prestaciones que la ley dispone a favor de los funcionarios, pero aun así, decidieron transferir adicionalmente a cada ex empleado $5.000.000.
Es sobre esto que la ex concejala Rosetta Paris, se refiere, pero advierte primeramente que a ella aún no se le ha notificado «aunque tengo clarísimo el tema», afirma.
Y explica que «este fue un acuerdo prejudicial, informado por el señor Claudio García, asesor jurídico en ese tiempo, en que los funcionarios de educación que no fueron llevados al servicio Puerto Cordillera, demandaron al municipio por tutela laboral, demandándolo por $600 millones, y se llegó a un acuerdo de pagarles a cada uno $5 millones, tras las negociaciones que se llevaron a cabo junto a la asesoría jurídica», esto en el marco del proceso de desmunicipalización.
Afirma que «voy a apelar y demostrar que no se hizo ninguna cosa ilegal, ellos están cuestionando ese pago, porque ese pago no lo recibió nadie más que los funcionarios que pidieron y demandaron por tutela laboral, eso hay que aclararlo».
A la vez que agrega que «lo que me molesta es que la gente piense que se robaron la plata, aquí nadie se ha robado un peso, el dinero se lo llevó cada funcionario que demandó por tutela laboral, tras llegar a un acuerdo judicial».