Una presentación hecha por la Contraloría en 2021 detalló observaciones al proceso de compra de dos terrenos por parte del Gobierno Regional de Coquimbo. La Municipalidad de La Serena tuvo un papel clave en uno de los proyectos. Y un ex edil asegura que la presión para aprobar fue directa y explícita.
El caso Papaya Gate no solo quedó en informes ni en cifras. También dejó huellas en las discusiones políticas de nivel local. Uno de los que lo vivió desde dentro fue Pablo Yáñez, entonces concejal de La Serena, quien hoy recuerda el ambiente que rodeó la tramitación del proyecto vinculado a la compra de un terreno para un futuro centro deportivo.
«Se nos puso una pistola en el pecho para votar por esto, diciéndonos que si no votábamos a favor, La Serena se quedaría sin hospital», afirma. La frase, claramente metafórica, da cuenta de lo que él percibió como una presión directa. «
Ya se veía algo extraño», añade. «No me quise involucrar, no tenía ningún antecedente, pero algo a mí no me cuadraba». Yáñez asegura que su postura siempre fue llevar el recinto médico a Las Compañías, pero las señales eran claras: o se aprobaba ese terreno, o no habría proyecto.
La presentación hecha por la Contraloría en 2021 ante la Cámara de Diputados dio cuenta de una serie de observaciones al proceso de compra de dos terrenos por parte del Gobierno Regional de Coquimbo. Trato directo sin justificación suficiente, pagos anticipados y ausencia de licitación fueron algunos de los puntos cuestionados por el organismo, aunque pocos lo recuerdan.
No es nuevo. No es secreto. Y tampoco es una sorpresa. En abril de 2021, la Contraloría General de la República expuso ante una comisión investigadora de la Cámara las conclusiones de su revisión al caso. Lo hizo con una presentación extensa, pero clara: según el organismo, los procedimientos utilizados en ambas adquisiciones no respetaron los pasos exigidos por la normativa vigente.
El informe aborda dos operaciones clave, una para la relocalización del Hospital San Pablo de Coquimbo y otra para la construcción de un centro deportivo en La Serena. Ambas compartieron una receta preocupante, de acuerdo al análisis de Contraloría: se recurrió al trato directo sin explicar por qué, se hicieron pagos antes de completar el proceso legal obligatorio y no hubo licitación pública.
La historia comenzó tras el terremoto de 2015, cuando surgió la necesidad de reubicar el hospital de Coquimbo. En 2020, el Gobierno Regional compró un terreno en La Cantera por más de 6 mil millones de pesos.
Según lo expuesto, la Contraloría detectó que no se justificó adecuadamente el trato directo; que el precio carecía de respaldo documental suficiente; y que el terreno fue pagado e inscrito antes de contar con la toma de razón, trámite obligatorio para la validez del acto administrativo.
A pesar de dos oficios de advertencia emitidos ese mismo año, el proceso siguió adelante. La normativa vigente es clara: sin toma de razón, un acto administrativo no tiene efectos legales.
La segunda compra fue por un terreno destinado a un centro deportivo en La Serena. El valor superó los 9.800 millones de pesos. Aquí también se aplicó trato directo, sin licitación previa.
Según lo expuesto por la Contraloría, la Municipalidad de La Serena tuvo un rol relevante en la etapa previa del proyecto. En diciembre de 2018, el concejo municipal acordó ceder terrenos administrados por la Corporación Municipal de Deportes (CORDEP) para el posible emplazamiento del nuevo hospital.
Más tarde, esos terrenos quedaron vinculados al proyecto del centro deportivo. Durante 2019, la municipalidad postuló la iniciativa ante el Ministerio de Desarrollo Social y elaboró un estudio de localización, que determinó como óptimo un conjunto de seis lotes ofrecidos por inmobiliarias privadas. También participó en la elaboración de los términos de referencia, los cuales fueron aprobados por el Instituto Nacional del Deporte (IND).
El informe reveló que no hubo consulta previa sobre terrenos fiscales; que se compró solo una parte de un lote, pero se pagó como si fuera completo; y que el precio pactado coincidía con una oferta enviada por un grupo de inmobiliarias meses antes. Además, no hay claridad sobre quién encargó las tasaciones que sirvieron de base para justificar el precio. Ni el GORE ni la municipalidad tienen registro de ese gasto.
En ambos casos, la secuencia fue similar: primero se firmaron los contratos, luego se inscribieron los terrenos, se hicieron los pagos, y solo entonces se envió la documentación para validación. Para la Contraloría, el control llegó tarde.
