En los últimos tres años las denuncias han crecido desmesuradamente, generando la inquietud del Colegio de Profesores, quienes llaman a implementar políticas públicas tendientes a subsanar este problema. Desde la Superintendencia de Educación remarcan que cada establecimiento debe contar con protocolos establecidos y activarlos cuando ocurran este tipo de situaciones.
La violencia escolar no es algo que se dé sólo entre estudiantes. El caso de Katherine Yoma Valdivia, quien el pasado 7 de marzo se quitó la vida tras denunciar una serie de hostigamientos, amenazas y ataques que recibió desde una alumna y sus familiares en la Escuela D-68 de Antofagasta, encendió las alarmas nuevamente.
La situación ha desatado la indignación de sus colegas, ya que aseguran que en este caso no se actuó con la premura suficiente, lo que podría haberle salvado la vida a la profesora, aquello incluso se ha denunciado públicamente por sus familiares.
Un problema país
Este hecho puso en el tapete, una vez más, la vulnerabilidad en la que trabajan muchos profesores del país, lo que, de hecho, fue ratificado por el Centro de Políticas Públicas Elige Educar, cuyos resultados reflejaron que, a nivel de percepción, un 40% del profesorado no se siente seguro en el aula.
Números decidores
Según cifras de la Superintendencia de Educación, a nivel nacional, en cuatro años las denuncias de golpes a profesores se duplicaron, por lo que si el 2019 se recibieron 206 reclamos, el 2023 se recepcionaron 466 denuncias.
De hecho, el aumento ha sido permanente, y aquello se ve graficado en la comparativa entre 2022 y el año pasado. En 2023 -en números nacionales- la Superintendencia registró un total de 17.526 denuncias de todo tipo, lo que representa un incremento del 8,5% respecto a 2022.
Del total de denuncias, 12.637 casos corresponden efectivamente al ámbito de convivencia escolar, reflejando un aumento de 4,9% en comparación con el año anterior, lo que se traduce en 585 casos más.
Realidad regional
La Región de Coquimbo no ha escapado a esta realidad y las acusaciones en el ítem «maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa» ha crecido de manera explosiva en los últimos tres años, pasando de una denuncia en 2021 a 28 durante el 2023, algo que preocupa de sobremanera en el gremio.
Inquietud en el magisterio
El presidente del Colegio de Profesores regional, Daniel Aguilera, está preocupado por la situación, ya que en su labor como dirigente le ha tocado ver muchos casos de esta naturaleza. El que más se le viene a la memoria, es el de una Educadora de Párvulos que fue golpeada y agredida por apoderados, «y el equipo de gestión del establecimiento no hizo nada por contener a la docente. Finalmente tuvo que generar una licencia médica y ser trasladada», recordó Aguilera.
Las cifras le parecen «indignantes», y afirma que, aún siendo altas, no serían las reales, debido a que es común que en estos casos exista una «cifra negra», ya que no todos los profesores y trabajadores de la educación hacen denuncias. «Muchas veces esto queda en la misma escuela, porque los docentes no se sienten protegidos ni por la superintendencia ni por las mutuales de seguridad. Nosotros vemos la situación como alarmante, pero muchas veces es barrida bajo la alfombra», asevera el dirigente.
Un tema social
Aguilera no es ajeno al tema social, y al que la violencia que llega a los colegios viene desde los hogares donde existen carencias, las que se trasladan a la escuela. En este sentido, hace un llamado al Estado para que de una vez por todas le dé la relevancia que requiere este tema. «Hay una cultura de culpar siempre a los establecimientos por situaciones que muchas veces la escuela no tiene la capacidad de resolver, entonces se genera una rabia, que muchas veces termina siendo canalizada hacia el docente, lo que es muy grave, porque no ha habido señales políticas claras desde ningún gobierno para abordar la violencia en las escuelas», finalizó Daniel Aguilera.
Superintendencia y acciones
El director regional de la Superintendencia de Coquimbo, Fernando Sermeño, enfatizó en que se están tomando acciones para que los números vayan disminuyendo, y en esa línea expresa que «hemos realizado acciones que apuntan a que se resguarden mejor los derechos e integridad del personal docente en los establecimientos, por ejemplo, informar mediante oficios a las entidades sostenedoras sobre la normativa que regula su protección ante hechos de violencia», manifestó.
Sin embargo, acotó Sermeño, «también es importante recordar hacer el llamado a las comunidades educativas a estar alerta ante cualquier situación de maltrato o violencia, ya sea física o psicológica, que puede ocurrir en el establecimiento. Ante hechos de agresión a cualquier integrante de la comunidad educativa, la normativa indica que los establecimientos educacionales deben activar el protocolo de actuación ante maltrato dispuesto en su Reglamento Interno», afirmó Sermeño.
Y agregó que también es importante recordar que en el caso de que existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito, los establecimientos tienen el deber de denunciar ante Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, o ante cualquier tribunal con competencia penal, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que toman conocimiento del hecho.
