Para el próximo miércoles y jueves, el Colegio de Profesores convocó a jornadas de paro nacional de “advertencia”, luego que la directiva nacional no logró acuerdo con el gobierno.
Buscan implementar el petitorio de 11 puntos para mejoras laborales, incluida la aplicación de una fórmula de pago de la deuda histórica del Estado con los docentes.
El presidente del Colegio de Profesores del Comunal Coquimbo, Tomás Alvarado, explica las motivaciones que llevan al gremio a convocar a paro. “El gobierno ha hecho caso omiso y le ha dado una nueva bofetada al Colegio de Profesores en forma especial a las bases, al no considerar nuestro petitorio de 11 puntos que busca crear una nueva visión para plantearse delante de la nueva calidad de educación pública, por lo tanto podemos ver que el gobierno está tratando de estropear la importante propuesta del profesorado sobre la cual no quiso ni siquiera analizar alguna por lo que en las últimas negociaciones no se sacó nada, ni siquiera una conclusión. Ahora partimos con dos días de paro y si continúa la actual postura del gobierno no descartamos un pronto paro indefinido”.
¿Cuál es la divergencia que tienen como Colegio en la aplicación de la actual doble evaluación docente?
El gobierno pretende seguir realizado ambas evaluaciones tanto al interior del establecimiento como la que se hace cada cuatro años a los profesores la que es una evaluación muy parcial ya que no es transparente y es una evaluación que concita muchas veces al engaño, la cual tampoco interpreta las reales capacidades de nuestros docentes, con preguntas estandarizadas que se va aplicando un mismo precepto a todos los colegas de Arica a Punta Arenas.
¿En qué consiste la propuesta del gremio para mejorar la referida calificación?
El gobierno solo nos ha entregado supuestos, señalando que se podría estudiar que se podría ver más adelante, pero así no nos da ninguna solución concreta, pero en la evaluación proponemos que sean distintas para el docente de aula y para el docente con cargo directivo, ya que en el aula es donde realmente se ejerce el verdadero rol pedagógico y los directivos tienen la misión de administrar el establecimiento y planificar la aplicación de los planes de estudios, por lo que queremos que se evalúe de forma distinta al colega que hace clases y el colega que ejerce como director por ejemplo.
¿Por qué no ha sido posible llegar a un acuerdo para el pago de la deuda histórica con el profesorado que surgen con el traspaso de la administración de la educación pública los municipios en 1981?
El gobierno reitera que no es una obligación de ellos ya que según su planteamiento del Estado chileno no reconoce esta deuda, de la que tiene un expediente la Organización Internacional del Trabajo a la que el magisterio recurrió junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también está en conocimiento del caso la cual también ha sido reconocida por algunos sectores gubernamentales, incluido el mismo Presidente Sebastián Piñera que dijo anteriormente que iba a tratar de mejorar circunstancialmente el sueldo de los profesores pagando la deuda histórica que fue lo mismo que dijo el Ministro del Interior de su primer mandato Rodrigo Hinzpeter.
¿La misma situación ocurrió en los distintos gobiernos previos al actual?
En el caso de los gobiernos de la otrora Nueva Mayoría el Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre en el 2014 reconoció la deuda con un compromiso de pago que firmó, pero que no cumplió incluso antes en el año 2009 el gobierno también tuvo un compromiso similar, pero ahora vemos que este gobierno nuevamente se está echando atrás en la cancelación de este derecho que reclamos desde 1981.
¿Cuál es el monto del dinero adeudado y la cifra de maestros que podrían ser beneficiados con la cancelación?
Acá hay involucrados entre 50 mil a 55 mil docentes en la actualidad y es una cifra que no se puede calcular, pero son miles de millones pesos, por eso nuestra propuesta actual es llegar a implementar una reparación de la deuda y una vez los parlamentarios hablaron de pagar por lo menos entre $10 millones a $5 millones para cada profesor, pero en el presente, nuestra directiva nacional propone, primero, que se pague hasta $18 millones por docente, aunque lamentablemente solo a quienes estén vivos, porque muchos colegas han muerto y sus familiares no podrían cobrar nada al no ser heredable lo que es algo que impone el gobierno en la entrega de algunas compensaciones, y la otra posibilidad es que el dinero se entregue vía pensión para mejorarla.
¿Qué ocurre con la propuesta de cambiar la aplicación del actual sistema de educación que el Colegio pretende modificar lo que también está incluido en el petitorio?
En eso se requiere un urgente cambio, ya que seguimos con las pruebas Simce y PSU, y lo que nosotros pretendemos es aplicar un proceso de aprendizaje del alumno que tienda a darle valores, para no crear un alumno individualista y demasiado competitivo, porque formar a una persona en torno a valores personales, cívicos y democráticos debería ser el sentido de una verdadera educación pública, por eso queremos hacer desde ya una inflexión en el sistema ya que el actual gobierno quiere mantener una educación competitiva, enfocado solo en los logros de notas del alumnado.
Otras aspiraciones del gremio
En el resto del petitorio está Fin del Agobio Laboral y Fortalecimiento del Sentido Educativo para lo cual piden una norma que sea incluida en la ley de Carrera Docente, que estipule cómo realizar planificación de clases y el resto de horas no lectivas y el término de lo que cataloga como un “exceso de trabajo burocrático y administrativo y la Imposición de tareas y responsabilidades que no corresponden” junto a una mayor protección en casos de agresiones. En Estabilidad laboral, el gremio propone terminar con masiva contratación de docentes a contrata y que se haga respetar el Artículo 25 del Estatuto Docente que señala que la calidad de Contrata se utiliza para tareas transitorias y no permanentes y el Artículo 26, que establece que no más del 20 por ciento de la dotación docente puede ostentar la calidad de contrata.
De la mano del punto anterior está la propuesta para una igualdad de trato a todos los profesionales de la educación, contemplando la cancelación de montos a los docentes que tengan especialización. Además el Colegio solicita la creación de una escuela democrática, profesional y especializada para fortalecer un sistema con capacidades profesionales especializadas que se centren efectivamente en lo pedagógico.
En la carrera directiva, la idea es que los docentes directivos cuenten con una carrera específica de su función y hacer correcciones a la Carrera Profesional Docente y a la. Nueva Educación Pública y su administración con un plan nacional de regularización de las deudas que tiene el sistema con los docentes en materia previsional y salarial.
El Colegio requiere regularizar el proceso de pagos del bono de retiro y los casos no respondidos por erróneos de encasillamientos de la carrera docente, junto a definir un procedimiento para que se pueda rectificar errores en el catastro de docentes afectados por la deuda histórica entre otras consideraciones.