Gremio docente pide salida de directora de Servicio Local Puerto Cordillera

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Tomás Alvarado, presidente territorial del Colegio de Profesores Coquimbo-Andacollo, señala que «nos basamos en algunos fundamentos como son dictámenes de Contraloría, denuncias verbales, actas que hemos tenido con ella y en la cual ha reconocido algunas falencias administrativas y también situaciones de persecuciones y atropellos, agobios laborales, que están sucediendo sistemáticamente en el Servicio Local Puerto Cordillera».

«Después de un análisis crítico, tras una serie de denuncias formales contra la administración del Servicio Local Puerto Cordillera, excesos burocráticos y atentando contra los derechos laborales del magisterio, donde se evidencian altos grados de negligencia, incompetencia e inexperiencia, demostrado durante la gestión de la dirección ejecutiva, que es la rectora de la educación
pública según la ley 21.040», dice el dirigente.

El Colegio de Profesores, territorio Coquimbo y Andacollo, hizo llegar una declaración al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en donde solicitan que la directora ejecutiva del Servicio Local Puerto Cordillera, Ana Victoria Ahumada, salga del cargo que tiene por dos años y medio, entre sus argumentos estarían persecuciones y atropellos, agobios laborales, según da cuenta el timonel del gremio, Tomás Alvarado.

Desde un inicio, las relaciones entre la dirección del Servicio Local Puerto Cordillera y el Colegio de Profesores territorio Coquimbo-Andacollo no ha sido de las mejores ni de las más fluidas, y ahora el gremio está pidiendo la salida de su directora.

Tomás Alvarado, presidente territorial del gremio de profesores, señala que «existe un listado de profesores postulantes al bono de retiro del año 2017, 2018 y 2019, que son cerca de 40 docentes, cuyo listado el Ministerio de Educación lo entregó en todo Chile, menos al Servicio Local, porque ellos no mandaron la nómina de los postulantes, y es algo que reconocen en un acta, y esto indudablemente afecta a los docentes que trabajar en el SLEP».

«Después que salieran las nóminas, tuvimos una audiencia y nos dijo que estos profesores serian reincorporados mediante un mecanismo que hará, no sé cómo, y que sería sobre el 100% de lo que estarían recibiendo los profesores», añade el timonel.

Sostiene que «eso es una falsedad, un error garrafal que no tiene nombre ni estatura, porque ya se llevan 4 o 5 años en este trámite, que para nosotros ha sido nefasto y negligente».

Otra de los elementos que denuncia es la falta del beneficio de sala cuna, «las madres no tienen este beneficio, que es algo legal que deben tener las maestras y, de no estar, el sostenedor tendría que pagarles un bono de por lo menos $350 mil y no se ha hecho desde inicios de año».

«Lo otro es la falta del reglamento respectivo al bono de incentivo profesional docente, que va dirigido sobre todo al sector rural, y en la cual el dictamen de Contraloría que manejamos le da autorización al Servicio Local de redactar frente a esto un documento para que se pueda llevar a cabo, algo que no han pagado y no lo van a hacer porque no tienen plata y deben ponerlo de este año para el próximo, algo que creemos que es un atropello y una burla».

Junto con lo anterior, plantea que «hay una negligencia en el reconocimiento en la titularidad de los docentes, porque hay un alto número de profesores que aun no se les reconoce su titularidad habiendo cumplido todos los requisitos».

«Más faltas y atropellos laborales que resultan en extremo agravante e insoportable, nuestra asamblea acordó solicitar al ministro de Educación la remoción de la directora ejecutiva Ana Victoria Ahumada y su equipo de confianza», señala.

Creemos, dice, que es el momento, por estas faltas de capacidad que ha tenido, de dejar el cargo, y que vean la forma de poner a alguien que realmente esté acorde a lo que debe converger en la nueva educación pública, ya que el clima docente no es el mejor, en consecuencia, los que pierden son los niños y sus aprendizajes.

El cargo es de Alta Dirección Pública, lleva dos años y medio de un total de seis, pudiendo extenderse por otro periodo más, hasta los 12 años, «aguantar todo ese tiempo a una persona que no tiene las competencias para dirigir ni tener a cargo la educación pública en Coquimbo, creo que es una aberración, y por eso estamos pidiendo esta remoción».

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