De acuerdo a los datos que maneja la Defensoría Penal Pública, también incrementó, en comparación con el año pasado, el porcentaje de los adolescentes, «aunque este es muy marginal» respecto a otros adultos que son los que mayormente cometen los delitos, y que además son nacionales.
Por René Martínez Rojas
Una persona fue baleada en la Avenida Costanera de Coquimbo la madrugada el 18 de febrero. Ha sido el último hecho de sangre que se ha registrado en la región. ¿Un incremento del delito? Podría ser. Sin embargo, y pese al aumento en el ingreso de personas imputadas al sistema judicial, no todas son culpables.
Aunque para la Defensoría Penal Pública claro que en la región ha existido «un aumento, pues en 2023 tuvimos 11.959 personas imputadas y en 2024 12.999, o sea, 1.040 personas investigadas…», cuenta Inés Rojas, defensora regional.
De igual manera asegura que en 2024 hubo un incremento en el número de jóvenes adolescentes imputados. Esto, porque en 2023 hubo 470 y el año pasado 565, «y aunque da la impresión de que hay muchos jóvenes que ingresan al sistema penal, la verdad que es muy marginal respecto a otros adultos que son los que mayormente cometen los delitos, y además chilenos».
Sí, pues reconoce que, si se revisa la cantidad de imputados extranjeros, en 2023 hubo 804 y 833 el año pasado, «o sea que tampoco hubo un aumento tan exponencial como pareciera ser la percepción que tiene la comunidad».
Cree que el número de imputados no dice relación exacta con los delitos, «porque a veces hay un delito y 5 imputados en la causa».
Aclara respecto a la percepción que existe en la comunidad, porque si bien han existido crímenes bien terribles, «si nosotros vemos cuáles son los delitos que más se investigan, volvemos a los de siempre: amenazas, lesiones y delitos relacionados con la ley del tránsito, manejo en estado de ebriedad, y los homicidios están más abajo. Causan sensación de inseguridad y lo entendemos, pero los delitos que a nosotros más nos ocupan como Defensoría Penal Pública son estos relacionados con violencia intrafamiliar y con las personas que lamentablemente no entienden que no deben manejar en esta ebriedad».
En Ovalle
La Defensoría Penal Pública ha trabajado en diversos ámbitos para superar las desigualdades históricas y estructurales que afectan el acceso a la justicia desde la perspectiva de género.
En ese sentido, detalla Rojas que como desafío esperan incrementar la defensa especializada de mujeres justamente «porque uno de nuestros focos es lograr una distinción entre la defensa que se realiza respecto a los hombres y la que se realiza en torno a las mujeres».
«Normalmente las mujeres que están sometidas al proceso penal son madres, entonces el impacto que -por ejemplo- una privación de libertad va a causar no solo a la mujer, sino que a la familia y especialmente a los hijos, nos lleva a tener que brindar una defensa distinta con enfoque de género, donde se tomen en cuenta por parte del tribunal, antes de decretar las medidas cautelares, las circunstancias familiares de la mujer: si tiene con quien dejar a sus hijos, si tiene hijos menores de edad o lactante, porque todo ello tiene que ser ponderado por el juez para que en definitiva la medida cautelar o la pena que finalmente se le imponga, sea una que permita que la mujer siga a cargo del cuidado de sus hijos».
Si se realiza un análisis, las mujeres que están privadas de libertad en general no son visitadas por nadie, si no es por su madre o hermana, «así que es un fenómeno que es muy importante visualizar y por ello queremos darle un impulso a la manera en cómo se defienden a las mujeres».
En la comuna de Ovalle existe un proyecto piloto que la Defensoría instauró en 2024, en que un defensor está destinado exclusivamente a su atención.
«Todas las mujeres que ingresan al sistema procesal penal en Ovalle son atendidas por este defensor, que tiene la experiencia, los conocimientos y se ha capacitado en la forma diferenciada de defender a las mujeres y nos ha traído bastante buenos resultados, porque consideramos que, en el caso de condenas, estas han sido más justas, se han tomado en cuenta circunstancias familiares y personales y en muchos casos hemos logrado que se le otorguen penas sustitutivas distintas a la privación de libertad».
