De los 13 presos que tuvieron el perdón del Presidente Boric, uno estuvo detenido casi tres años en la cárcel de La Serena. Desde gendarmería admiten que, si bien tenía buena conducta de acuerdo a la evaluación bimestral, «es una persona de alto compromiso delictual para el sistema penitenciario».
Luis Castillo estuvo más de tres años tras las rejas y fue uno de los 13 indultados (12 en el contexto del estallido social, más el exfrentista Jorge Mateluna) por el Presidente Gabriel Boric.
Fue detenido en Copiapó en 2019 y trasladado primero a Illapel y luego a La Serena, a la cárcel de Huachalalume, donde era considerado por su reincidencia delictual que presenta en los registros de gendarmería, «una persona de alto compromiso delictual para el sistema penitenciario», cuenta Eleodoro Osorio, vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de la provincia de Elqui.
El mismo Castillo, en la ciudad de Copiapó, ya en libertad, brindó unas declaraciones que generaron polémica en el mundo político.
«Donde exista miseria va a haber rebelión; donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos; los insurrectos damos la vida por la causa», dijo junto al concejal PC de la comuna, Wilson Chinga.
Declaraciones que a Osorio no le extrañan, «pues presenta un alto índice por sus antecedentes criminales y por haber pertenecido –lo ha señalado públicamente- al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, entonces dentro de la población penal fue un interno que tiene voz y llama a la rebelión, por tanto».
De hecho, reconoce que «es un tipo no muy sumiso en cuanto a los reglamentos y normativas al sistema carcelario; es un tipo que tiene conocimiento, que lee un poco más que el resto del preso común».
Cabe recordar que Castillo Opazo, de 37 años, fue condenado a 4 años de presidio menor en su grado máximo por los delitos de desórdenes y robo en lugar no habitado en noviembre de 2019. Mantuvo una huelga de hambre durante su estadía en la cárcel como medida de presión para obtener la libertad.
«No me extrañan sus declaraciones, pues de hecho es su opinión propia por su tendencia política. Nosotros lo vemos como un condenado que estaba cumpliendo una pena de cuatro años, pero el postuló al indulto en marzo del año 2022, y al momento que le presentan el indulto, tenía una muy buena conducta porque fue evaluado de manera bimestral, es decir cada dos meses. Llegó por desórdenes en la vía pública, primero en calidad de imputado en prisión preventiva, y posteriormente como condenado».
Todos tienen
derecho
Sin embargo, y como aclara Osorio, «no existe ningún impedimento ni nada que pudiese haber dicho que no podía ser acreedor del indulto, ya que está dentro de las normas, leyes y reglamento, así que no hay nada que reprochar, sino más bien las causas por las que fue condenado, situaciones originadas a raíz del estallido social».
A juicio del dirigente, toda persona tiene derecho a presentar un indulto, «y nosotros como gendarmería tenemos atribuciones y facultades propias, pero no podemos hacer caso omiso a una cuestión que está normada».
Agrega que el indulto está compuesto «por una normativa e informes que son emitidos precisamente por profesionales de gendarmería, luego se realiza un consejo técnico para crear el expediente que es presentado finalmente al Ministerio de Justicia, y ahí van las opiniones de los profesionales, las cuales pueden ser positivas o negativas. Dentro del expediente figuran los informes psicológicos, sociales y de conducta, y al realizar el consejo técnico, en que cada profesional entregar su opinión en cuando a su área, finalmente es el presidente del tribunal de conducta, que en este caso es el alcaide, quien decidirá sí concederá o no un indulto, aunque generalmente son observados por un tema de salud…».
