Mientras la causa principal se prepara para la presentación de peritajes, la corporación sostiene que las pruebas expuestas durante las últimas semanas han reforzado la tesis acusatoria y recuerda que aún existen otras líneas investigativas en desarrollo.
Por: Valentina Echeverría O.
Las declaraciones de funcionarios de la Policía de Investigaciones, Contraloría y de quienes participaron en las indagatorias internas han marcado la segunda semana del juicio oral por el presunto fraude al interior de la Corporación Gabriel González Videla en el Departamento de Salud.
Mientras la causa se concentra actualmente en delitos vinculados a boletas ideológicamente falsas y presunto lavado de activos, desde la corporación sostienen que los antecedentes expuestos en audiencia han permitido reforzar la tesis de la acusación y anticipan que aún existen otras investigaciones paralelas en desarrollo.
Gonzalo Pinochet, querellante de la corporación, señaló que los testimonios escuchados hasta ahora no han revelado hechos nuevos, sino que «lo que han hecho es sustentar fehacientemente la teoría del Ministerio Público y de nosotros, persecutores en calidad de querellantes, respecto del origen público y fiscal de los fondos defraudados».
En ese contexto, destacó las declaraciones expuestas durante la semana de Ludy Corvalán, quien encabezó la investigación interna de la corporación; de la comisaría de la Brigada de Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), Marcela Gómez; y de Melissa Salas, supervisora de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Coquimbo. Fueron clave para respaldar la tesis de que los recursos involucrados corresponden a recursos públicos.
«Se han probado elementos que permiten afirmar que hubo fraude al fisco y no una simple estafa como en la teoría de la defensa y, por otro lado, también se ha dado cuenta de un lavado de activos».
Declaraciones
clave
Respecto de las exposiciones de la Policía de Investigaciones y Contraloría, Pinochet afirmó que ambas instituciones han aportado antecedentes fundamentales para sustentar la acusación.
En el caso de Contraloría, la auditoría realizada por el organismo detectó pagos observados por más de $761 millones asociados a 19 prestadores cuyos servicios no pudieron ser acreditados por la corporación durante los años 2020 y 2021. Asimismo, la fiscalización permitió identificar una serie de inconsistencias administrativas, entre ellas la ausencia de contratos, órdenes de trabajo e informes de actividades en diversos casos revisados.
Respecto de la investigación policial, destacó que la Bridec logró reconstruir el recorrido administrativo de las boletas de honorarios y establecer los movimientos de dinero asociados a las personas investigadas, antecedentes que posteriormente dieron origen a diversas diligencias y peritajes.
Otras investigaciones continúan abiertas
Uno de los aspectos que ha surgido durante el juicio dice relación con la existencia de eventuales irregularidades anteriores al período actualmente investigado. Sobre ello, Pinochet reconoció que «evidentemente hay irregularidades que son previas al 2020, pero eso aún se está investigando y por eso el Ministerio Público separa las investigaciones», señaló.
En esa línea, explicó que actualmente existen otras aristas derivadas de los antecedentes detectados durante las indagatorias, entre ellas una investigación relacionada con facturas presuntamente adulteradas y otra vinculada a lavado de activos.
A ello se suman acciones judiciales presentadas por la propia corporación por eventual administración desleal contra ex secretarios generales y ex integrantes del equipo directivo, además de querellas relacionadas con proveedores que habrían participado en maniobras para perjudicar patrimonialmente a la entidad.
«Un delito de fraude al fisco como el del caso de Nicol Cadena no ocurre de la noche a la mañana y vamos a investigar hasta las últimas consecuencias», afirmó.
Lo que viene
Tras el receso de jueves y viernes, el juicio se reanudará este lunes con la presentación de informes periciales por parte del Ministerio Público.
Según adelantó el querellante, las próximas jornadas estarán centradas en la exposición de peritos y en la incorporación de registros audiovisuales y otros antecedentes documentales, antes de dar paso a la prueba que presentarán las defensas.
