«La gente no habla por temor, otros callan por conveniencia», afirma el denunciante por presuntas anomalías por $ 600 millones al interior de la JVRE

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Bruno Zandonai, agricultor por más de 40 años y miembro del directorio de la principal organización de riego en la región, apunta no solo a eventuales irregularidades de negociación incompatible con recursos de la institución, sino también a la DGA, que desestimó en 2019 iniciar una investigación cuando fue requerida.

Bruno Zandonai, agricultor la mayor parte de su vida, es también presidente de la Asociación de Canalistas del Canal Bellavista y miembro del directorio de la Junta de Vigilancia del Río Elqui (JVRE). Es además el protagonista de una singular historia que afecta a una de las organizaciones de riego más importante de la región de Coquimbo y sindicada por los conocedores como «ejemplo» a replicar. Pero hoy está en entredicho.
Ello, luego que la Dirección General de Aguas (DGA) en la zona decidiera abrir un expediente administrativo para comenzar una investigación contra la Junta de Vigilancia del Río Elqui, por eventuales irregularidades en una negociación incompatible por $600 millones en mercados de valores especulativos. Todo sin permiso de los demás miembros de la instancia.

Las presuntas anomalías ocurrieron en 2018 y las acusaciones apuntan a Pelayo Alonso, mandamás de la organización que administra los tranques Puclaro y La Laguna, hechos que fueron descubiertos gracias a la intervención de la Comisión Revisora de Cuenta de la JVRE, al concluir que los dineros fueran a parar a inversiones y operaciones en una sociedad llamada Cronos.

El mecanismo empleado habría sido a través de contratos celebrados con la empresa inversiones BEFX SpA y Cronos SpA, esta última tiene como beneficiarios a la Sociedad de Rentas e Inversiones Patagual SpA, cuyo representante, presuntamente, es Pelayo Alonso. Otros puntos irregulares serían contravenir los estatutos de la Junta de Vigilancia; inexistencia de una auditoría forense independiente que lograra establecer si dichos actos significaron beneficios para la organización y desconocimiento de las razones técnicas por las cuáles se decidió contratar a las sociedades antes mencionadas.

«Pelayo Alonso es el representante de la Junta de Vigilancia, y si hay problemas de aguas o administrativos, es el apoderado», comenta a Diario La Región.

Pero Zandonai fue más allá, ya que tuvo que lidiar contra la propia Dirección General de Aguas, institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que en un comienzo se negó a investigar. Así, a mediados de este año, la División Legal de la DGA, en Santiago, revirtió esa disposición y acogió un recurso de reconsideración solicitada por unos denunciantes. «Hace dos años se hizo una denuncia en las facultades de derecho administrativo que tengo. No puedo estar de acuerdo cuando se hace uso de algo que no está aprobado por la asamblea», dice.

Asegura que existen otras organizaciones de canalistas que están de acuerdo con la denuncia, pero también están usuarios que «por miedo no dicen nada». «Alguien tiene que ponerle el pecho a las balas, porque si hay una revisión, como la que pretende realizar la DGA, hay que hacerse responsables con cualquier cosa que se encuentre», agrega.

El canal Bellavista es el más grande del Valle de Elqui, con cerca de sesenta kilómetros de extensión. En ese sentido, acusa que si bien es parte del directorio de la JVRE, lo que le permite acceder a documentación, también existe información que solo maneja el presidente del organismo, situación que imposibilita investigar con mayor profundidad.
«La gente no habla por temor, y callan por conveniencia. Hice la denuncia y la pelota la dejé en el área de la DGA, no es un tema mío, no soy juez. Estuve en la obligación de hacer la denuncia, porque ante cualquier irregularidad hay que denunciarla», asevera, quizá molesto, puesto que dicha afectación no solo alcanzaría a la propia organización de riego, sino que a sus miembros, al ser parte de la institución.

«No sé por qué
no se investigó»

Agricultor de Pan de Azúcar, Zandonai llegó al Directorio de la JVRE con más de 10 años de trayectoria como dirigente de Marco del Canal Bellavista, presidente APR Santa Inés y tesorero del grupo organizado Colonia San Ramon. Al asumir, la Junta de Vigilancia del Río Elqui calificó que su llegada sería «un aporte al plantear las necesidades y preocupaciones de los agricultores de ese importante sector del Valle de Elqui».

Por ello, uno de los aspectos que generó mayor satisfacción fue que la DGA revirtiera la decisión de no querer iniciar la indagatoria en 2019. En agosto de ese año, el entonces director regional de la DGA, Carlos Galleguillos, al recepcionar la acusación solo dio un plazo de 10 días para que Alonso hiciera sus descargos. 20 días después las acusaciones fueron desestimadas, ya que «carecía de los requisitos mínimos», y que el informe de la Comisión Revisora no da cuenta de abuso o falta grave.

En octubre del 2019, la Unidad de Fiscalización de la DGA de la región declaró no admisible la solicitud de fiscalización.

«Hice la denuncia y cualquier información está en la DGA. Ellos tienen la obligación, por transparencia, de aclarar todo lo más pronto posible y que se demuestre que está todo bien. Lamentablemente antes había otro director que sabía toda la historia, pero no sé por qué no se investigó», sentencia.

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