A mediados de enero se dio a conocer una noticia que involucra a 772 familias de Coquimbo, quienes integran el comité de vivienda Los Pescadores S-16, las que habrían sido estafadas por más de $ 180 millones. En su momento el municipio porteño se hizo parte con una querella, pero a la fecha no se han visto avances en la investigación.
Los integrantes del comité de vivienda Los Pescadores S-16 de Coquimbo llevan más de cinco años a la espera del sueño de la casa propia, sueño que se vio truncado luego que descubrieran una serie de irregularidades al interior, hechos que se conocieron a principios de año.
Katherine La Rosa, quien integra la mesa de diálogo provisorio que se armó después que se supiera la posible estafa en el comité de vivienda, comenta que «la presienta y la tesorera están en un proceso judicial y estamos trabajando con el fiscal regional, Adrián Vega, quien ha sido parte fundamental en lo que es la investigación en este caso, porque hasta el momento tenemos 772 familias».
«Somos la estafa más grande de Chile, después de nosotros se conocieron dos comités más, uno de 200 personas y otro de 100, entonces ya llegamos a las mil familias estafadas en la región… entonces armar comités de vivienda se ha convertido en una mafia en donde se les da la ilusión a la gente que existe la posibilidad de acceder a una vivienda», agrega.
La dirigente sostiene que «lo que estamos buscando es no quedar a la cola de otros 32 comités, porque ya llevamos más de 5 años y queremos que se respete eso, porque fuimos estafados no por tontos sino que por la falta de leyes… Porque se permite que cualquier estafador pueda armar un comité de vivienda y nadie los fiscaliza.
ecesitamos que las autoridades se junten para ver las problemáticas que hay en la región, porque lamentablemente las casas las dejaron en manos de constructoras», añade.
Relata que como respuesta le dieron la posibilidad de crear un nuevo comité, «pero no queremos quedar a la espera de los 32 que ya existen… porque llevamos 5 años con su inscripción jurídica, sino que quedaríamos para 10 o 15 años más, cuando nuestros hijos estén grandes y no podamos postular porque ya crecieron y no pertenezcan al núcleo familiar. Hacemos esto porque las entidades políticas se tienen que hacer cargo de esta situación, no podemos quedar a ciegas ni a escondidas de la realidad que existe, como el hacinamiento, los bajos sueldos, que todas las personas viven con familiares», añade.
Por su parte, Margarita Ocaranza, también integrante del comité, explica que «somos 772 familias estafadas y queremos que se aplique la ley de estafa, porque el proceso es muy lento, cualquiera puede estafar y queremos una condena máxima para ellos. De Fiscalía tenemos harto apoyo, desde el municipio, Dideco la única solución que nos dio fue a ayudarnos a formar una personalidad jurídica nueva y volver a armar un comité, pero a la cola de los 32 que ya existen», señala.
