Para el mundo político de la zona, el tema de la sema-
na fue el informe de Contraloría que establece irregula-
ridades en la compra de 6 hectáreas de terreno por par-
te del Gobierno Regional (Intendenta) por valor de 6.200 millones de pesos, para la construcción del nuevo hospital de Coquimbo.
La Contraloría objeta, principalmente, que se hizo todo el trámite, incluso hasta pagar el terreno a la familia Prohens Villalón e inscribirlo en el Conservador, y recién entonces se
enviaron los antecedentes para la toma de razón.
Además, Contraloría cuestiona la compra en trato directo y rechaza un informe -que se supone debería ser técnico- que justifique por qué no es importante que en ese terreno para un hospital exista un tendido de cableado de alta tensión eléctrica.
Del tema han hablado varias personalidades. La Intendenta Lucía Pinto anunció que se trabaja en la aclaración y asegura que el proyecto hospital no corre peligro.
Consejeros, por su parte, aclararon a ella y a parlamentarios que afirman que este proyecto fue «consultado y aprobado en el CORE». Lo que el Consejo aprueba son solo los montos y no el proyecto, se dijo.
LA PRESIDENTA
En entrevista con LA REGIÓN, la presidenta del organismo, Adriana Peñafiel, se refiere a los agitados días vividos y aclara que la función del CORE llega hasta aprobar los montos, y que escapa de sus atribuciones las características o la ubicación que pueda tener el sitio para el recinto de salud.
Por estos días se mantiene como la candidata a gobernadora regional por RN y espera que para el plebiscito pueda ir a votar la mayor cantidad de gente, pero Adriana Peñafiel, pre-
sidenta del Consejo Regional, comenta que su opción la mantiene en reserva.
La presidenta del cuerpo colegiado aborda la agitada semana que tuvieron que enfrentar luego que varios informes de Contraloría salieran a la luz pública, «hay una confusión gran-
de… son distintos todos los casos, y en primer lugar el gobierno regional está formado por el ejecutivo, que es la intendenta, que representa por un lado al Presidente de la República, y también forma parte el Consejo Regional, electo por la ciudadanía».
«El gobierno regional somos estas dos instancias, y nuestro papel es aprobar o rechazar las prioridades de inversión que nos envía el ejecutivo, que en este caso es la intendenta, y la administración de todo lo que tiene relación con los recursos, tanto humanos como financieros del gobierno regional, está en manos del ejecutivo, nosotros no tenemos funciones administrativas», señala.
Respecto al terreno del nuevo hospital de Coquimbo, Peñafiel enfatiza en que «lo que nosotros hicimos fue aprobar el monto en su tiempo y ahí termina nuestra función, todo lo
que viene después es materia de la administración, que es del ejecutivo del gobierno regional, por lo tanto nosotros no recibimos la auditoría de la Contraloría, porque no está dentro de nuestras competencias».
CÓMO LLEGA INFORME DE CONTRALORÍA AL CORE
«Como supimos esto, y creo que también es bien importante, porque un consejero de oposición, Javier Vega (PC), en la comisión entregó el informe de la Contraloría que iba dirigido a la intendenta, entonces mi respuesta fue que nosotros no teníamos información oficial o no habíamos sido notificados, porque no tenemos ninguna injerencia en ese tema», comenta.
Y puntualiza en que «lo que hicimos nosotros, porque esto había llegado de manera no oficiosa, salió en la prensa, fue tomar un acuerdo de solicitar al ejecutivo que nos informa-
ra respecto del terreno y del diseño del nuevo hospital de Coquimbo».
«Eso es lo que hicimos, y que deberá dar respuesta el gobierno», acota.
Entre quienes hablaron también del tema hubo parlamentarios UDI, que le pusieron una mirada política, haciendo ver que la esposa del Contralor….
En esta edición el concejal de Coquimbo Mario Burlé, también UDI, sigue con esa mirada cuestionadora, aunque aporta un ejemplo para justificar su crítica a Contraloría.
OTRO INFORME DE
CONTRALORÍA
Consultada por el otro informe, en donde se señalaba que el consejero Hanna Jarufe había participado como proveedor en los mismos proyectos que había aprobado, Peñafiel comen-
ta que, «en este caso esta fiscalización parte el año 2018, cuando nosotros asumimos como consejeros nuevos, porque cuando llegamos ya estaban las bases aprobadas por el CORE anterior de esos fondos concursables, por lo tanto teníamos que asumir las asignaciones de las iniciativas que se habían presentado y los elegibles».
«Cuando estábamos examinando en conjunto con el Consejo estos proyectos elegibles, el consejero Cristian Carriel advirtió que en uno de los fondos había un solo ejecutor que
prácticamente se estaría asignando casi el 90% disponible y dijimos que eso no podía ser…», agrega.
Posteriormente decidieron crear una comisión investigadora y enviaron los antecedentes a Contraloría, «en ese caso, el informe que emanaron lo derivan al ejecutivo, a mi como presidenta del Consejo y además informa que remitió un ejemplar a la Fiscalía», concluye.
