La renuncia de Pinto se da en medio fuertes cuestionamientos en donde es investigada por el presunto delito de fraude al fisco por la compra del terreno para para el centro deportivo San Ramón $9.800 millones, hecho por trato directo. Como subrogante quedará Gonzalo Chacón, gobernador de la provincia de Elqui.
A fines de febrero del 2018, se había anunciado que Lucía Pinto (UDI), quien en ese momento se desempeñaba como concejala por la comuna de La Serena sería nombrada la nueva intendenta de la región de Coquimbo, cargo que empezó a ocupar el 12 de marzo de ese año, junto a los gobernadores provinciales Daniela Norambuena por Elqui, Darío Molina en Limarí y Rodolfo Zúñiga en Choapa.
En sus primeros meses de mandato empezó a dar luces de lo que sería su gestión enfocado en fortalecer la seguridad pública, generar oportunidades de integración a los adultos mayores, recuperar más espacios públicos y mejorar el acceso a la salud, fecha en donde se empieza a concretar las iniciativas de los nuevos hospitales de La Serena y Coquimbo, que, a la larga, repercutirían en su salida.
En su gestión le tocó lidiar con la mega sequía que se vive en la zona, el terremoto del 2019, el eclipse total de Sol y ya para finales del año pasado con el estallido social, fenómeno por el cual, pese que a que ya tenía premeditada su salida para postular al cargo de gobernador regional, decidió continuar por la situación que se vivía en aquel entonces tanto en el país como en la región.
Otro de los hitos que le tocó lidiar fue con la pandemia del Coronavirus, en donde ella misma resultó contagiada, aunque siempre estuvo bien de salud. E incluso, a nivel personal, debió enfrentar un cáncer y el proceso de quimioterapias hasta que logró superar la enfermedad.
Cuatro informes y más de 20 mil millones en la mira de la Contraloría
A mediados de este año empezaron a salir a luz pública una serie de informes emitidos por la Contraloría en donde evidenciaban ciertos procesos que no se apegaban a la ley, como irregularidades en adjudicación de proyectos del CORE, así como también un instructivo que no fue aprobado por el cuerpo colegiado, solo presentado, y en donde los antecedentes fueron remitidos al ente fiscalizador.
Respecto al instructivo, en concreto, los montos corresponden a $299 millones al fondo de cultura, $79 millones al fondo de deporte, $2.320.000 al fondo social y rehabilitación de drogas, y más de 3.500 millones por el fondo social de carácter regional, cifra total que bordea los 4 mil millones de pesos.
Pero, los dos más bullados y que mayor repercusión causaron, fueron los informes que tienen relación con la compra de los terrenos para los nuevos hospitales de Coquimbo y La Serena.
En el primer lugar, el nuevo hospital de Coquimbo, que se emplazará en La Cantera, fue objetada la compra del terreno por parte de la Contraloría, dejando sin efecto la transacción ya que desde la entidad aseguraban que «no ha dado curso a la resolución del rubro, que ratifica la autorización para la adquisición por trato directo del terreno contemplado en el proyecto denominado ‘Normalización Hospital San Pablo de Coquimbo, Parte II’ y ratifica la aprobación del contrato de compraventa suscrito, entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la familia Prohens Villalón y otros, por cuanto no aparecen subsanadas la totalidad de las observaciones que fueron formuladas».
Del contrato de compraventa entre el Gobierno Regional y la familia Prohens, se desprende que el valor total del terreno de 6 hectáreas corresponde a $6.204.574.755.- pesos, montos que ya habrían sido desembolsados, sin tener la toma de razón de Contraloría.
«Papaya Gate»
Fue el pasado jueves cuando se dio a conocer un reportaje en donde da cuenta que el Gobierno Regional de Coquimbo había decidido comprar un lote de terrenos a un grupo de inmobiliarias que buscaba venderlos en 9.800 millones de pesos.
La autoridad aprobó cuatro contratos para lograrlo, pero uno a uno fueron rechazados por la Contraloría, porque no se apegaban a la legalidad. Sin embargo, a principios de julio pasado y a escondidas, la Intendencia inscribió en una notaría de La Serena un nuevo contrato sin que pasara por la «toma de razón», trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados son así de elevados.
Este hecho motivó a que se iniciara un sumario administrativo y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designó a la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que indague el delito de fraude al fisco, cuyos antecedentes deberán ser derivados al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe una querella.
Y fue por esta seguidilla de irregularidades que la otrora intendenta Lucía Pinto fue citada a una reunión en Santiago, con el ministro del Interior, Víctor Pérez, para rendir cuentas y posteriormente presentar su renuncia.
La renuncia
Lo que era un secreto a voces, fue confirmado durante este sábado a través de una escueta declaración pública de la intendenta Lucía Pinto.
«En vista de los hechos acontecidos durante las últimas semanas, he presentado mi renuncia indeclinable al cargo de Intendenta de la Región de Coquimbo al Presidente de la República, Sebastián Piñera» señala.
Y agrega que «por el profundo amor que tengo a mi región, a la que he servido siempre con dedicación, compromiso y lealtad, he tomado esta decisión, pues ella me permitirá dedicarme por completo a mi defensa. No quisiera que la región de Coquimbo y el gobierno al que he servido pudieran verse afectados de ninguna manera».
«Agradezco especialmente al Presidente Sebastián Piñera por su permanente apoyo y confianza, pero muy especialmente por el afectuoso respaldo que me ha brindado en estos momentos, así como a todas las personas que me han entregado innumerables muestras de confianza y cariño, ellas son el mayor aliciente para demostrar que en todo momento he actuado persiguiendo exclusivamente el bienestar de mi región» concluye.
Posibles sucesores
Junto con los rumores de la renuncia de la intendenta Lucía Pinto, empezaron a sonar posibles sucesores entre los que destaca el actual seremi de Gobierno, Ignacio Pinto, Iván Espinoza, gobernador del Limarí. Además, suena como opción el ex subdere César Gómez y el consejero regional Marco Antonio Sulantay.
Desde el mundo académico, suenan como posibles nueva autoridades el director de IP Chile, Rodrigo Rivera, y el ex administrador regional y actual director de magister de la UCN, Cristian Morales.
Pero por lo pronto, Gonzalo Chacón, gobernador de Elqui, será el intendente subrogante a la espera que se confirme al titular.
Reacciones del mundo político Matías Walker: «Era algo inevitable»
Uno de los primeros en reaccionar fue el parlamentario DC, Matías Walker, quien señala que «la renuncia de la intendenta Lucía Pinto era algo inevitable después de toda la controversia que se ha generado por la compra de estos terrenos en San Ramón por más de 9 mil millones de pesos, y desde el momento en que el Ministerio Público inicia una investigación por fraude al fisco, la decisión acertada era que diera un paso al costado».
«Ahora, lo importante es que investigue todo, que confiemos en las instituciones, en el trabajo que hizo la Contraloría General de la República en su rol de hacer control de calidad de los actos públicos, el trato directo siempre sobre ciertos montos y cuando no es una situación de emergencia, requiere el trámite de toma de razón» agrega.
Juan Manuel Fuenzalida: «Podrían haber existido errores, pero cuando se trata de un proceso penal es necesario defenderse»
Por su parte, el diputado UDI, Juan Manuel Fuenzalida, sostiene que «creo que es de toda lógica que Lucia Pinto haya presentado su renuncia por toda la situación que se produce, en que debe asumir su defensa. Además, debe presentar todos los antecedentes que la exculpen de esta situación. Sin duda, que podrían haber existido errores y negligencias, pero cuando se trata de un proceso penal es necesario defenderse, ante lo cual tomó una buena decisión. Ahora, el desafío es continuar con todos los proyectos que se iniciaron en su mandato para darle continuidad a esta región que hoy más que nunca necesita de inversión, de más empleo y de mejorar la salud, que eran las tareas que estaba realizando la intendenta.»
Daniel Núñez: «Voy a impulsa una comisión investigadora»
«Nos enteremos de la renuncia de la intendenta Lucía Pinto, que era algo evidente que iba a suceder, dado que la contundencia de los antecedentes que se han entregado respecto a las irregularidades que se cometieron por la compra del terreno de San Ramón son contundentes, tanto así que la propia justicia ha iniciado una investigación a través del Ministerio Público» señala Daniel Núñez (PC) al respecto.
Y agrega que «voy a impulsar una comisión investigadora que busca dilucidar las resonsabilidades políticas que hay en esta compra irregular y multimillonaria, porque es evidente que acá no solo está involucrada la intendenta, sino que también directivos del Gobierno Regional, que avalaron esta decisión irregular y es fundamental que se conozca la verdad».
Decisión de comprar terrenos se tomó
con consulta previa al equipo jurídico
Estas algunas de las respuestas que entregó la autoridad Lucía Pinto a las preguntas formuladas por la unidad de investigación de Radio Bio Bío:
– «Como la entidad formuladora del proyecto fue la municipalidad de La Serena, la encargada en primer lugar de estudiar y analizar la zona urbana de la comuna en donde existiera déficit de recintos deportivos para satisfacer las necesidades de la comunidad, Y en segundo lugar, de seleccionar el terreno en la zona urbana de influencia elegida que contará con las mejores condiciones para la construcción del nuevo recinto multideportivo.
– «La municipalidad calificó como el terreno más conveniente el compuesto por 6 lotes, Nºs 15, 16, 17, 79, 80 y G1, este último producto de la subdivisión del lote g, emplazados en camino a San Ramón S/N, entre la avenida 4 Esquinas y la ruta 41 CH El milagro, en la comuna de La Serena, con una superficie total de 61.875 m2, por la suma de M$ 9.956.269 (a razón de 5,8UF el m2) y que se encuentra ubicado en la zona ZEX-23, de uso Residencial y equipamiento que permite albergar un recinto deportivo como el que pretende Construir la referida municipalidad. Luego, dicha entidad edilicia solicitó financiamiento al gobierno Regional de Coquimbo (GORE) obteniendo un resultado favorable (RS) del Ministerio de Desarrollo Social para la iniciativa de inversión denominada “construcción centro deportivo San Ramón, comuna de La Serena, Código BIP 400 012194-0 , Etapa Diseño”, formulada por la municipalidad de La Serena, contemplando la adquisición del terreno propuesto por la suma respectiva. A continuación, el GORE procedió a suscribir el contrato de compraventa con fecha 9 de octubre de 2019».
– «El acto administrativo que dispuso el trato directo y aprobó el contrato de compraventa ha sido representado en cuatro (4) oportunidades por la contraloría Regional de Coquimbo, principalmente objetando el trato directo, y el precio acordado, aún cuando en cada representación se agregan nuevas observaciones o bien se eliminan otras».
– «Se ha iniciado un sumario administrativo en septiembre de 2020 incoado por la referida contraloría regional».
– «La adquisición del inmueble de parte del GORE no cuenta con toma de razón».
– «Se ha postergado la necesaria transferencia del inmueble a la municipalidad de La Serena a fin de construir el nuevo recinto deportivo para la zona de influencia antes referida».
– «Se ha realizado un nuevo estudio de los antecedentes y de la jurisprudencia administrativa que concluye en la absoluta objetividad, transparencia y justificación del trato directo invocado en la especie (junto con los fundamentos técnicos y económicos evaluados por la autoridad edilicia y de los profesionales de ese organismo)».
– «El trato directo y el precio se encuentra avalado por las especiales condiciones de venta que existían en el sector en que la municipalidad requería la construcción del nuevo recinto deportivo y por el análisis que ella misma efectuó de a lo menos otros dos terrenos similares en venta a esa data (año 2019)».
– «El precio acordado fue significativamente inferior al de otros dos predios de similares características y superficies emplazadas en el sector en análisis, y que fueron analizadas por la municipalidad (5,8 UF, en comparación a dos terrenos con un precio de 8 UF el metro cuadrado), por lo que a juicio de esta intendencia, y contrariamente a lo señalado por la contraloría Regional de Coquimbo, no ha existido un detrimento al patrimonio estatal».
– «Como se desprende de lo dicho anteriormente, este proceso ha sido absolutamente transparente, en el que participaron diversos servicios públicos, con informes, estudios, y una serie de antecedentes que avalan la legalidad y transparencia de todo este proceso».
– «Es importante remarcar que las decisiones que fueron representadas por la contraloría fueron tomadas por el gobierno regional y el consejo regional sin consulta al gobierno central, en el marco de la autonomía que para estos efectos la ley establece».
– «No se ha tomado ninguna determinación sin la revisión y el respaldo del equipo jurídico del gobierno regional. En este caso en concreto se me informó que el proceso estaba en orden y apegado a derecho, sustentado en dictámenes de contraloría».
– «Con todo si bien la contraloría tiene el deber de poner en antecedente al ministerio público de cualquier situación que a su juicio debe ser investigada, tengo la absoluta certeza que en este proceso de compra se acreditará que no hubo ningún tipo de irregularidad».
