El analista político sostiene que el Gobierno de José Antonio Kast enfrenta el desafío de relanzar su administración tras una instalación compleja. Advierte que la aprobación de la megarreforma en el Senado no está asegurada y que la estrategia de responsabilizar a la administración anterior comienza a perder efecto ante la opinión pública.
Por Joaquín López Barraza
A casi tres meses de asumir, el gobierno de José Antonio Kast enfrenta uno de sus primeros desafíos políticos: demostrar que puede resolver problemas sin seguir mirando hacia atrás.
Para el analista político y decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, comienza a evidenciarse un desgaste en el llamado «apoyo blando» —aquellos votantes que respaldaron a Kast sin identificarse necesariamente con la derecha ni con el Partido Republicano—, fenómeno que obliga al Ejecutivo a entrar en una nueva etapa.
En conversación con Diario La Región, sostiene que la primera Cuenta Pública será utilizada para relanzar el gobierno, advierte que la aprobación de la megarreforma en el Senado sigue lejos de estar asegurada y plantea que la estrategia de responsabilizar a la administración de Gabriel Boric comienza a perder efecto ante la opinión pública.
—Kast es electo ofreciendo autoridad, control y una conducción fuerte. ¿Por qué eso debiera leerse como un problema y no como un estilo de gobierno?
El apoyo blando que obtuvo en segunda vuelta se ha desgastado. Esa no es gente del Partido Republicano ni que sea de derecha, sino que votó por Kast porque era una opción que la gente creía que era la mejor para poder enfrentar los problemas que tiene el país.
Lo que estamos viendo es que el presidente le va a poner más atención a esa base más blanda y probablemente la cuenta del 1 de junio tenga que ver con un relanzamiento del gobierno más que con una cuenta tradicional, porque en la primera cuenta es poco lo que pueden mostrar.
—¿Relanzamiento en qué sentido?
Cuando hablamos de relanzamiento hablamos de reformular el relato, pasar del gobierno de emergencia a uno que genere condiciones para poder llevar adelante un proyecto de gobierno, que haya cohesión, orden interno y que dejen un poco atrás estos días difíciles de lo que ha sido la instalación del gobierno.
—¿Sigue funcionando entonces la táctica de responsabilizar a Boric?
No es novedad que la administración anterior tuvo problemas. La gente entiende eso, pero la opinión pública después de 90 días ya no está pensando en la responsabilidad de quienes gobernaron antes, sino de quienes lo están haciendo hoy día.
Lo que la gente quiere es que el oficialismo, quienes están gobernando, resuelvan los problemas. La opinión pública no entiende que el Gobierno, después de 90 días, siga endosando la responsabilidad al pasado.
Entonces sí hay que establecer responsabilidades administrativas, políticas y penales, si lo amerita, pero eso se tendrá que perseguir. Otra cosa es que quienes están gobernando hoy se paralicen.
—¿Dónde ve hoy el principal desafío político para el Gobierno?
El presidente está tramitando un proyecto de ley que se aprobó en general en la Cámara de Diputados, pero donde el escenario es más complejo es en el Senado.
Necesitan 26, tienen 24. Le faltan dos votos o un voto eventualmente. El senador Matías Walker probablemente sea un voto importante en esa definición. No se declara ni oficialista ni de oposición, está junto con el senador Bianchi y Calixto, son votos en disputa.
—La intuición dice que Walker no querrá darle problemas a su delegado Víctor Pino, a su seremi Vicente Cortés ni a la ministra Ximena Rincón.
Uno podría pensar que los parlamentarios cuidan el poder local que tienen cuando los gobiernos se instalan. Pero hemos visto que el accionar del senador Walker está más marcado por decisiones que tienen que ver con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, más que con la protección de espacios de poder.
—¿Cuál es su lectura de la acusación constitucional contra Nicolás Grau?
No ayuda mucho al clima. Están cerca de la mayoría, pero no es fácil y por eso van a tener que moverse con cuidado. Las reformas políticas no requieren solamente marcar diferencia con administraciones anteriores, necesitan conseguir apoyo y legitimidad.
Podría aprobarse la idea de legislar en general en la Cámara Alta, pero la discusión en particular puede ser un escenario más duro para el gobierno. A lo mejor la oposición estaría menos dispuesta a buscar acuerdos en el contenido de la ley.
—No solo con la oposición. La acusación constitucional ya tensionó la relación con la UDI.
No hay acuerdo en el oficialismo. Justamente porque esto enrarece el clima de un proyecto de ley que es muy importante para el Gobierno.
Cuando uno habla de políticas públicas tiene que ser capaz de construir acuerdos y entendimiento, y eso es lo que no hemos visto en las últimas decisiones del Partido Republicano.
También puede ser una cortina de humo para distraer la atención de los problemas del Gobierno y generar una mejor condición para la Cuenta Pública del próximo lunes.
