La reinauguración del Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos contó con la presencia del secretario de Estado, Luis Cordero, quien se refirió al Plan Nacional de Búsqueda, en la que hasta ahora la responsabilidad de la búsqueda ha recaído exclusivamente sobre los hombros de los familiares.
A menos de dos meses para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, los actos que recuerdan a las víctimas de la dictadura se siguen desarrollando. Ayer en La Serena, en la reinauguración del Memorial (Pedro Pablo Muñoz) en homenaje a las 18 víctimas que se suman a las 70 ya existentes en dicho monumento, y que contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.
En la instancia, el secretario de Estado se refirió al Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, instrumento de política pública anunciada por el Presidente Gabriel Boric y que avanza en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar en Chile.
Junto al subsecretario Jaime Gajardo y autoridades locales, comentó que tienen una agenda de trabajo vinculada al Plan de Búsqueda, «en el que hemos estado trabajando» y que el Presidente Gabriel Boric firmará el próximo 30 de agosto.
Para Cordero, «un hecho muy relevante» es la reinauguración del Memorial, «por el símbolismo que tiene para la ciudad».
Y respecto a las diferencias de búsqueda con los otros intentos de recuperar los cuerpos de desaparecidos, afirmó que «es en rigor la primera vez que el Estado de Chile asume como responsabilidad propia la búsqueda de las personas que han sufrido desaparición forzosa. Hasta ahora los esfuerzos de la sociedad se han centrado en solos dos cosas: una son las comisiones de verdad relativamente agotadas en el tiempo, y, en segundo lugar, acciones judiciales que han interpuesto los familiares de las víctimas, quienes han generado el funcionamiento del sistema judicial, especialmente en los últimos 20 años con los jueces de dedicación exclusiva».
Explica, sin embargo, que hasta ahora la responsabilidad de la búsqueda ha recaído exclusivamente sobre los hombros de los familiares, «y a nosotros nos parece que es una obligación ética, además de ser una obligación esencial en una sociedad democrática que si el Estado fue el que cometió esos horrores, que sea el Estado el responsable de la reparación, y una manera es el Plan Nacional de Búsqueda, que tiene como objetivo central conocer las circunstancias y condiciones de cada una de esas personas que fueron detenidas y hechas desaparecer».
Una obligación
En cuanto al trabajo de la mesa, «conocer su trayectoria, ubicar, recuperar e identificar dignamente sus restos».
Y agregó: «creemos que es una obligación de la sociedad y del Estado chileno, y por eso es tan importante este plan y más relevante aún la reunión que hemos venido desarrollando con las agrupaciones y en particular el encuentro que tenemos hoy (ayer)».
Reconoce que, si en estos últimos 20 años se ha tenido justicia, «ha sido fruto a la persistencia de los familiares, del apoyo de los abogados y abogadas, pero también de jueces y juezas valientes para poder llevar a cabo eso. Es más. Hoy tenemos un conjunto de casos terminados con condena, pero todavía nos queda una cantidad importante de personas por conocer sus trayectorias y sobre todo ubicar e identificar sus cuerpos».
Casos resueltos
Es un hecho de la causa que la sociedad ha avanzado en justicia en materia de derechos humanos, probablemente de modo incompleto, pero para las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y su presidenta regional, Ana Merino, «estas actividades nos dan la fuerza que necesitamos, y que hemos acumulado por 50 años. Por eso queremos que nuestros casos, como también los de los ejecutados políticos, queden resueltos ahora. Que el Estado diga si efectivamente nos hacemos responsables y que se rompa el pacto de silencio».
Admite que «es un tremendo honor la visita del ministro y poder hacer una mesa de trabajo», pero molesta esbozó que quienes cometieron crímenes de lesa humanidad no pueden estar en libertad.
«Que estas personas salgan en libertad con condenas de cinco años, no puede ser. La libertad se les entrega a los criminales cuando sienten arrepentimiento, cuando dicen la verdad y cuando digan qué hicieron con las víctimas. Y acá eso no ha ocurrido. Y tampoco necesitamos perdón, sino que digan el destino de nuestros familiares, para por fin asumir un duelo que ha sido negado durante 50 años por el Estado».
