Municipio de Coquimbo insiste en que el informe de Contraloría no establece presunción de delito

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Ayer se estableció que el Consejo de Defensa del Estado derivó a la oficina de La Serena, – a petición de un particular- el informe de Contraloría por la gestión municipal de Coquimbo.

La casa edilicia se refirió a los hechos: «acá se ha creado una cortina de humo para desprestigiar la imagen del acalde Marcelo Pereira y torcer la voluntad popular de cara a las elecciones» sostiene el administrador municipal, Patrio Reyes.

Hace unas semanas atrás había salido a la luz pública el preinforme N°9 de la Contraloría General de República, en donde se evidenciaba una serie de irregularidades en la gestión de la municipalidad de Coquimbo, episodio bautizado como el «Pirata Gate», hecho que motivó a un privado a remitirle los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado a nivel central, quienes a su vez lo enviaron a la oficina de La Serena para su correspondiente análisis.

En ese contexto, el administrador municipal de Coquimbo, Patricio Reyes, explica que «el preinforme, que era confidencial, con el informe final tienen diferencias porque muchas de las observaciones sí fueron subsanadas o estaban en vías de y por ende la Contraloría las acogió y las levantó, por lo que el informe final es menos contundente tanto así que los exámenes de cuenta donde no están acreditados su origen, bajan mucho los montos».

«Lo que sí queda claro, es que en el informe final no queda acreditado que aquí hubo delito, en buen chileno no hubo choreo, claramente tampoco se establecen actos de corrupción o de falta de probidad, son anomalías del punto de vista administrativo por procesos de gestión que son cuestionados como pasa en cualquier institución pública, porque el estándar de Contraloría es bastante más alto del que era antes y por eso se le aplica a los municipios».

Enfatiza en que «lo que hubiese correspondido, si es que realmente hubiera delito, es que la Contraloría remitiera directamente los antecedentes al Ministerio Público y al CDE, cosa que no se da… en el caso del Papaya Gate sí hubo en el informe final una remisión de los antecedentes a Fiscalía, acá no es lo mismo».

Motivaciones políticas

El administrador municipal sostiene que «claramente aquí hay una motivación política y lo que se busca es desprestigiar la figura del alcalde y la gestión municipal, y además desinformar porque la gente piensa que aquí es tan grave el informe que la Contraloría remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado».

Para Reyes, «más que castigar, lo que busca la Contraloría es que se mejoren los procesos y la gestión, y por ende vaya mejorando el estándar de eficiencia de los municipios… hemos ido subsanando mucho de los temas que ellos nos han planteado, en donde se están creando canales de procedimiento y las eventuales sanciones a funcionarios que puedan tener algún tipo de responsabilidad, en caso que así se acredite».

«No es una foto terminada, sino que se sigue avanzando y en la cual debemos seguir respondiendo para ir aclarando definitivamente muchas de las observaciones que se hicieron» añade.

¿Qué falta por aclarar?

En relación a las observaciones, que tienen un plazo de 60 días en algunos casos para ser respondidas, Reyes sostiene que «hay algunas situaciones que debemos hacer un seguimiento a las observaciones y hay un procedimiento que establece la Contraloría que hace en este tipo de auditorías e informes, así que debemos empezar a dar cuenta de situaciones que quedaron pendientes pero no hay nada de una gravedad como la que han querido manifestar algunos de nuestros adversarios políticos que se están aprovechando de manera totalmente politiquera para obtener un dividendo electoral».

Consultado por la eventual devolución de dineros de parte de algunos funcionarios, explica que «son temas que todavía están en desarrollo y tienen la posibilidad de hacer algún descargo y eventualmente si no satisfacen a Contraloría, restituir algunos recursos que serían muy específicos y en el caso que eso no ocurra en un periodo de tiempo determinado, se podría generar un tipo de reparo contra estos funcionarios, pero en este momento eso no está complemente finiquitado».

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