Municipio de Coquimbo se querella tras conocerse el informe de Contraloría

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Se trata de aclarar el destino de un monto cercano a los $ 3 mil millones de pesos, que fueron entregados por el municipio de Coquimbo, en la gestión de Marcelo Pereira, a la empresa Sacyr, quienes tienen a cargo la construcción del edificio consistorial del puerto, cuyos antecedentes fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía. Alí Manouchehri, alcalde actual, informa que presenta una querella.

Luego de conocer el informe de la Contraloría respecto al Nuevo Edificio Consistorial para la Municipalidad de Coquimbo, el alcalde de esta comuna, Alí Manouchehri, señala que «nuestro equipo jurídico trabaja en la presentación de una querella por el supuesto delito fraude al fisco y cualquier delito que se configure a partir de estos hechos, en contra de quienes resulten responsables, en el contexto de una transacción extrajudicial por la construcción de este edificio, la que interpondremos en los próximos días».

Agrega que «desde nuestra llegada al municipio hemos puesto a disposición todos los antecedentes necesarios ante la justicia para que investigue eventuales irregularidades o delitos en la administración anterior, en relación con la utilización de los recursos de todos los coquimbanos y coquimbanas».

Manouchehri explica que «presentamos otra querella por los supuestos delitos de fraude y malversación de caudales públicos, y estamos en proceso de licitación de una auditoría forense externa que nos permita saber el verdadero estado financiero del municipio de Coquimbo».

«La señal que queremos dar como administración es clara: vamos a cooperar con el Ministerio Público y todas las instancias que sean necesarias para aclarar los hechos ocurridos en la municipalidad. Tenemos confianza en que la instituciones deben funcionar y, paralelamente, trabajamos para dar transparencia a la ciudadanía respecto a todos los procesos que realizamos en la administración de los recursos de todos y todas. Cada peso que se gasta es en beneficio de nuestros vecinos y vecinas, nunca más primarán mezquinos intereses», añade.

Guido Hernández: «En
2017 solicité formalmente
poner término al contrato»

En conversación con Guido Hernández, uno de los concejales que estuvo en ese periodo y que salió reelecto en la gestión actual, comenta que «el 2017, cuando ingresé al concejo, rápidamente me di cuenta que se trataba de un contrato a suma alzada, y tenía entendido que de este tipo de acuerdos es que las empresas se los adjudican con un monto que cubra cualquier externalidad que se pueda dar en el camino, lo que lamentablemente no ocurrió».

«Me llamaba mucho la atención que a propósito del terremoto que había ocurrido entremedio, y el posterior tsunami, la empresa buscara argumentos técnicos para ir aumentando el valor de la obra, pasando de 17 mil a 26 mil millones de pesos, y siempre consideré que eso era una estrategia que tenía la empresa, que se venía dando en otras partes del país y otros países donde ellos llegaban con una oferta atractiva, se adjudicaban los contratos y al poco andar con sus equipos de abogados lograban ir aumentando el monto de las obras», agrega.

Hernández relata que en 2017 solicitó formalmente al alcalde de esa época, Marcelo Pereira, poner término al contrato, «el argumento fue que iba a significar un costo mayor para el municipio y que por ende ellos consideraban necesario llegar a un acuerdo para que esto no se tuviese que resolver en tribunales».

«A pesar que en aquella oportunidad decidí apoyar la estrategia del municipio, siempre planteé mi inquietud respecto de la forma en como venía operando la empresa y el tiempo me da la razón…», sostiene.

De los $ 3 mil millones que fueron aprobados, explica que «hubo una primera discusión, en el año 2018, como lo especifica el acta de concejo número 64, donde varios concejales fuimos categóricos en explicitar nuestra desconfianza por la forma en como venía operando la empresa, se entendía que existía un proceso de negociaciones con la compañía y que eso se estaba llevando adelante siempre con el soporte técnico del Gobierno Regional, quien era también una parte importante dentro de las conversaciones que se estaban desarrollando».

«Se insistió que la mejor opción para el municipio era evitar una judicialización del contrato y como consecuencia de eso la paralización de las obras, y por lo mismo de forma unánime el concejo decidió apoyar, y al poco andar la empresa nuevamente volvió a hacer paralización de obras y a hacer exigencias, no cumpliendo su parte del acuerdo, dejando en evidencia lo que para muchos de nosotros era muy probable», puntualiza.
En relación a las acciones a seguir, comenta que «se tiene que seguir al pie de la letra las recomendaciones que establece el informe de Contraloría, se lo he planteado al alcalde Manouchehri en reiteradas ocasiones, en que necesitamos una estrategia jurídica distinta que nos permita poder revisar este contrato, que es a suma alzada, lo que significa que la empresa que se lo adjudicó tiene que asumir todos los cambios que pudieron haber ocurrido en el trascurso de la obra, cosa que no ocurrió».

¿En qué está actualmente el edificio consistorial?

En cuanto al estado actual del edificio de calle Varela, el alcalde Manouchehri no esconde que es un tema complejo, «nosotros estamos diciéndole a la empresa Sacyr que ellos tienen que entregarnos la recepción final de la obra, y la pelota la tienen ellos hace bastante tiempo, ellos deben cumplir con los requerimientos que contiene el contrato del edificio consistorial y ellos mismos son los que no han acelerado el proceso».

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