Ricardo Gómez, encargado de Finanzas de la entidad Gabriel González Videla, explicó el recorrido administrativo de las boletas y el origen de los recursos destinados a Salud. Durante la audiencia también se exhibieron certificados con pagos de imputados que, en algunos casos, superaron los $80 millones.
Por: Valentina Echeverría O.
La segunda semana del juicio por el fraude de $762 millones en la Corporación Gabriel González Videla comenzó con una jornada marcada por la entrada del primer testigo clave para la investigación. Su declaración permitió comenzar a reconstruir cómo se movían los recursos al interior de la entidad y abrió una nueva etapa en un caso que busca esclarecer el destino de millonarios fondos públicos.
Aunque la audiencia estaba programada para iniciar a las 8:30 horas, problemas de conexión a internet retrasaron el comienzo de la sesión por cerca de una hora y media. Pasadas las 10:00 horas, subió al estrado Ricardo Gómez como primer testigo, actual encargado del Departamento de Finanzas y exdirector de esa unidad durante parte de los años investigados.
Gómez explicó al tribunal cómo funcionaba el proceso de pago de honorarios dentro del Departamento de Salud. Según relató, las boletas debían ser visadas por directores de los establecimientos y coordinadores de programas, luego ingresadas al sistema Minerva— la plataforma interna de la Corporación — y posteriormente transformadas en archivos wetransfer que permitían ejecutar las transferencias bancarias.
Sin embargo, uno de los puntos centrales de su testimonio fue el origen de los recursos que administraba el área de Salud. El funcionario explicó que esos fondos ingresaban a la corporación mediante convenios suscritos por el municipio y posteriormente eran derivados a la entidad.
«Todos los recursos del Ministerio de Salud eran transferidos a través del Servicio de Salud. No nos llegan directamente, sino que los fondos son transferidos al municipio, porque los convenios están firmados con el municipio, y luego el municipio nos transfería a nosotros».
Para Gonzalo Pinochet, abogado querellante de la Corporación Municipal, la declaración de Gómez era una de las más relevantes de esta etapa del juicio, que buscaba «esclarecer el origen de los dineros de los montos defraudados aquí».
Agregando que «para los persecutores, entendemos que aquí hay un fraude al fisco, toda vez que los montos son provenientes del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de La Serena, porque son montos que están destinados para los programas de atención a la comunidad que todas las personas que pertenecen a la red de atención primaria de salud pueden acceder», aseguró.
Durante el contrainterrogatorio, las defensas también profundizaron en los controles existentes al momento de procesar los pagos. Ricardo Gómez explicó que, «eran más de mil boletas, por lo tanto Recursos Humanos las iba ingresando y veía que tuvieran la firma de los directores, no se ponían a investigar más hacia atrás».
Montos bajo
la lupa
Además del relato del funcionario, la Fiscalía comenzó a exhibir certificados de honorarios asociados a varios de los llamados «boleteros», personas que reconocieron haber facilitado cuentas bancarias o antecedentes para la emisión de boletas por trabajos que, según la acusación, nunca se realizaron.
Entre los documentos incorporados al juicio figuraron pagos por más de $72 millones a Silvia Bastías entre 2020 y 2021; más de $85 millones a Rodrigo Vallejo; $43,1 millones a Natalia Vallejos; $43,1 millones a Carolina Martínez; $43,3 millones a Marcos Seura y más de $42 millones a Marcelo Rivera, entre otros montos exhibidos durante la jornada.
La audiencia finalizó durante la tarde y se espera que durante los próximos días continúen declarando nuevos testigos y peritos, además de incorporarse antecedentes contables y financieros considerados clave para reconstruir el flujo de dinero investigado y determinar las responsabilidades de cada uno de los acusados.
