Durante la reciente cuenta pública del Ministerio Publico de la región de Coquimbo, el fiscal regional Enrique Labarca, junto con destacar la relevante labor que realizan los fiscales y todo el personal del ente percutor, fue enfático en señalar que hay un déficit de personal en las fiscalías de cada comuna del país, ya que desde el inicio de la reforma procesal en el año 2003, la planta de persecutores penales funciona con 122 profesionales en las 18 fiscalías regionales.
A esta falta, pasa a sumarse otras dificultades debido a que el actual marco legal de la fiscalía, por ejemplo, no establece que los fiscales sean subrrogados, es decir cuando un Fiscal presenta licencia médica o solicita días administrativos o hace uso de vacaciones, el Ministerio Público, no cuenta con los mecanismos legales para disponer de un fiscal subrogante, por lo que un fiscal titular de una comuna debe ser asignado a otra para tomar las causas.
Además a esta situación pasan a sumarse las licencias maternales, por lo que en la práctica hay comunas que quedan sin el fiscal titular por un importante lapso de tiempo lo que impide realizar una mejor labor en la persecución penal.
Consultado por Diario LA REGION por la falta de fiscales a nivel local y nacional, el Secretario Regional Ministerial de Justicia, Carlos Galleguillos, señaló que esta y otras deficiencias han sido consideradas por el actual gobierno para corregirlas con un proyecto de ley.
«Las buenas cifras de la cuenta pública del Ministerio Público regional, demuestran que se está haciendo un buen trabajo y como integrante del Ministerio de Justicia quiero señalar que dentro de las falencias que refirió el fiscal Labarca, muchas se van a poder solucionar con el plan de seguridad que ha presentado el Ministerio y la Presidenta de la República que significa el fortalecimiento del Ministerio Público con asignación de recursos por más de 47 mil millones de pesos y más de 600 profesionales que van a fortalecer el trabajo».
Esta nuevo marco legal que deberá ser discutido en durante este año en el parlamento incluye un aumento de dotación en 577 nuevas plazas; 122 fiscales, 203 profesionales, 82 técnicos y 170 administrativos, incremento que pasará a materializaría en el plazo de tres años, contemplándose que un 40 por ciento del total, sea concretado en el primer año de implementación.
