Mientras los proyectos cupríferos de la provincia argentina comienzan a acercarse a etapas de explotación, Álvaro González Gorroño sostiene que Chile debe prepararse para captar parte de la actividad económica asociada a ese desarrollo. El próximo 7 de julio, en Buenos Aires, ambos países reactivarán el Tratado Binacional Minero, inactivo durante los últimos dos años.
Por Joaquín López Barraza
La provincia argentina de San Juan vive uno de los ciclos de desarrollo minero más importantes de las últimas décadas. Al otro lado de la cordillera avanzan proyectos cupríferos que prometen movilizar inversiones millonarias y que, poco a poco, comienzan a dejar atrás las etapas de exploración para acercarse a una futura explotación.
La pregunta que empieza a instalarse en este lado de la frontera es qué papel puede jugar Chile en ese proceso y, particularmente, qué oportunidades podrían abrirse para regiones como Coquimbo.
Para el subsecretario de Minería, Álvaro González Gorroño, el desafío no pasa únicamente por observar el fenómeno desde la distancia. A su juicio, el país debe generar las condiciones para transformarse en parte de la cadena logística y productiva que acompañará el desarrollo de esos proyectos.
«Mostramos toda la disposición de este gobierno para reactivar ese tratado y poder colaborar en el desarrollo de esos proyectos a través de Chile», señaló en conversación con Diario La Región.
El interés no surge por casualidad. Según explica la autoridad, varios de los proyectos emplazados en la frontera ya cuentan con información suficiente para comenzar a proyectar una siguiente etapa.
Ese escenario es precisamente el que motivó la reactivación del Tratado Binacional Minero entre Chile y Argentina, acuerdo que busca facilitar el desarrollo de iniciativas ubicadas en la cordillera y que durante los últimos años había permanecido prácticamente inactivo.
«Hace dos años que no se reunía la comisión administradora de este tratado. Ya hemos fijado una reunión para el funcionamiento de esa comisión administradora, que es el próximo 7 de julio en Buenos Aires. Estaremos ahí reactivando este tratado y tomando todas las medidas para que esos proyectos se puedan activar lo más rápido posible», sostuvo.
Sin embargo, para González la discusión de fondo no está únicamente en los aspectos administrativos. A medida que los proyectos avancen, también aumentará la demanda por servicios, transporte, infraestructura, energía y proveedores especializados. Es ahí donde aparecen las regiones del norte chico.
Consultado por las ventajas que podría ofrecer Coquimbo para transformarse en una plataforma de apoyo a estos desarrollos, el subsecretario destacó la cercanía geográfica entre la cordillera y la costa, además de la infraestructura ya existente en la región.
«Dada la infraestructura existente en esta región, es una alternativa muy atractiva para ese tipo de desarrolladores de proyectos», indicó.
La posibilidad de captar parte de esa actividad también abre una discusión que se ha instalado en distintos espacios ligados a la minería: si Coquimbo y Atacama terminarán compitiendo por transformarse en la principal puerta de salida al Pacífico para los minerales provenientes de San Juan.
González evita esa mirada. «Yo prefiero verlo como una complementariedad. Como país tenemos que avanzar en esa línea», respondió.
Aun así, reconoce que el desafío consiste en ofrecer condiciones suficientemente atractivas para que los proyectos opten por utilizar infraestructura chilena y no otras alternativas.
«Lo importante es entregar las mejores alternativas para que ese mineral salga por nuestro país», concluyó.
Más que una discusión sobre tratados o reuniones binacionales, el debate comienza a centrarse en quién estará preparado para capturar las oportunidades que podría generar el nuevo ciclo minero que se está desarrollando al otro lado de la cordillera.
Dominga sigue en la Corte Suprema
Consultado por el proyecto Dominga, el subsecretario de Minería, Álvaro González Gorroño, señaló que la iniciativa continúa en una etapa de judicialización y evitó proyectar eventuales novedades.
«Es un proyecto que se encuentra en una etapa de judicialización en la Corte Suprema con un recurso de casación. Nosotros somos sumamente respetuosos del funcionamiento de los otros poderes del Estado, así que no vemos avances y no le corresponde tampoco a este ministerio tener avances en esa línea», sostuvo.
