Aunque administran comunas con realidades económicas y sociales distintas, los alcaldes de Santiago, Mario Desbordes, y de Puente Alto, Matías Toledo durante la Asamblea Nacional de Municipalidades realizada en La Serena compartieron la preocupación en común del impacto que podrían tener los recortes de recursos y los cambios asociados a las contribuciones en la capacidad de los municipios para responder a las necesidades de sus habitantes.
Por: Valentina Echeverría O.
«No sé si Santiago lo considero un municipio rico»
El alcalde capitalino aseguró que una eventual disminución de recursos sería compleja para la comuna. «Si se produjera una disminución, que en el cálculo nuestro va entre 2.000 y 7.000 millones, para nosotros evidentemente sería desastroso», afirmó.
Desbordes argumentó que Santiago enfrenta demandas que exceden a su población residente, especialmente en salud y seguridad, y cuestionó que la comuna sea considerada automáticamente entre las más acomodadas del país.
«Me complica cuando el ministro dice que los 12 municipios más ricos van a tener que aportar. No sé si a Santiago lo considero un municipio rico», señaló, agregando que todavía existen necesidades importantes de inversión.
Asimismo, pidió claridad respecto de los mecanismos de compensación que acompañarán cualquier reforma. «Nos falta información todavía y espero que tengamos la tranquilidad de que no va a haber recortes desde los municipios en programas que son urgentes para la ciudad», indicó.
«Los costos los va a pagar la gente a pie»
Desde Puente Alto, Matías Toledo sostuvo que las municipalidades ya enfrentan una fuerte presión financiera y advirtió que cualquier reducción de recursos terminará afectando directamente a los vecinos.
«A nosotros de manera agresiva nos puede pegar en $8.000 millones de pesos. Tenemos una dependencia de un 74% y recibimos $85.000 millones de pesos del Fondo Común Municipal», afirmó.
El jefe comunal señaló que distintas decisiones económicas como la eliminación del MEPCO han incrementado los costos de funcionamiento de los municipios y dificultado la continuidad de programas sociales. «El presupuesto de la Dideco y de la Diso son cerca de $6.000 millones. Ahí están las becas, el apoyo a adultos mayores y distintas ayudas para los vecinos. Tengo que eliminar todo eso para recién paliar los costos», advirtió.
Toledo sostuvo que las consecuencias de estos ajustes no las asumirán los municipios, sino la ciudadanía. «La verdad es que es demasiado y eso nos tiene muy preocupados porque ya creemos que no se le está tomando el peso a lo que se hace. Hoy día los costos los va a pagar la gente de a pie. El problema son los que no llegan a fin de mes», afirmó.
