Esto debido a las restricciones de acceso vial por los bloqueos de parte de la comunidad cercana al lugar donde se produjo un derrame de concentrado. La inquietud se debe a los turnos reducidos y a un porcentaje mínimo de trabajadores laborando. Dirigentes se reunieron ayer con la seremi del Trabajo.
La preocupación es latente. Y hace 15 días, el bloqueo en los caminos, a la altura del kilómetro 38 en el sector de Llimpo, aledaña a la ruta D-835, luego que Minera Los Pelambres detectara una fuga en el ducto subterráneo que transporta el concentrado desde la planta concentradora hasta el puerto de Los Vilos, mantiene la tensión en los trabajadores, que temen el cierre o la paralización temporal de la compañía.
Así lo aseguraron ayer en una reunión con la seremi del Trabajo, Claudia Santander, los cuatro representantes de los sindicatos de trabajadores de la compañía.
Si bien las operaciones mineras siguen funcionando, pero con limitaciones debido a las restricciones de acceso vial por los bloqueos, para Cristian Madrid, presidente de los contratistas, cerca de 8 mil trabajadores, «un porcentaje importante», existe inquietud por lo que está pasando.
«Estamos preocupados, pues vemos que están en peligro nuestros puestos de trabajo. Hay turnos reducidos, entonces hay un porcentaje mínimo de trabajadores contratistas laborando, ya que los demás están en sus hogares esperando que esto se solucione».
Reconoce que el futuro de los trabajadores contratistas es incierto, «y lo que hacemos es un llamado a la autoridad a que busque y establezca las mesas de diálogo, y donde nosotros, los representantes de los trabajadores, también estemos ahí entregando nuestra visión, porque este es un escenario complejo y que requiere de todos los puntos de vista».
Como trabajadores contratistas dicen estar de acuerdo con algunas peticiones de la comunidad «y creemos que son válidas, pero esto tenemos que trabajarlo en conjunto y que se solucione pronto por el bien de todos», asegura.
Preocupación
La presencia de los trabajadores, como afirmó Waldo Pérez, presidente del sindicato de supervisores, fue para dar a conocer la postura y preocupación de los trabajadores, que en conjunto son más de 11 mil, de manera directa e indirecta.
«Existe preocupación por la estabilidad de nuestros empleos, dado que la compañía ya anunció a los contratos menores la suspensión de la actividad y la probabilidad de invocar un black out por fuerza mayor, y eso significa el cierre o la paralización temporal de las operaciones».
En la misma línea, manifiesta que querían saber y entender un poco el involucramiento de las autoridades en este conflicto y esperan que, con la visita del delegado presidencial Rubén Quezada, hoy y mañana, «se establezcan mesas de trabajo como principal objetivo, amén de mantener el diálogo. Pero el anhelo nuestro es que la autoridad, las comunidades, la empresa y los trabajadores, puedan construir una minería de futuro, en que la actividad minera se haga en forma responsable, que las formas de operar sean sustentables en el tiempo y que consideren permanentemente a la comunidad y a los trabajadores en sus objetivos».
Si bien la minera informó que la reparación de ducto averiado se extenderá por restricciones de acceso, «la paralización de la actividad es inminente, debido a que se está racionando la alimentación de nuestros trabajadores que están arriba y no tenemos acceso terrestre para llegar con los insumos propios del proceso de la operación minera».
Respecto al acercamiento con la empresa, manifestó que «dos veces al día nos comunican los avances y retrocesos que se producen con respecto a las movilizaciones, y principalmente con el estado de nuestros trabajadores en las faenas».
Como dato, afirmó que «el aporte que hace esta compañía al PIB regional es cercano al 25% y en sueldos aporta alrededor de 18 millones de dólares a colaboradores y personal propio. Mientras que en impuestos paga 30 millones de dólares mensuales, así que si se llegara a un black out, el impacto económico para la región y el país es considerable, y seria por fuerza mayor, puesto que el bloqueo de los accesos por tierra hace imposible subir insumos como explosivos y combustible para la explotación minera, y por eso sería inviable mantener una explotación en un rajo que no tenga acceso por tierra en este minuto».
Una oportunidad
La seremi Claudia Santander dijo estar en conocimiento del conflicto, «y por cierto que nos preocupa la situación, pero lo entendemos como un conflicto que está en un contexto mucho más amplio, incluso histórico, de lo que ha sido esta problemática que se ha sostenido con la empresa minera, en términos de un evento particular que es la causa de todo esto y que hoy está afectando a una comunidad, pero también a los trabajadores de la empresa».
Sostuvo que el impacto es potente, «más allá de que el daño ambiental fue menor», y que además tiene que ver «con la desconfianza que tiene la comunidad respecto a esas medidas de protección de la empresa, y lamentablemente esto ahora está teniendo un impacto en los trabajadores».
Sin embargo, reitera los deseos para solucionar el conflicto y que «esta es una oportunidad para establecer un nuevo modelo de relación entre la empresa, las comunidades y a la vez incorporar a los trabajadores, visto que ellos están con la disposición de aportar a la solución y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con ello. Creemos que los trabajadores de MLP, que están comprometidos con la sostenibilidad de la minería, pueden aportar a que la empresa avance en una forma de operación que responda a la exigencia de este tiempo. Así que eso es lo más satisfactorio de esta reunión que hemos tenido y donde decidimos colaborar con una mesa permanente de aquí a futuro para poder enfrentar este proceso de desarrollo».
