Alcalde pide que se fiscalice a empresas instaladas en zona de Guayacán

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El alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, a través del documento ordinario 407, solicita a Jesús Martínez López, jefe regional de la Superintendencia de Medio Ambiente, arbitrar medidas fiscalizadoras en materia medioambiental a firmas instaladas en el sector de Guayacán; y, a la vez preguntó qué pasa con las empresas que al ser preexistentes a la Ley Nacional 19.300, sus instalaciones, procesos y etapa de cierre no ingresaron al Sistema Nacional de Evaluación Ambiental.

Lo anterior, dice el alcalde, nace de los requerimientos de la comunidad, particularmente de las Juntas de Vecinos Urmeneta, de Guayacán, y habitantes de La Herradura, Sindempart y El Llano, «que han expresado sus inquietudes respecto a problemáticas ambientales relacionadas con actividades productivas de las empresas CMP Guayacán, ENAMI, petroleras y pesquera Orizon».

Expresa que los vecinos denuncian contaminación acústica, polvo en suspensión, eventual escurrimiento o derrame de material o sustancias, y olores molestos.

En el documento también se solicita un plan de monitoreo de los procesos productivos.
Pereira señala que «sabemos el alcance limitado que tenemos como Municipalidad frente a diversos problemas ambientales, pero estamos pendientes en cuanto al estatus y monitoreo de estas empresas y medidas medioambientales. Esto ha llevado a que el Municipio, principalmente desde 2017 a la fecha, sostenga reuniones con las empresas con el ánimo de acercar posiciones entre estas y los vecinos, respecto a las mejoras necesarias solicitadas».

A la vez, recuerda que el dictamen 027035N19, de octubre del 2019 de la Corte Suprema, señala que la Superintendencia de Medio Ambiente tiene la obligación de velar, además, por el cumplimiento de las normas ambientales secundarias, como por ejemplo los ruidos emitidos por fuentes fijas, descargas de aguas a cauces y al mar de Chile, entre otras.

Explica que el oficio enviado busca «asegurar el cumplimiento del artículo 1 de la Ley N 19.300, que apunta a garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, objetivos que van en directo beneficio de la comunidad».

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