La Sociedad Agrícola del Norte tuvo la opción de exponer sobre la situación hídrica de la región de Coquimbo, junto con los alcances y consideraciones del sector agroalimentario, con propuestas que deben ser consideradas en la nueva carta magna.
La presidenta de la SAN, María Inés Figari, sostuvo que la región de Coquimbo enfrenta una situación crítica, «asediados por una creciente escasez hídrica, condición que debe ser considerada de carácter estructural y no temporal, consecuencia principal del cambio climático y de la carencia de políticas y estrategias para su mitigación y adaptación. Se pone en riesgo la seguridad alimentaria de Chile y a más del 13% de la población del país que se dedica a la agricultura, siendo el 80% de esa población pequeños agricultores. Tenemos una red de embalses exitosos, pero nos falta el producto, el agua, ya sólo queda para el consumo humano y no podemos dejar que la población deje de tenerla, porque aquello también influirá en la producción de alimentos.».
«Aquí es importante destacar que esto no debe quedar al arbitrio del gobierno de turno, ya que debe tratarse de una política de Estado de carácter estratégico que sea permanente en el tiempo, por al menos los próximos 50 años. Debemos comprometer al Estado en una base sólida de desarrollo rural para la seguridad alimentaria, que entregue sustento a la actual Política Nacional de Desarrollo Rural».
En la sesión de la Comisión del Consejo Constitucional se puso sobre la mesa la necesidad de regular el uso del agua de mar, porque la desalinización es fundamental ante este escenario de falta de recurso hídrico superficial.
«Es una oportunidad para regular y consignar en la nueva Constitución el acceso de agua de mar, más allá de una concesión», señaló el consejero Carlos Recondo, quien agradeció la exposición del gremio agrícola y además señaló que la situación de la falta de agua «es muy preocupante» en la región de Coquimbo.
Desde este lunes 3 al 7 de julio se desarrollan las audiencias públicas de las comisiones del Consejo Constitucional, donde diferentes grupos, así como los gremios, comparten su opinión y propuestas sobre algún asunto de su interés relacionado con el anteproyecto de la Comisión Experta.
Específicamente consisten en exposiciones de 10 minutos, con preguntas que también realizan los consejeros integrantes de cada instancia, con cuatro comisiones que recibirán en total 200 audiencias.
Todas las audiencias deberán ser sistematizadas y entregadas por la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana al Consejo Constitucional para que formen parte del debate de las respectivas normas.
