Cumplimiento a fallo judicial: Ponen nombre de profesora a una sala de clases de Universidad de La Serena

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Tras tres décadas de docencia, la profesora de flauta traversa, Clarina Ahumada, se jubiló en la ULS. A la vez le ofrecieron la oportunidad de continuar sus labores como docente. Era 2013.

«A fines de noviembre de 2017 fui desvinculada de la Universidad de La Serena en el marco de una estrategia que la casa de estudios diseñó para hacer un recambio de los académicos con mayor edad, pero en vez de buscar una forma amistosa y justa, nos declaró funcionarios de hecho. Eso significaba que yo no tenía vínculos con la ULS desde el momento en que me jubilé. Argumentaron que yo era una funcionaria que seguía trabajando sin tener que hacerlo y que percibía rentas, por las que yo me había enriquecido de manera ilícita».

La docente aseguró que al jubilarse recibió un documento desde la oficina de Personal que señala que los profesores en su condición no están sujetos al estatuto administrativo, por ende podían seguir manteniendo sus puestos de planta.

«La universidad nunca reconoció este error administrativo, que cometió por más de 30 años. Si ellos lo hubieran asumido, como señala el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Letras del Trabajo, perfectamente podrían haber negociado justamente. Precisamente en 2017 se retomó la ley de retiro voluntario y estábamos listos para irnos y vino esta situación».

Clarina dejó estipulado que se iba en enero de 2018. «Sin embargo, como el despido fue abrupto, se ahorraron pagarnos 11 sueldos. Pero tras ganar esta batalla legal, debieron cancelar cerca del triple de esa cifra. Creo que realmente se trató de una mala estrategia y perversa, de mala fe de parte de la Universidad de La Serena. Fueron casi tres años de lucha, pero afortunadamente nos fue bien en todas las instancias. Respecto a mi caso, ellos presentaron un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de La Serena, lo que finalmente abandonaron. Ahí se ejecutó la sentencia, pero siguieron alargando el asunto ante el Tribunal Constitucional, aunque finalmente todo llegó a buen puerto».

El caso de esta docente no es el único. Son 25 los profesores que pasan por una situación similar. La universidad tendría que desembolsar cerca de 2 mil millones de pesos.

«Se trata de dineros públicos que están pagando todos los chilenos, porque es una universidad del Estado. Y lo peor de todo es que se vulneran los derechos de los trabajadores, creo que se sienta un pésimo precedente. Yo quiero a la universidad y me duele que esto pase. También hay que considerar por quien está dirigida y quien tomó esta determinación. En el caso mío, el dictamen señala violación grave de derechos fundamentales por discriminación».

CEREMONIA

Según el dictamen de la justicia, la Universidad se vio obligada a compensaciones económicas y, además, en el caso de Clarina, a asignarle su nombre a la sala 23 del Departamento de Música. Ayer se realizó una ceremonia simbólica.

RAZONES DE LA CAUSA

La abogada Constanza Tobar, defensora de Clarina, señaló que se trata de un caso histórico. «No sólo significa un juicio que se gana frente a una universidad estatal, sino que se trata de un juicio donde la justicia se hace real. Se trata de un caso emblemático donde vemos como las instituciones de nuestra república funcionan, respecto de una universidad estatal frente a sus profesores».

A su juicio, se trata de un caso especial, porque «Clarina además es una de las formadoras de la Escuela Experimental de Música de la Universidad de La Serena y ha sido un soporte fundamental para nuestros ciudadanos. Las artes y los oficios que enseñan estos maestros fueron pasadas a llevar, y en este acto lo que han hecho los tribunales es reparar de una manera simbólica el daño que Clarina recibió por el actuar indolente de la universidad, siendo que se trata de una casa de estudios que se financia con dineros de todos los chilenos. Cometió abusos con sus profesores históricos y Clarina Ahumada es una mujer dedicada en cuerpo y alma a la música y a la docencia, al igual que su marido Lautaro Rojas. Estamos felices con este acto simbólico que viene a reparar en parte una injusticia», recalcó.

VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

El abogado de la Universidad de La Serena, Julio Landaeta, justificó la ausencia del rector Nibaldo Avilés,

El jurista no comparte que esto se trate de un duro golpe para el patrimonio de la universidad, considerando que se trata de casi $ 2 mil millones. «No comparto esa apreciación, porque los dineros que dicen relación con esta causa estaban aprovisionados hace varios años, cuando se descubrió este hecho. Los cuerpos colegiados de la universidad ordenaron expresamente que se aprovisionaran los dineros y que esto se realizara en un instrumento que pudiera redituar algún tipo de interés para cuando llegase una situación adversa, se efectuaran los pagos».

A su juicio se trata de hechos puntuales. «Las administradoras de fondos de pensiones tienen que informarle a los servicios públicos las personas que se tienen que alejar de sus respectivos trabajos y esa comunicación, a la luz de la auditoría que nosotros realizamos, no estaba disponible. Como no teníamos conocimiento de que habían personas que se habían jubilado y continuaban trabajando, se solicitó a la Contraloría consultas para saber qué teníamos que hacer y nos pidieron que regularizáramos este hecho constatando el cese de funciones y las personas que en ese tiempo intermedio habían sido funcionarios de hecho», recalcó.

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