La Agrupación de Jardines Particulares IV región, que agrupa a 45 jardines particulares de la región, hace notar por una parte lo importante que es el servicio que cumplen y, por otra, los difíciles y decisivos días para la subsistencia que están viviendo, lo cual amenaza con el cierre definitivo de muchos de ellos.
Walda Cortés, vocera de la agrupación, explica que «nos hemos visto profundamente afectados por esta pandemia».
Dice que a excepción de un establecimiento de la región, «todos nuestros jardines se encuentran acogidos a la Ley de Protección al empleo, y debido a esto muchas empresas del Estado han dejado de pagar los convenios que mantenían con nuestras salas cuna, siendo que esos recursos ya estaban asignados para ese fin. Con esto se acrecienta el déficit en nuestros ingresos, que a la fecha se han vuelto prácticamente inexistentes».
A no tener ingresos del Estado se les hace imposible el pago de los costos fijos, como cotizaciones previsionales de las trabajadoras, arriendos y servicios varios. «Avanzamos hacia un cierre inminente de nuestros jardines», afirma la dirigente.
300 trabajadoras
Reflejando emoción, dice que le duele imaginar que el trabajo de toda una vida se perderá, pero que además un gran número de mujeres quede cesante. Son aproximadamente 300 funcionarias.
Reconoce que algunos establecimientos han accedido a préstamos FOGAPE, «pero es un porcentaje muy menor. La situación económica actual no alcanza para sobrevevir en lo prolongado que ha sido esta emergencia, a tal punto que ya contamos con un buen número de jardines que han cerrado sus puertas».
LEY DE MATERNIDAD
En 1994, recuerda, cuando se modificó la Ley de Maternidad, nuestros establecimientos han sido un apoyo a la productividad de la región y del país gracias a nuestra existencia. Miles de trabajadoras han podido cumplir con sus labores y aportar al crecimiento y desarrollo de Chile. Por eso nos parece injusto estar como estamos».
Indica que el gremio ha debido invertir recursos para cumplir con toda la normativa exigida de JUNJI, Ministerio de Educación y Superintendencia de Educacion Parvularia. «Durante años hemos sido colaboradores del Estado y hemos cumplido con todas las regulaciones que se nos han impuesto».
Por otro lado, los jardines infantiles particulares representan la única alternativa de las familias de clase media que no califican para ser beneficiarios de los establecimientos Integra, JUNJI y Municipales. «Esta situación de cobertura preescolar insuficiente sin duda empeorará, dado el número de jardines que ya han cerrado y de los que cerrarán de no mediar urgentes medidas de apoyo financiero».
Por lo tanto, consideran que es deber de las autoridades velar porque las familias puedan hacer efectivo el derecho a escoger el establecimiento de sus hijos e hijas. Cada establecimiento posee un proyecto educativo con énfasis y principios que nuestros apoderados comparten».
Por ello, el peligro de cierre de establecimientos no solo constituye un problema económico para sus dueñas y funcionarias, sino también para la libre elección de los padres a la educación inicial que desean.
«Es más, aún en el supuesto de que se cuestione la actual estructura privada del sistema educacional preescolar, no cabe duda que esta discusión no puede contemplar como premisa el dejar a su suerte a los establecimientos que aún sobreviven argumentando que existe lucro».
Aclaran que «no es nuestra intención acceder a una subvención permanente, sino solicitar un Subsidio de Emergencia, calculado sobre un porcentaje de la capacidad autorizada de cada jardín infantil y sala cuna, con el que podamos solventar gastos mínimos para sobrellevar la crisis hasta que podamos retornar de manera presencial o hasta que exista una vacuna que permita la normalidad de funcionamiento, también que se nos considere en la distribución de los kits de emergencia que serán entregados a los jardines Junji, Integra o Municipales. Cumplimos un importante rol en nuestra sociedad, estamos a cargo de la educación y cuidado de buena parte de los niños y niñas de este país»…
