El Director Regional de la Superintendencia de Educación Escolar, Alfredo Villagrán, recogió con sorpresa las declaraciones del alcalde de Monte Patria, Juan Carlos Castillo y del presidente del Senado, Jorge Pizarro, quienes hicieron alusión a que la institución habría actuado con despropósito al aplicar la normativa educacional versus las infracciones encontradas en las visitas.
En lo que va del 2013 la institución ha realizado casi 800 visitas inspectivas a través de 9 programas ejecutados. Villagrán manifestó que la preocupación de los sostenedores por el rol de la Superintendencia no radica en las fiscalizaciones sino en el monto de las multas, ya que antes se cobraban en Unidades de Subvención Escolar (USE) cuyos cálculos y aplicación de factores no superaban los dos millones de pesos, sin embargo hoy las multas se aplican en Unidades Tributarias Mensuales (UTM). «Los legisladores consignaron como medida remedial aumentar el piso de las multas para mejorar el comportamiento de los sostenedores», precisó el director.
Para la autoridad las «reglas del juego» han sido explicadas en reiteradas ocasiones y señala que sólo dos de los quince alcaldes han participado junto a sus equipos en las capacitaciones. «La ley nos faculta para fiscalizar a todos los establecimientos, pero nos hemos propuesto como institución informar y tener las puertas abiertas para todos» señaló.
Se han entregado herramientas de mejora a los diferentes miembros de la comunidad escolar convocando a los sostenedores y directivos de los establecimientos subvencionados y particulares, capacitándolos respecto de la normativa educacional –que no es nueva- contenida en las circulares 01 y 02 respectivamente. Estas imparten instrucciones en materias relacionadas con los requisitos, registros, plazos y exigencias que deben cumplir los establecimientos para mantener el reconocimiento oficial del Estado. Ambos documentos constituyen un esfuerzo de la institución ya que interpretan más de 54 leyes de educación, cuyas versiones actualizadas están a disposición de los ciudadanos en la página www.supereduc.cl y www.comunidadescolar.cl
Como «errores conceptuales» calificó Alfredo Villagrán algunos argumentos esgrimidos por los ediles aclarando que el levantar un acta tipo C (inspecciones que indican irregularidades) no implica una multa, sólo abre un proceso administrativo, es decir, una investigación a cargo de los fiscales de la Unidad Jurídica del organismo.
