A un año de las largas listas de espera en el penal de Huachalalume, la región se convirtió en piloto nacional de un programa que articula a seis instituciones para agilizar los traslados de imputados y condenados con trastornos mentales.
Por años, los internos con enajenación mental de la región de Coquimbo quedaban atrapados en un limbo judicial: evaluaciones que no llegaban, cupos que no aparecían y un penal de Huachalalume que no estaba preparado para darles el tratamiento que requerían. Pero ese escenario cambió.
Porque gracias a la formación -el año pasado- de la Mesa Regional de Psiquiatría Forense (Defensoría Penal Pública, el Servicio de Salud, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, el Servicio Médico Legal, el Ministerio Público y el Poder Judicial), hoy quienes cometen delitos bajo un cuadro de salud mental ya no queden abandonados en el sistema.
Y quedó de manifiesto a mediados de junio cuando la defensora penal pública Inés Rojas viajó hasta Putaendo, en la región de Valparaíso, para reunirse con el equipo multidisciplinario del Hospital Philippe Pinel. ¿El objetivo? Revisar todos y cada uno de los casos de las personas que están en internación provisional y las que están sujetas a medidas de seguridad “para ver su situación de salud y coordinar las acciones pertinentes que deban realizarse en el futuro”, explicó.
Un cambio que se veía imposible
Lo que más valora la defensora no son los números, sino el cambio de actitud institucional. “Lo que más destacamos es la coordinación y el compromiso de todas las instituciones para sacar adelante algo que se veía tan difícil hace un año”, dijo.
Y es que el panorama previo era desalentador, ya que los internos con trastornos mentales esperaban meses -a veces más- en el complejo penitenciario de Huachalalume, sin acceso a tratamientos especializados. Esa espera, en algunos casos, tuvo consecuencias fatales.
“Tuvimos un caso de un joven que había ingresado al hospital penal y murió electrocutado. No había ingresado hace mucho tiempo cuando pasó esto. No estaba en las listas de espera, sino que estaba esperando su evaluación”, recordó.
12 casos activos
Actualmente, son cerca de 12 las personas -hombres y mujeres- que están bajo la atención del Philippe Pinel, ya sea en internación provisional o sujetas a medidas de seguridad. Todas provienen de tribunales de la región de Coquimbo.
“Gracias a las coordinaciones que se han hecho y principalmente al compromiso que han tenido todas las instituciones relacionadas con este tema, se ha podido gestionar que los ingresos al centro Philippe Pinel hayan sido más rápidos”, destacó.
Detalló que el programa contempla dos modalidades de trabajo. Por un lado, una reunión online mensual en la que participa un médico del centro psiquiátrico junto al Servicio de Salud de Coquimbo. Por otro, una visita presencial al menos una vez al año para revisar todos los casos en terreno y gestionar requerimientos con las familias.
“También hacemos una visita para poder gestionar requerimientos, coordinación con la familia y temas que ellos necesiten”, agregó.
Un punto clave que la defensora se encargó de aclarar es que el paso por el Philippe Pinel no equivale a una condena, “puesto que no es una condena, sino que es un tiempo que a ellos se les da para que sean estabilizados y se les entregue su tratamiento”, explicó.
Explica que el período de internación depende del tipo de delito y del nivel de peligrosidad de la persona. Pero si los especialistas determinan que el paciente no representa un riesgo, podría salir incluso antes del plazo fijado por el tribunal.
“Eso obviamente tiene que ser debatido en el tribunal, donde deben presentarse antecedentes y podría ser un tiempo previo, porque lo que se busca acá es recuperar la salud de las personas”.

Sin embargo, una vez que cumplen su medida de seguridad o son dados de alta, las opciones son variadas.
“Primero se busca la familia, si es que lo puede recibir. Y si no, hay distintos centros que están a disposición por parte de la red pública de salud, donde las personas podrían ingresar en algunas residencias protegidas, donde puedan finalmente también seguir recibiendo atención ambulatoria”, puntualizó.
Mientras esperan el informe médico, estos internos son derivados a un módulo especial en el penal, que fue acondicionado por Gendarmería para que estén en mejores condiciones.

































