
La investigación —que nace tras la detención de un médico que emitió más de 27 mil licencias— incluye a una trabajadora municipal de Monte Patria y a una funcionaria del SLEP Elqui. En la región se detectaron 772 casos de uso irregular entre 2023 y 2024.
Por Joaquín López Barraza
La investigación por el uso fraudulento de licencias médicas en el sector público sigue escalando y ya tiene ramificaciones directas en la Región de Coquimbo. Al menos dos funcionarias públicas de la zona figuran entre los 81 trabajadores del Estado que serán formalizados por la Fiscalía Metropolitana Oriente por salir del país o asistir a casinos mientras se encontraban con licencia médica.
Se trata de una funcionaria de la municipalidad de Monte Patria y otra del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui, quienes aparecen en el listado de beneficiarios de licencias médicas presuntamente obtenidas de manera fraudulenta, en una causa que se origina tras la detención de un médico acusado de emitir más de 27 mil permisos médicos entre 2021 y 2024.
Un fenómeno con fuerte impacto regional
Según antecedentes oficiales, en la Región de Coquimbo se registraron 772 casos de uso irregular de licencias médicas entre 2023 y 2024, cifra que se enmarca en un fenómeno de alcance nacional, pero que a nivel regional vuelve a instalar el debate sobre control, fiscalización y responsabilidad administrativa.
La causa tiene su origen en un informe de la Contraloría General de la República, que en mayo de este año reveló que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras se encontraban con licencia médica, tras el cruce de datos entre la Policía de Investigaciones (PDI), los registros de funcionarios del Estado y las licencias emitidas en ese período.
Desde entonces, la cifra no ha dejado de crecer, al incorporarse nuevos antecedentes que dan cuenta de funcionarios que, estando con licencia, también acudieron a casinos de juego, lo que configuraría un uso fraudulento del beneficio.
El médico y la red de licencias
El foco inicial de la investigación está en Leonardo González Castro, médico detenido a comienzos de noviembre por la PDI y actualmente en prisión preventiva. El facultativo es investigado por la emisión masiva de licencias médicas, muchas de ellas gestionadas de manera online y a cambio de pagos.
Para dimensionar el volumen del caso, mientras un médico emite en promedio 180 licencias al año, González Castro llegó a superar las 1.600 solo en junio de 2024, convirtiéndose en el mayor emisor de licencias del país ese año.
Con el médico formalizado, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, encabezada por el fiscal Álvaro Pérez Galleguillos, puso el foco en los denominados «beneficiarios» de estas licencias, es decir, los funcionarios públicos que las habrían utilizado de manera irregular.
Las funcionarias de Coquimbo
De acuerdo con documentos judiciales, entre las personas que serán formalizadas figuran Jimena Karinne Farías Cortés, funcionaria de la municipalidad de Monte Patria, y María Soledad Cortez Carreño, trabajadora del SLEP Elqui. En ambos casos, no se detallan públicamente las funciones específicas que desempeñan.
El listado de los 81 funcionarios incluye, en su mayoría, docentes, administrativos, TENS y choferes, sin altos cargos jerárquicos, y se concentra en determinadas instituciones públicas. A esta nómina se sumará además otro grupo de 237 empleados públicos, que serán formalizados en una causa paralela ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, vinculada a la compra de licencias emitidas por seis médicos extranjeros.
Municipio de Monte Patria ya inició sumarios
Desde el ámbito local, el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera, confirmó que el municipio ya activó los procedimientos administrativos correspondientes, en línea con las instrucciones de Contraloría.
«Lo primero es lamentar profundamente este tipo de conductas y delitos, que corresponden a una sola funcionaria, que está de mucho antes que nosotros asumiéramos, pero que termina enlodando injustamente a todos los funcionarios públicos de nuestro municipio que realizan una tremenda labor», señaló.
Herrera explicó que el municipio ya formuló cargos administrativos y que actualmente los procesos se encuentran en etapa de apelaciones.
«Como municipalidad hemos realizado todas las acciones que nos ha instruido la Contraloría. Ya se formularon los cargos, particularmente respecto de funcionarios que viajaron al extranjero con licencias médicas, y hoy nos encontramos en la etapa de apelaciones», indicó.































