Fiscalía acusa un perjuicio cercano a los $762 millones en la Corporación Gabriel González Videla. En el inicio de este proceso, las defensas reconocieron emisión de boletas y recepción de dinero, pero descartaron organización ilícita y lavado de activos.
Este lunes comenzó en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena el juicio oral contra 13 acusados por el millonario fraude que afectó a la Corporación Gabriel González Videla, causa en la que la Fiscalía Regional de Coquimbo acusa delitos que habrían provocado un perjuicio cercano a los $762 millones.
Durante la primera jornada, el Ministerio Público y los querellantes expusieron una teoría de caso basada en la existencia de una presunta estructura organizada que habría operado mediante boletas ideológicamente falsas, triangulación de dinero y lavado de activos. La lectura de la acusación se extendió por cerca de dos horas y abordó delitos como fraude al fisco, asociación ilícita, lavado de activos y falsificación o uso malicioso de instrumento público.
En la misma causa ya existen nueve personas condenadas en el Juzgado de Garantía de La Serena: Cinco por obtención fraudulenta de recursos del Estado, una por estafa y tres por fraude al fisco.
El fiscal SAC de la Región de Coquimbo, Carlos Vidal, sostuvo que «lo que se ha imputado es que estas personas no realizaron defraudaciones mes a mes en forma aislada, eso que parece algo absolutamente fácil de deducir», señaló, agregando que la trazabilidad permitió esclarecer «los líderes de la organización y cómo se distribuyen las altas sumas de dinero defraudadas».
Al final de la jornada, el abogado querellante de la Municipalidad de La Serena, sostuvo que las defensas intentaron bajar el perfil jurídico de los hechos investigados. «Han querido moderar las interpretaciones jurídicas señalando que son delitos menores, casi como si 700 millones de pesos fueran una bicoca, que son remisibles y perdonables, así que está sembrado el debate», agregando que se están solicitando altas penas para los principales imputados que se acercan a 10 años por cada uno de los posibles delitos.
Sin embargo, gran parte de las defensas coincidieron en cuestionar la tesis del Ministerio Público, particularmente respecto a los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
Uno de ellos fue Carlo Silva, abogado de Carlos Rodríguez, quien explicó que «estamos reconociendo una conducta que nuestro defendido realizó con la emisión de ciertas boletas, pero creemos que eso podría llevar a un reproche mínimo en relación a la acusación que está planteando el Ministerio Público».
El defensor agregó que, a su juicio, la Fiscalía elevó la gravedad jurídica de los hechos. «Normalmente lo hace y entendemos que tiene que ver justamente con la intención de buscar un mayor reproche en casos tan importantes como este de connotación pública, pero en la realidad hemos llegado a este tribunal para que pueda adjudicar un reproche conforme a la realidad».
Posturas similares tuvieron otras defensas. Pedro Ortusteguy, representante de Nicole Cadena, ex coordinadora del Departamento de Salud y su pareja, Cristian Muñoz, sostuvo que la Fiscalía realizó «una acusación jurídica excesiva», intentando encuadrar los hechos en delitos como fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita criminal.
Durante su alegato, afirmó que la corporación municipal es una entidad de derecho privado y que sus trabajadores se rigen por el Código del Trabajo, por lo que — a juicio de la defensa — no corresponde atribuir automáticamente calidad de funcionario público a Nicole Cadena. Además, aseguró que Cristian Muñoz «no ejercía ninguna función» dentro de la corporación y que su eventual participación correspondería, a lo sumo, a una colaboración secundaria.
Ortusteguy también cuestionó la imputación por lavado de activos, argumentando que los dineros investigados fueron depositados en cuentas corrientes personales, sin mecanismos de ocultamiento. «No existe nada más contraintuitivo que ocultar o disimular dineros ilícitos depositándolos en la propia cuenta corriente personal».
En la misma línea, Román Zelaya, defensor de Bélgica Guerra y Marcos Seura, afirmó que la Fiscalía llevó a juicio «una acusación mucho más grande de la que debió haber llegado», cuestionando la multiplicidad de delitos imputados. En el caso de Guerra, planteó que eventualmente existiría una «estafa residual», pero no lavado de activos ni asociación ilícita.
Zelaya también cuestionó que el fraude investigado sea vinculado directamente al déficit financiero de la corporación. «Vincular el déficit de la corporación a este fraude nos parece completamente desproporcionado», afirmó durante su intervención.
Otras defensas coincidieron en señalar que varios imputados no eran funcionarios públicos, sino personas externas que facilitaron cuentas bancarias o claves tributarias, por lo que solicitaron recalificar los hechos a delitos menos graves como estafa residual u obtención fraudulenta de remuneraciones.
