Luego de que siete imputados quedaran en prisión preventiva por tráfico y lavado de activos, el Ministerio Público advirtió que el análisis de las evidencias podría revelar más nexos. Son 120 días para indagar una estructura que operó por más de dos años al interior del recinto.
Por René Martínez Rojas
Al final, 16 personas fueron detenidas el martes de madrugada y tras dos días de extensa formalización (jueves y viernes), siete quedaron en prisión preventiva, de ellos cuatro – de cinco- funcionarios de gendarmería.
Sin embargo, lo que se investiga como una presunta red de tráfico de drogas y corrupción al interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel, seguramente tendrá un desenlace aún más complejo. Esto, porque mientras dure la indagación, es probable que existan más involucrados, aseguró ayer desde el penal de Huachalalume el fiscal regional Patricio Cooper, acompañado de la PDI y Gendarmería.
Y claro, la unión de las tres instituciones tenía un mensaje claro: «Estamos aquí porque fue un trabajo en conjunto y el resultado ha sido exitoso. Tenemos muchos teléfonos incautados, así que creemos que en esta investigación vamos a tener más información y quizás más personas involucradas», sostuvo.
Lo cierto es que la investigación liderada por el Ministerio Público y el equipo ECOH logró trazar el funcionamiento de la banda desde el año 2022, con una estructura que era «didáctica» en su jerarquía: proveedores externos entregaban la droga a un intermediario, quien coordinaba con los gendarmes el ingreso al penal. Una vez dentro, los funcionarios utilizaban su autoridad para facilitar el paso de las sustancias, las cuales eran distribuidas por internos previo pago.
Según explicó el fiscal regional, la jueza del caso fue enfática al señalar que los imputados «mercantilizaron sus cargos», permitiendo que el CDP de Illapel se transformara en un centro de distribución.
Vehículos de alta gama
Uno de los puntos clave que permitió acreditar el delito de lavado de activos fue el incremento patrimonial de los uniformados involucrados. Esto, porque la investigación demostró que las remuneraciones propias del servicio no guardaban relación con el nivel de vida que ostentaban.
«Eso fue parte por lo cual se dio acreditado el delito de lavado de activos respecto a cuatro de los cinco gendarmes. Porque de acuerdo a las remuneraciones que tenían, no se condecía con diversas compras o bienes muebles o transacciones que tenían», detalló el fiscal Cooper, subrayando que este fue el pilar para acreditar la figura de lavado.
Y solo poner un ejemplo, «adquirían vehículos de 30 millones de pesos, que era prácticamente imposible adquirir, y se acreditó en la investigación…».
Desde Gendarmería, el director regional, coronel Francisco Bravo, destacó que la detección de esta red es fruto de los propios procesos de inteligencia interna de la institución.
«Este resultado fortalece el espíritu ético y la transparencia. Gendarmería está revisando constantemente sus protocolos», sostuvo.
Bravo confirmó que, tras tomar conocimiento de las detenciones, el Director Nacional aplicó la facultad de desvinculación inmediata. «Se dictaminó un sumario, pero se aplicó el decreto de expulsión para estas personas que se alejaron de la estructura fundamental y ética de la institución».
120 días y más involucrados
Pese al éxito de la operación —que contó con una fase previa en mayo donde se detuvo a quienes suministraban la droga—, las autoridades advierten que el caso está lejos de cerrarse.
Con decenas de teléfonos incautados y tras el análisis de los sitios del suceso en distintas ciudades de la región, el prefecto inspector de la PDI, Javier González, señaló que los próximos 120 días de investigación serán cruciales.
«Serán cuatro meses de investigación, por lo tanto, todos los elementos encontrados en los sitios del suceso serán relevantes para poder confirmar y avanzar en la identificación de nuevos integrantes y más pruebas para la investigación».
