El inspector Ariel Cáceres describió las diligencias realizadas en domicilios de los imputados tras las órdenes de detención de enero de 2025. Durante la jornada también se incorporaron antecedentes laborales, bancarios y administrativos asociados a la acusación
Por: Valentina Echeverría O.
Con la continuación de la incorporación de prueba documental y una nueva declaración policial presentada por la Fiscalía, este martes el juicio oral por el presunto fraude al interior de la Corporación Municipal Gabriel González Videla continuó avanzando hacia su etapa final ante el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena.
La jornada comenzó con la declaración del inspector Ariel Cáceres, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, quien participó en diligencias investigativas encabezadas por la comisario Marcela Gómez tras las órdenes de detención ejecutadas en enero de 2025.
El funcionario detalló distintas diligencias efectuadas en domicilios de los acusados, así como la incautación de teléfonos celulares, computadores, vehículos, dinero en efectivo y documentación considerada de interés para la investigación. Entre ellas, mencionó el procedimiento realizado en el domicilio de Nicole Cadena y Cristian Muñoz en la comuna de Colina, donde se incautaron tres teléfonos celulares iPhone, tres computadores portátiles y $480 mil en efectivo.
Cáceres explicó que los procedimientos se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos de la Región de Coquimbo y también en la Región Metropolitana, instancia en la que varios de los imputados fueron detenidos y sometidos a diligencias como tomas de muestras caligráficas, además de la incautación de especies consideradas relevantes para la investigación.
Finalizado el testimonio, la Fiscalía continuó con la incorporación de prueba documental vinculada a varios de los acusados. Durante gran parte de la jornada se dio lectura a informes de actividades, boletas de honorarios, certificados bancarios de pago, contratos laborales, anexos y finiquitos, antecedentes que forman parte de la acusación presentada por el Ministerio Público.
Entre los documentos incorporados se encuentran antecedentes asociados a los 13 imputados, respecto de quienes la Fiscalía busca acreditar pagos efectuados entre 2020 y 2021 mediante boletas de honorarios, así como los respaldos administrativos y bancarios correspondientes.
La incorporación de estos antecedentes ocurre luego de varias semanas de audiencias marcadas por peritajes contables, análisis financieros y testimonios policiales. En las últimas jornadas, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) expuso ante el tribunal una serie de movimientos bancarios, transferencias y operaciones que, según la investigación, permitieron seguir la ruta de parte de los recursos cuestionados en la causa.
Con más de tres semanas de juicio oral, la causa comienza a dejar atrás las declaraciones periciales más extensas presentadas por la Fiscalía para dar paso a pruebas de la defensa. Aunque el calendario se ha prolongado más allá de lo previsto inicialmente, el proceso ya se aproxima a las etapas finales.
