El Servicio Nacional presentó seis documentos ante la Fiscalía por el presunto delito de tráfico ilícito de migrantes. La acción apunta a 12 adultos que ingresaron reiteradamente con grupos de hasta 18 menores bajo una falsa premisa de reunificación familiar.
Un preinforme reservado de la Contraloría General de la República, publicado el 15 de junio, desató una tormenta política y judicial que hoy mantiene en vilo a las autoridades migratorias y de seguridad.
La investigación revela que cientos de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana ingresaron a Chile durante 2025 en vuelos chárter autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), pero bajo condiciones que hoy son calificadas como constitutivas de delito.
Ante la gravedad de los hallazgos, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público por el eventual delito de tráfico ilícito de migrantes de carácter reiterado. La denuncia se sustenta en seis documentos que detallan un preocupante modus operandi: al menos 12 adultos —tanto chilenos como extranjeros— habrían actuado como “supuestos adultos responsables” para ingresar grupos de entre 2 y 18 menores cada uno.
Paradero desconocido
Las fiscalizaciones conjuntas confirmaron que estos adultos no poseían consanguineidad ni vínculos familiares reales con los menores. Además, se detectó la ausencia de las autorizaciones legales obligatorias exigidas por el artículo 28 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.
Mientras diversos parlamentarios denuncian que muchos hoy no tienen paradero conocido, desde el Ejecutivo el discurso ha sido de cautela. Esto, porque el ministro de Defensa, Fernando Barros, salió al paso de las críticas señalando que “no hay ningún antecedente de que estos niños estén desaparecidos o perdidos”.
No obstante, la denuncia del Sermig insiste en que las conductas descritas vulneran directamente el interés superior del niño.
Respaldo desde la región
La repercusión del caso llegó rápidamente a la zona. El director regional del Sermig en Coquimbo, Ricardo Sprohnle, respaldó tajantemente la acción judicial iniciada por el nivel central.
“La denuncia penal presentada por nuestro Servicio, refleja el compromiso institucional con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y con el resguardo de la legalidad en materia migratoria”, señaló Sprohnle.
El directivo regional fue enfático en señalar que “cuando existen antecedentes que podrían constituir un delito y sobre todo de esta gravedad, corresponde ponerlos a disposición del Ministerio Público para que sean investigados con la máxima rigurosidad. Como institución, seguiremos colaborando con todas las autoridades competentes para fortalecer una migración segura, ordenada y regular”.
De hecho, precisa la acusación que los antecedentes sobre el ingreso al país de los menores, resulta en una vulneración “de los derechos y el interés superior del niño. Por ello, este Servicio estima que las conductas descritas configuran el delito de tráfico ilícito de migrantes de carácter reiterado, previsto en el artículo 411 bis del Código Penal y apunta a los adultos acompañantes, aerolíneas, agencias de viajes y a quienes resulten responsables”.
