El presidente provincial del gremio, Jaime Ramírez, cuestionó duramente la agenda de flexibilidad laboral y la «megarreforma» tributaria, asegurando que las medidas apuntan a favorecer a los sectores de mayor patrimonio mientras se precariza el empleo y se debilita el poder adquisitivo de los trabajadores.
Por René Martínez Rojas
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de la Provincia de Elqui ha manifestado su preocupación ante la dirección de la agenda laboral y económica que impulsa el Ejecutivo.
Según Jaime Ramírez, presidente provincial de la multigremial, el escenario actual sugiere un retroceso en derechos ganados, donde conceptos como «empleabilidad» y «flexibilidad» estarían encubriendo una precarización del mercado del trabajo.
«Hemos planteado nuestra preocupación desde la CUT nacional y las provinciales respecto a esta famosa ‘megarreforma’, que en el fondo es una reforma tributaria para privilegiar y beneficiar al 1% más rico de la población a través de la baja de impuestos», sostuvo. Para el dirigente, esta reducción en la recaudación fiscal se traduce directamente en ajustes presupuestarios que ya están impactando los servicios públicos.
De hecho, el malestar ya ha comenzado a materializarse en una estructura de defensa territorial. Según explicó, las organizaciones se están reagrupando por sectores para enfrentar lo que consideran un inminente desmedro en la calidad de los servicios y en las condiciones contractuales.
«Justamente se está terminando una reunión a nivel nacional para crear las territoriales de la salud, en que todos los trabajadores, los gremios de la salud, se están agrupando para defender lo que tiene que ver con su empleo, con los servicios que se prestan a la población, no solamente el empleo. Siempre hemos dicho que las movilizaciones en salud no son solo por reivindicaciones propias, sino por mejorar las condiciones para los usuarios», enfatizó Ramírez, confirmando que tanto el área de la salud como la de educación se encuentran en etapa de «alerta de movilización».
Uno de los puntos más críticos es el avance hacia la flexibilidad laboral. Ramírez advierte que, lejos de ser un beneficio mutuo entre empleador y trabajador, la balanza se inclina hacia los intereses de las grandes empresas.
«Si uno pudiera entender que la flexibilidad es para ambas partes, podría entender un poco el proceso, pero generalmente aquí la flexibilidad se va para un solo lado. Entonces se precariza el empleo para facilitar el manejo de las grandes empresas, principalmente en las que puedan contar con trabajadores prácticamente 24/7. Es un tema que tenemos que ir evaluando y viendo cómo lo vamos a enfrentar», explicó.
Sueldos bajo la línea de la pobreza
Respecto a la discusión económica, fue claro en rechazar que los reajustes del sector público se limiten únicamente a la variación del IPC. Para el gremio, el objetivo de una negociación colectiva debe ser el mejoramiento real de las condiciones y no solo la recuperación del poder adquisitivo perdido por la inflación.
En esa misma línea, criticó el reciente ajuste del salario mínimo aprobado por el Parlamento.
«Con el alza de los combustibles el salario mínimo que había tenido un alza importante durante el gobierno anterior, histórica, perdió su poder adquisitivo rápidamente, entonces lo mínimo que se podría haber hecho era haberlo mejorado más. Aquí lo que se requiere es tener un salario que por lo menos sea suficiente para que una familia pueda vivir y salir de la línea de la pobreza».
El dirigente lamentó que, bajo la óptica de la actual administración, «en Chile no basta con trabajar para salir de la pobreza», asegurando que como gremio mantendrán su estado de vigilancia frente a proyectos que busquen «cercenar beneficios históricos y derechos que se han ido ganando en el tiempo…».
