Durante el Concejo, equipos jurídicos informaron el estado de las acciones por presuntos sobreprecios, uso irregular de recursos públicos, administración desleal y cotizaciones previsionales impagas, que involucran a ex directivos y ex autoridades, además de una deuda superior a los $44 mil millones.
Por: Valentina Echeverría O.
Aunque el juicio oral por el fraude detectado en el Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla conocerá su sentencia este 11 de julio, las investigaciones penales están lejos de concluir. Así lo informaron este miércoles los equipos jurídicos de la Municipalidad y de la Corporación durante una exposición ante el Concejo Municipal, donde actualizaron el estado de las causas y las nuevas diligencias que continúan desarrollándose junto al Ministerio Público.
El abogado querellante de la Municipalidad, Adrián Vega, explicó que las investigaciones se sustentan en dos pilares. «Tenemos dos anclas en las investigaciones de los dineros de la Corporación. La primera es el Informe 589 de Contraloría General de la República, que detectó observaciones administrativas y financieras; y la segunda es la ley de especificidad del gasto, que nos permite analizar si los recursos fueron utilizados para los fines que establece la normativa», declaró.
Por su parte, el abogado de la Corporación, Gonzalo Pinochet, precisó que el juicio oral abordó solo una parte del denominado fraude en Salud. «Lo de Salud no ha terminado. Ha terminado la primera causa», afirmó, precisando que el fiscal «separó las investigaciones y creó dos nuevas. Esto porque este juicio fue por boletas ideológicamente falsas, pero también han habido otros hallazgos que abren otras aristas penales».
Nuevas líneas de
investigación
Durante la exposición también se abordó el estado de otras investigaciones derivadas de la causa principal.
Una de ellas corresponde a una ampliación de querella contra Telmar SpA, empresa que prestó servicios de guardias de seguridad y televigilancia mediante contratos que superan los $2.056 millones. Según los abogados, se investigan eventuales sobreprecios y la contratación de guardias sin acreditación OS10.
Otra ampliación se relaciona con el uso de fondos de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y la contratación de servicios de asistencia técnica educativa (ATE), entre ellas Excelencia Educativa para Chile, cuyo contrato alcanzaba cerca de $480 millones anuales. La investigación busca establecer posibles irregularidades en pagos, contratación de honorarios y utilización de recursos destinados al mejoramiento educativo.
Asimismo, informaron que ampliaron la querella por un eventual delito de administración desleal contra ex alcalde, Secretarios Generales entre el periodo de 2015-2024 y ex Directora de Educación.
En tanto, otra investigación apunta a LinkTeck SpA, empresa que obtuvo un contrato por $29,7 millones para modernizar sistemas de seguridad del Colegio Algarrobito. Según se expuso, el trato directo se respaldó con tres cotizaciones, dos de las cuales habrían sido falsas.
«Los delitos que se están investigando aquí son falsificación de instrumento público, falsificación de instrumento privado, uso malicioso de instrumento privado y eventual fraude al fisco y estafa», detalló Pinochet.
Asimismo, señalaron otro de los focos donde se investiga el origen de la deuda por más de $44 mil millones en cotizaciones previsionales, buscando determinar por qué se priorizaron pagos a determinados proveedores mientras esa obligación seguía aumentando.
«Vamos a seguir»
Tras la exposición, la alcaldesa Daniela Norambuena sostuvo que estas investigaciones permiten explicar parte de la compleja situación financiera heredada por la ex Corporación. «Lo que aquí se hizo fue jugar con los recursos de la salud y la educación», afirmó.
La jefa comunal aseguró que el municipio continuará impulsando las acciones judiciales que correspondan. «Nosotros no vamos a ser cómplices de nadie ni de nada. Vamos a persistir y perseguir todas las acciones judiciales que correspondan».
