La apuesta del Poder Ejecutivo para modernizar el estado y los empleos públicos es una discusión abierta, sin embargo, inicia con un comité cerrado y sin participación del mundo municipal, alegan alcaldes de la zona.
La urgencia del encuentro surge tras el reciente anuncio del Ejecutivo sobre la creación de la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público, instancia integrada por 12 especialistas del ámbito académico, privado y del derecho administrativo. Pese a que este comité técnico tiene la tarea de asesorar al Ministerio de Hacienda en la reforma al estatuto administrativo y la gestión de las personas en el sector público, la mesa de expertos prescindió por completo de representantes del mundo municipal, omitiendo la realidad y particularidades de los gobiernos locales de todo el país.
Ante esta situación, las autoridades y gremios comunales de la Región de Coquimbo remarcaron que no es posible discutir la función pública ni la modernización institucional sin la mirada territorial de quienes atienden directamente las necesidades de la ciudadanía.
El alcalde Alí Manouchehri dijo que «el ministro Quiroz en conjunto con el gobierno han planteado la posibilidad de que un comité de expertos, en donde no están incluidas las municipalidades, busquen modernizar todo el sistema de las municipalidades. Nosotros no estamos de acuerdo, el municipalismo tiene que estar integrado en esta mesa. Por lo mismo, junto con todos nuestros compañeros, colegas, alcaldes, alcaldesas, concejales y los gremios muy pronto sacaremos una resolución conjunta, para poder avanzar en que sí se modernice y sí se optimicen los recursos públicos, pero que también se resguarde la lucha que han dado los trabajadores municipales, que están en las emergencias y están en el día a día», apuntó.
Se espera que, dentro de los próximos días, la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo y los gremios de funcionarios municipales formalicen el documento que fue entregado en la comisión, pues será parte de la propuesta formal al Poder Ejecutivo, exigiendo que la opinión del municipalismo sea considerada en reformas que precisamente afectará al sistema público y sus empleados.
