En su discurso la Presidenta Bachelet anunció que en una primera etapa 8.000 trabajadores a honorarios del sector público del nivel central pasarán a contrata. Las dudas quedan respecto a qué se refiere con “nivel central”, además cuánto demorará el proceso total para los 36 mil empleados a honorarios que existen en el gobierno, más los otros miles que están en municipios.
Desde antes de que se conociera el mensaje presidencial, los dirigentes de la CAT buscaban un espacio para alertar sobre la situación de precariedad laboral de los trabajadores a honorarios, que en muchos casos permanecen durante años realizando una función permanente, sin contar con ninguna garantía laboral ni derecho previsional ni de salud.
Más todavía con el reciente fallo de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia que dio la razón a un trabajador de la municipalidad de Santiago que fue despedido después de 4 años de trabajos a honorarios, a quien se le reconoció el vínculo laboral, condenando al municipio a pagar $14 millones por derechos laborales impagos, multas e intereses. El fallo fue inédito y significativo puesto que fue una sentencia de unificación, que zanjó los distintos criterios existentes en tribunales respecto a un mismo asunto, por lo tanto, fijando un criterio claro respecto a casos similares.
Para los dirigentes de la Central Autónoma de Trabajadores, CAT, Aliro Chamorro y Jorge Aracena, junto al asesor jurídico Rodrigo Vergara, si bien es la tercera sentencia de este tipo, la implicancia de esta última es enorme, ya que abre paso para que miles de trabajadores puedan tener una esperanza respecto al respeto de sus derechos. “La forma en que se han mantenido los trabajadores públicos es una transgresión flagrante de la legislación. Es un problema transversal al que hay que ponerle término ya. Hay trabajadores de la salud, de educación, del gobierno, de los ministerios y reparticiones públicas con más de 10 años boleteando, en absoluta precariedad laboral. Vale la pena preguntarse con qué moral el Estado puede exigir que los empresarios cumplan si ellos mismos faltan a la ley laboral”, aseguraron.
Respecto al anuncio de la ¨Presidenta, si bien lo valoran y señalan que es positivo, lo consideran también absolutamente insuficiente, puesto que tan sólo en el gobierno se estima que existen en más de 35 mil trabajadores a honorarios y en los municipios existe un número indeterminado, que en muchos casos sobrepasa el 50% del total de la dotación comunal, aunque la ley permite sólo el 20%.
Además indican que respecto al anuncio surgen muchas dudas, ya que hace referencia a trabajadores del gobierno central, sin especificar a qué se refiere con eso, si a los que trabajan en Santiago, a los que trabajan en los ministerios o si alcanza a intendencias y personal de regiones. Tampoco se aclara qué pasará con los miles de trabajadores a honorarios de los municipios, como el caso que recientemente ganó en el fallo de la Corte Suprema. “El anuncio tampoco clarifica cuáles serán los plazos para terminar con esta ilegalidad del propio gobierno”, finalizaron.
