Organizaciones locales, lideradas por la Corporación 20 de Octubre y el sitio Memoria Casa de Piedra, solicitarán una audiencia con la ministra de la Corte de Apelaciones, Gloria Negroni, para entregar un documento preventivo ante beneficios a criminales de lesa humanidad y exigir el resguardo de sitios de memoria.

Ante la incertidumbre generada por posibles anuncios de indultos políticos a nivel nacional, diversas agrupaciones de derechos humanos de la comuna de La Serena han conformado una mesa de trabajo autónoma con un objetivo claro: intentar evitar que condenados por crímenes de lesa humanidad accedan a beneficios carcelarios.

La iniciativa surge como respuesta directa a una alerta emitida por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quienes a través de una carta pública manifestaron su preocupación por el rumbo de las políticas de derechos humanos y la protección de los sitios de memoria en el país.

Piero Santoro, periodista y miembro de la Corporación 20 de Octubre y del sitio Memoria Casa de Piedra, explicó que la conformación de esta mesa busca adelantarse a eventuales decisiones administrativas o judiciales que puedan derivar en impunidad.

«Nace esta iniciativa de adelantarnos y prevenir incluso al mismo sistema judicial de que no caiga en negligencia. Queremos que los indultos políticos a criminales de lesa humanidad, tanto en dictadura como en tiempos de democracia, como lo vivimos hace poco durante el estallido social, no ocurran», señaló Santoro.

Por lo mismo, el primer paso concreto de esta mesa será solicitar una entrevista formal con la ministra y presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Gloria Negroni, cuyo propósito es entregarle un documento técnico y político que aborda la problemática de los indultos y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran actualmente las políticas de reparación y memoria.

«Como son políticas y temáticas a nivel nacional, estamos con la incertidumbre y por eso es que nace esta mesa para saber qué va a suceder y quisimos de adelantarnos para que –ojalá- los indultos políticos a criminales de lesa humanidad, tanto en dictadura como en tiempos de democracia, como lo vivimos hace poco durante el estallido social, no ocurran», agregó.

Para las organizaciones, el resguardo de lugares como «Casa de Piedra» es fundamental dentro de esta estrategia, vinculando la protección física de la historia con la integridad de las condenas judiciales.

Desde la mesa de trabajo enfatizaron que su carácter es autónomo y que buscan establecer un canal de comunicación con el poder judicial para «trabajar en conjunto» en la prevención de cualquier medida que debilite la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos.