Por Joaquín López Barraza
El delegado presidencial regional, Víctor Pino, fue el invitado especial del capítulo 200 del programa Mira Quién Habla, transmitido por Radio Guayacán. Durante la entrevista, la máxima autoridad regional abordó el delicado episodio ocurrido el pasado miércoles 5 de agosto, cuando un exfuncionario percutó un arma de fuego frente al edificio del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en La Serena.
Consultado sobre la tardanza institucional en reaccionar, Pino intentó desmarcar la responsabilidad directa del mando y señaló que «cuando hay amenazas o delitos, cada funcionario público tiene el deber de informar o denunciar; eso es parte de lo que dice el Estatuto».
Asimismo, la autoridad confirmó que recién este martes —casi una semana después del ataque— la repartición formalizó acciones legales tras una reunión de emergencia: «Nosotros nos reunimos con el seremi en el MOP, junto con la seremi de Seguridad, Carabineros y PDI, y generamos una ronda preventiva (…) Ya están presentadas las denuncias; el seremi del MOP tiene que sumarse a la denuncia en este caso».
El Estatuto Administrativo
contradice a la autoridad
Sin embargo, los dichos del delegado presidencial contrastan con lo establecido por la propia legislación sobre empleo público.
El Artículo 90 del Estatuto Administrativo consagra expresamente que los funcionarios tienen derecho a que la institución persiga la responsabilidad criminal de quienes atenten contra su integridad corporal o su vida con motivo del desempeño de sus funciones.
Lejos de dejar la carga en las víctimas de forma individual, la norma estipula textualmente que «la denuncia será hecha ante el respectivo Tribunal por el jefe superior de la institución». Más aún, la ley explicita que ante atentados contra la vida o integridad física, la autoridad debe actuar de oficio para determinar responsabilidades administrativas, desmintiendo la premisa de que la responsabilidad recae en el trabajador que presenció el delito.
Críticas del PS por episodios
de violencia en Coquimbo
Las contradicciones en el MOP coinciden con los cuestionamientos de la dirigencia regional del Partido Socialista (PS) hacia el Gabinete por su manejo ante la delincuencia. La colectividad fustigó la respuesta de las autoridades locales frente a otro hecho de gravedad registrado hace más de 10 días: los disparos contra el edificio de la Municipalidad de Coquimbo.
El presidente regional del PS, Álvaro Valero, condenó la postura del Ejecutivo en la zona: «Se nos genera preocupación por los hechos de violencia que han ocurrido en el último tiempo. El Municipio de Coquimbo fue baleado y no hemos visto al delegado ni a la seremi de Seguridad. Generamos una condena unánime, porque no vamos a aceptar ningún hecho de amedrentamiento ni atemorizar a la población, porque en la política las diferencias se resuelven conversando, no amenazando ni agarrando a balazos a las instituciones», disparó el timonel socialista.
En esa línea, Valero recalcó que «afortunadamente, los hechos ocurrieron en la noche. Este es un episodio que busca generar miedo y amedrentar. En política podemos tener diferencias y son válidas, pero se resuelven a través del diálogo, no a través de balazos».
Gobierno defiende su postura:
«Tolerancia cero»
Frente a las recriminaciones de la oposición por la supuesta pasividad del Gabinete en la comuna puerto, el seremi de Gobierno, Darwin Cortés, salió al paso para respaldar las acciones emprendidas por el Ejecutivo.
«Nuestra posición ha sido tajante desde el primer momento: frente a hechos de violencia, tolerancia cero. Estamos respaldando el trabajo de las policías para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades», aseveró Cortés.
Respecto a la coordinación con las autoridades locales, el vocero remarcó que «este tipo de situaciones se abordan a través de las instituciones competentes y de las instancias de seguridad correspondientes. Lo importante es que el alcalde de Coquimbo, sus concejales y funcionarios municipales sepan que cuentan con todo el respaldo del Gobierno frente a cualquier acto de violencia o amenaza».
Finalmente, el vocero enfatizó que «no vamos a normalizar este tipo de hechos ni permitir que la violencia se transforme en una forma de presión. Las condenas son públicas y privadas, y nuestro foco está en que las instituciones actúen y los responsables respondan».
