El Juzgado de Garantía determinó que no existen antecedentes disponibles que permitan establecer de manera clara la inocencia del empresario. Fiscalía sostuvo que aún existen diligencias pendientes y antecedentes que presuntamente darían cuenta de su eventual participación en los hechos investigados.
Por: Valentina Echeverría O.
El Juzgado de Garantía de La Serena rechazó este marte la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa de Pablo Bracchitta, imputado por fraude al Fisco en el denominado caso Papaya Gate, por lo que continuará siendo investigado por su presunta participación en la compraventa de terrenos realizada con recursos del Gobierno Regional de Coquimbo.
La decisión fue adoptada por el magistrado Claudio Ayala, luego de que durante la jornada del lunes la defensa del empresario solicitará poner término definitivo a la persecución penal en su contra, argumentando que si participación se habría limitado a actuar como mandatario de las sociedades propietarias de los terrenos y que no habría tenido injerencia en la tramitación administrativa de la operación.
Inocencia no
establecida
Al comunicar su resolución, el juez explicó que para decretar un sobreseimiento definitivo su inocencia debe encontrarse establecida de manera clara. «El artículo 250 letra B del código procesal penal ordena decretar el sobreseimiento definitivo cuando pareciera claramente establecida la inocencia del imputado. La norma exige que ello se establezca de manera palmaria, indubitadamente, de modo que no basta con que los antecedentes de cargo aparezcan debiles».
En ese caso, el tribunal consideró que dicho estándar no se cumple. La investigación fue reformalizada durante septiembre, instancia en que se formalizó a un nuevo imputado y se fijó un plazo de 60 días para su cierre, el cual continúa vigente. A ello se suma una diligencia pendiente relacionada con el análisis de comunicaciones por correo electrónico.
En ese contexto, el juez sostuvo que «la investigación se encuentra vigente, con diligencias pendientes y subsiste una controversia fáctica sustancial con que el imputado intervino en la operación», lo que, agregó, «no permite afirmar su inocencia».
Fiscalía se opuso
El fiscal Ricardo Soto explicó que el Ministerio Público estuvo en contra durante la audiencia del lunes al sobreseimiento, precisamente por el estado actual de la investigación. «La Fiscalía se opuso señalando al tribunal que no se cumplen los requisitos requeridos, atendido que se encuentran diligencias pendientes, la causa está con plazo vigente a día de hoy, recientemente reformalizada y, además, se ha formalizado a un nuevo imputado en la causa».
Soto agregó que, a juicio del Ministerio Público, «existen antecedentes a día de hoy que dan cuenta de la eventual participación de don Pablo Bracchitta en los hechos por los que ha sido formalizado». A los argumentos de Fiscalía también adhirieron el Consejo de Defensa del Estado y la parte querellante.
Decisión de 2025
El tribunal también abordó la decisión adoptada en 2025, cuando no se impusieron medidas cautelares a Bracchitta. «Que la circunstancia de no haberse impuesto medidas cautelares al imputado en el año 2025 tampoco conduce a una conclusión diversa. Esa decisión se adoptó conforme al estándar de medidas cautelares y tiene carácter provisional. La causal del artículo 250 letra B en cambio, supone un juicio definitivo de inocencia que produce cosa juzgada», manifestó el magistrado.
De esta manera, el tribunal concluyó que no concurre la causal contemplada en el artículo 250 letra B del Código Procesal Penal y rechazó la solicitud de la defensa, por lo que Bracchitta continuará como imputado mientras sigue adelante la investigación del caso Papaya Gate.
Tras conocerse la resolución, el senador Daniel Núñez, querellante en la causa, calificó la decisión como un «duro revés» para el empresario. «Esta resolución confirma que existen antecedentes que deben seguir siendo examinados por la justicia. La causa continúa y será el tribunal el que determine las responsabilidades en uno de los casos de corrupción más graves que ha conocido la Región de Coquimbo».
