Un e-mail enviado por la afectada acusó al seremi de la repartición, Cristian Smitmans, de no asumir la responsabilidad de denunciar al exfuncionario que percutó un arma en las dependencias. La trabajadora reveló que debió asumir el proceso sola y que hoy está bajo resguardo de Fiscalía. ANEF advierte que el Estatuto Administrativo obligaba a la autoridad a protegerla.
Por Joaquín López Barraza
El pasado miércoles 5 de agosto, un individuo identificado como Mauricio Pearson, exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas (MOP), realizó un disparo en contra del frontis del edificio de la repartición regional, razón por la cual fue detenido horas más tarde por personal policial.
Luego de la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de La Serena le decretó a Pearson la medida cautelar de prohibición de acercarse a las dependencias de la Seremi de Obras Públicas, fijando un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.
Sin embargo, El Mostrador, a través del newsletter Aquí Coquimbo, dio a conocer un correo electrónico enviado por una funcionaria de la repartición, quien expresó su profundo malestar al seremi de Obras Públicas, Cristian Smitmans, al haber tenido que asumir de manera personal la responsabilidad de interponer la denuncia penal contra el agresor.
Un email
desesperanzado
«Como es de su conocimiento, fui yo quien debió asumir la responsabilidad de presentar la denuncia contra el Sr. Pearson, debido a la gravedad de los hechos y a la necesidad de resguardar la seguridad e integridad de los funcionarios», se lee en el e-mail enviado a la autoridad.
Según lo expuesto por la afectada, «lo hice porque usted no se encontraba presente y no existía una autoridad subrogante que asumiera dicha responsabilidad, pese a que los antecedentes ya eran conocidos antes de su salida».
A lo que añade: «(…) Actué con la convicción de que posteriormente existiría un respaldo claro por parte de la autoridad regional, tanto desde el punto de vista institucional como humano. Lamentablemente, hasta hoy no he recibido ninguna comunicación de su parte que me permita saber cómo se está abordando este proceso, qué medidas de resguardo se adoptarán respecto de mi persona o qué apoyo recibiré en mi calidad de denunciante».
Para la funcionaria, la principal causa de intranquilidad radica en el impacto que el trámite judicial provocó en su entorno personal, debiendo ser incorporada a un programa de protección familiar por parte de la Fiscalía por un periodo de 60 días.
«A la fecha sigo sin saber cuál será el apoyo concreto del MOP hacia mi persona, si existirán medidas de protección institucional, apoyo jurídico o simplemente una orientación clara respecto de cómo enfrentar esta situación», insistió.
Por último, el e-mail concluye enfatizando que «(…) he debido enfrentar prácticamente sola un proceso que se originó por hechos ocurridos en el ámbito laboral y que afectaban directamente a funcionarios de esta institución. Si no se hubiese efectuado esta denuncia, probablemente hoy se cuestionaría por qué no se actuó oportunamente frente a una situación que incluso tuvo repercusión pública».
ANEF: «La responsabilidad le
corresponde al seremi»
Consultado por Diario La Región, el presidente regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Patricio López, fue crítico con el manejo institucional que le dio la jefatura regional al episodio de violencia.
«Es lamentable que se haya hecho de esa forma, porque es la autoridad la llamada a proteger a los funcionarios. Es más, el Estatuto Administrativo es súper claro al respecto: el artículo 90 lo señala, es obligación de la institución tomar las medidas legales para resguardar a todos los funcionarios», explicó el dirigente sindical.
En efecto, el Estatuto Administrativo consagra el derecho de los funcionarios públicos a recibir protección y defensa legal por parte del Estado cuando son objeto de atentados, injurias o calumnias en el ejercicio de sus funciones.
La normativa obliga a los jefes de servicio a interponer formalmente las denuncias y querellas criminales ante la justicia penal a solicitud escrita del afectado, garantizando así el resguardo institucional frente a agresiones físicas o verbales motivadas por el desempeño del cargo.
