Controversia generó la petición de una orden de arresto de parte del abogado Juan Pablo Corral, representante del docente Luis Guillermo Castillo, este último desvinculado del liceo Estela Ávila Molina de Perry, luego de cumplir su periodo como director del establecimiento. Castillo interpuso una demanda y la Corte de Apelaciones de La Serena acogió, parcialmente, su petición de indemnización, por lo que el municipio de Ovalle tendría que pagar $8.450.862.
Tras este hecho, que fue emitido el pasado 16 de febrero, la parte demandante solicitó una orden de arresto contra el alcalde Claudio Rentería, por la no cancelación de la suma acordada por el tribunal. Cabe destacar que la entidad consistorial disponía de cinco días de plazo para cumplir con este pago, por lo que la orden de arresto, según el Asesor Jurídico del municipio, Sergio Galleguillos «no se justifica».
La tarde de este viernes 19 de febrero, tal como había sido acordado, el Asesor Jurídico se dirigió al Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, donde realizó la denominada consignación judicial a la cuenta corriente de dicho juzgado, la suma de $8.450.862
Al respecto, Sergio Galleguillos indicó que «dando estricto cumplimiento a la resolución judicial, siempre dentro de los plazos que la ley establece, se ha hecho efectivo el pago que el tribunal determinó y por lo tanto es una causa que se encuentra terminada y cerrada». Galleguillos fue enfático en señalar que «nunca existió una orden de arresto contra el alcalde, porque si algo ha distinguido su labor, en la actual administración municipal, es el irrestricto apego a las normas legales y el cumplimiento de las resoluciones judiciales, pero siempre y cuando éstas se encuentren bajo una resolución firme y ejecutoriada, por lo que nadie puede alegar contra la administración actual y el alcalde Claudio Rentería, no cumple con la ley o con las resoluciones judiciales».
Cabe destacar que la petición del docente Luis Guillermo Castillo fue «acogida parcialmente, porque él solicitó más dinero y él no obtuvo todo lo que pretendía con su demanda» agregó Sergio Galleguillos.
El pago de esta indemnización se realizó directamente en el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, donde se evaluará la cancelación a Luis Guillermo Castillo, ya que el docente mantiene una demanda por acoso laboral (Rol C.1390, 2015), interpuesta por una funcionaria, representada por el abogado Sergio Pizarro, por la suma de 30 millones de pesos por daño moral, por lo que la cancelación realizada por el municipio podría ser retenida.
