Jacqueline Chandía Jorquera camina de un lugar a otro con un centenar de papeles en sus manos. En cada uno lleva una evidencia, una prueba. Ella es la presidenta de la comisión revisora de cuentas del Club de Adulto Mayor Ave Fénix de La Serena, uno de los afectados con los llamados paseos fantasmas, los que fueron ejecutados por una agencia de turismo y que cuentan con el financiamiento público a través de fondos concursables del Consejo Regional.
La denuncia la hizo en octubre del año pasado, cuando no había dudas de lo que estaba pasando con ellos y con otros clubes de la región, «quienes fuimos pasados a llevar y denigrados en nuestros derechos», dice muy molesta. Sin embargo, fue a finales de mayo cuando comenzó todo, advierte el consejero Javier Vega. Esto, una vez que el club Años Dorados les avisó que no habían postulado a ningún proyecto y que estaban admisibles, «por lo que piden que se les saque de los registros, cuando ya se tenía el listado de los fondos concursables sociales».
Entonces comenzaron a realizar diferentes indagatorias, las que manifiestan que existen más de 100 proyectos que tenían un solo ejecutor que postulaba a los proyectos «y cuyo modus operandi era que la dueña de Turismo Cochiguaz solicitaba la información a las municipalidades, quienes se la entregaban, y ella hacia los contactos y les ofrecía a los clubes seminarios y una capacitación en un lugar diferente, pues con eso les generaba un
fortalecimiento organizacional».
Aquello, agrega Vega, se lo hicieron saber a la intendenta, pero de Contraloría les manifestaron que como esos proyectos cumplían con las bases, finalmente no existía sanción alguna. Pasó el tiempo y llegó el mes de octubre, y Jacqueline Chandía hizo la denuncia de un falso paseo, «donde no se cumplió nada de lo prometido, partiendo por el bus, que era más chico de lo señalado, y luego el lugar en donde alojamos, la comida, el seminario -que duró no más de 40 minutos- y el destino, ya que se nos dijo Los Vilos y llegamos a Combarbalá. Partimos hace nueve años con este grupo y formamos parte de esos 118 proyectos que se adjudicaron y nos ganamos tres millones de pesos, en julio del año pasado, que fue para este viaje, que más bien terminó siendo una pesadilla, ya que el presupuesto fue tan acotado que no había ni para una bolsa de té más…», cuenta. Fue en ese entonces que comenzó a funcionar la comisión fiscalizadora integrada por los consejeros Cristian Carriel, Jaime Herrera y Javier Vega.
«A partir de eso generamos las indagaciones, porque era la Contraloría quien nos estaba entregando la denuncia de Jacqueline, partiendo por la boleta de los servicios que presentaba esta empresa, hasta la solicitud de los documentos de los clubes de adultos mayores», avisa Vega.
Por lo tanto, «en mi rol de consejero hice esta denuncia, adjunté el informe donde hicimos un hilo histórico de los antecedentes y entregamos cuáles eran las decisiones que había tomado la comisión revisora, la aprobación de esta comisión y algunas sugerencias, entre ellas que se pusiera a disposición de la Contraloría y que ésta pudiera determinar y ejecutar un proceso, pero como nadie asumió la responsabilidad de hacer la denuncia a la PDI, personalmente la hice y dejé constancia del informe, y eso es lo que está ocurriendo…».
El Ejecutivo no ha dado las garantías
Para el consejero por la provincia de Elqui mucha responsabilidad en todo esto recae en la intendenta, «ya que cuando hicimos la primera denuncia desde el punto de vista ético y moral, que fue en mayo del año pasado, no se hizo nada. Se trató de bajar el perfil, y ya después viene la denuncia de la Contraloría… Creo que no hay ánimo ni voluntad de que esto llegue a una fiscalización, debido a que existe una responsabilidad…».
Cristian Carriel, consejero por Choapa y también miembro de la comisión, comparte lo señalado por Vega y comenta que «esto genera coyunturas políticas y hemos desarrollado un trabajo serio, responsable y, sobre todo, un trabajo de fiscalización que es lo que muchas veces se exige, así que hoy estamos cumpliendo esa labor como consejeros regionales, pues somos los más interesados en tener una buena coordinación con las organizaciones sociales y que los recursos que se disponen del 6% vayan y cumplan con el objetivo, que es el fortalecimiento comunitario».
Asimismo, sostuvo que «se han hecho distintas investigaciones, las que a mi parecer han tomado aristas diversas, pero lo concreto es que el Ejecutivo, que es quien formula las bases y que hace la revisión de los proyectos de elegibilidad, hasta el día no ha dado las garantías de que esto no vuelva a ocurrir. Desconocemos las medidas que se han tomado y, por el momento, sólo hemos revisado los fondos de actividades especiales, dado que las actividades tradicionales aún no han sido presentadas al Consejo Regional, y en ese sentido nos mostramos con cierta incertidumbre, porque no sabemos si los proyectos que llegan vienen o no con la misma situación. Cabe recordar que el año pasado esto estaba en conocimiento de la intendenta, antes de ser aprobados los proyectos, y finalmente no se hizo nada, generándose la situación que sabemos y que todos lamentan».
Carriel afirma que ante ellos, como consejeros, lo que les interesa es que las actividades que se financian con el 6% de desarrollo social vengan con el filtro y bien revisados.
En este sentido advirtió que «lo que se pudo percatar el año pasado es que más de 100 proyectos venían formulados de la misma manera y se aprobaron, así que la pregunta que nos hacemos es por qué, quién revisa los proyectos, que es donde nosotros creemos que está el problema, pues quienes los revisan, al darse cuenta de que 80 y hasta 100 proyectos vienen formulados de la misma manera, no dan alerta a su jefatura, por lo que fue el Ejecutivo quien les dio el visto bueno y los pasó al Consejo Regional. Por consiguiente, esperamos que el Ejecutivo cumpla con su trabajo de revisar con minuciosidad los proyectos de este año».
En consecuencia, reconoce que este año se tomarán más tiempo de plazo para la revisión, «aunque el rol de fiscalización del Consejo Regional no es solamente sobre la revisión de los proyectos, sino que también un trabajo coordinado con las organizaciones comunitarias, donde cada consejero regional tenga que realizar visitas y tenga que participar de las actividades del 6% de fondos concursables, y así todos vamos a colaborar en ir avanzando en la transparencia de los recursos públicos».
Insiste, de todas maneras, en que hay antecedentes suficientes para apuntar del problema administrativo al Ejecutivo, «que permitió tanto en la revisión de elegibilidad como en la rendición de los fondos, e hizo caso omiso a señales claras de mala interpretación, desviación y mal uso de los recursos públicos. El Ejecutivo decidió tomar otras aristas y no hacerse cargo de las responsabilidades que a ellos les competen, que es la formulación de las bases, la revisión de los proyectos, y después la revisión de la rendición de los proyectos, que es donde nosotros nos hemos manifestado de que existe el problema, así que reitero: el Ejecutivo no da las garantías de que lo que ocurrió el año pasado no vuelva a suceder».
