El diputado Daniel Núñez, quien preside la comisión investigadora del Papaya Gate, informó que se ha invitado a la última sesión a los empresarios Nicolás Bakulic Govorcin, Manuel Daire Daud y Lorenzo Iduya, socios de las inmobiliarias que vendieron los terrenos para construir el centro deportivo «San Ramón», en La Serena, todos citados en los respectivos informes.
Este lunes, desde las 17:30, se realizará la última sesión de la comisión investigadora del mediático caso Papaya Gate, que surgiera luego que el Ministerio Público, por indicación de la Contraloría, iniciara diligencias para esclarecer el presunto delito de fraude al fisco, luego que la ex intendenta, Lucía Pinto (militante UDI), y ex funcionarios del gobierno regional, adquirieran un terreno de 61 mil metros cuadrados por $ 9.800 millones a una empresa inmobiliaria, aun cuando su tasación apenas superaba los 4 mil millones y los intentos previos de compra habían sido rechazados por el ente contralor, lo que dio origen a una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, quienes semanalmente han ido aportando distintos antecedentes a través de las personas invitadas.
En cuanto al balance de esta comisión, que se inició en abril de este año con la presencia del Contralor de la República, Jorge Bermúdez, el diputado Daniel Núñez, quien preside dicha instancia, sostiene que «lo primero es valorar el trabajo de la comisión, que ha ayudado a dimensionar el fraude al fisco que se produjo con la compra de los terrenos, y creo que el punto culmine de la labor fue haber recibido al presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, quien nos señaló que había una querella contra Lucía Pinto, José Cáceres, Eduardo Espinoza y Pablo Bracchitta, gerente de la inmobiliaria, porque los antecedentes que ellos tenían a la vista, al conocer la investigación de la Fiscalía, permitían concluir que era evidente el fraude al fisco y que hay un perjuicio a los dineros del gobierno regional».
«Esto se ve totalmente corroborado cuando aparece dentro de las revelaciones que tiene en su poder la fiscalía, el hecho que José Cáceres, a través de diferentes sociedades de cascada, como se les denomina, encubren al verdadero dueño, donde es propietario también de las inmobiliarias que se ven beneficiadas con la compra de los terrenos que hizo el gobierno regional», añade.
Puntualiza en que «por lo tanto, aquí queda totalmente claro que estamos frente a una estafa premeditada, elaborada en forma artera desde los altos cargos del gobierno regional, y es indudable que, lamentablemente, igual con la complicidad de la ex intendenta Lucía Pinto».
Fiscal Nacional no va
Para la última sesión de la comisión estaba invitado el Fiscal Nacional Jorge Abbott, quien finalmente no irá, «al igual que la fiscal Claudia Perivancich, no puede asistir porque hay secreto de sumario, y eso no deja de preocuparnos, porque en estos días se ha remecido el país con el escándalo de las boletas de financiamiento ilegal de la política de SQM, que quedaron en la impunidad».
«Con esta gran cantidad de antecedentes que hay, uno espera que el Ministerio Público actúe rápido, encause a los responsables y los meta presos… Espero que no sean señales de impunidad el hecho que ninguno de los dos fiscales vaya a la comisión investigadora, y es un tema que preocupa mucho», agrega.
A diferencia del caso SQM, en donde se decidió «no perseverar» al no haber una querella del Servicio de Impuestos Internos, en el Papaya Gate sí hay una acción penal del Consejo de Defensa del Estado, «esto nos da un respiro, tranquilidad que el CDE haya actuado con esta querella, no obstante hay que tener la voluntad de investigar estos delitos y llegar hasta el fondo», sostiene Núñez.
Próximos invitados
Por tabla, están invitados Nicolás Bakulic Govorcin, Manuel Daire Daud y Lorenzo Iduya, socios de las inmobiliarias que vendieron los terrenos.
«Ya se puede ver la punta del iceberg, pero hay que preguntarse quién más está de detrás de estas sociedades inmobiliarias, porque tenemos nombres que son muy conocidos, de gente de negocios de la región, como Nicolás Bakulic Govorcin, Manuel Daire Daud y Lorenzo Iduya, y ellos que son los verdaderos beneficiados con esta venta que le hicieron al Gobierno Regional, queremos saber quién más está detrás» señala Núñez.
Agrega que «esta gente debería devolver inmediatamente los dineros al Gobierno Regional, porque se hizo a través de un acto ilícito, y es otra de las aristas que vamos a pedirle al CDE que persevere, anulando los contratos producto de estos actos de malversación y que se reintegren los dineros, porque son tremendamente necesarios para cubrir las necesidades y demandas que hay en nuestra región».
Al cierre de esta edición, el parlamentario aclaró que no tenía confirmación si los empresarios asistirían y que no tenían un Plan B.
Después de la última sesión de este lunes, Núñez explica que tiene dos semanas de plazo para redactar y entregar las conclusiones y después se vota en la comisión y también en la sala.