Corte de Apelaciones de La Serena condenó a una empresa y puso en el tapete la tala ilegal en la región. Director regional de la institución forestal, Eduardo Rodríguez, dice que desde 2018 «las multas que se han cursado superan los 600 millones de pesos…»
La tala de 420 ejemplares de Guayacán, en el sector de Tongoicillo, en Coquimbo, fue denunciada por ciudadanos.
Son ellos un pilar fundamental para la CONAF (Corporación Nacional Forestal), reconoce el director regional Eduardo Rodríguez, aunque igual existen otros mecanismos para la fiscalización, «como la operación de un sistema de análisis de imagen satelital que detecta las desapariciones de cubierta vegetal o alteraciones…».
Sí precisa que en la actualidad existe más gente denunciando, principalmente agrupaciones ciudadanas que están usando los canales de comunicación con CONAF para realizar denuncias y que cuando eso ocurre «estamos obligados a ir al terreno a detectar, evaluar y presentar esto a los juicios. Y no es menor, pues desde 2018 las multas que se han cursado superan los 600 millones de pesos, y cerca de los 16 fallos que solamente este año han habido respecto a estas causas, en 15 se le ha dado el favor a CONAF, lo que demuestra que estamos haciendo un trabajo en conjunto con la ciudadanía que permite operar de buena manera la Ley de Bosque Nativo. Lamentar sí que se pierde superficie vegetal».
Advierte que en la actualidad hay un mayor conocimiento respecto a esta ley, «pues recordemos que hace 10 años la ley no se conocía y la capacidad de CONAF ha ido en aumento, por lo que antes era probable que muchas de estas talas pasaran inadvertidas para el ojo ciudadano y para la CONAF».
En aumento
En este caso en particular, la Corte de Apelaciones de La Serena condenó a la empresa Magno Gestión Inmobiliaria SpA a pagar a beneficio municipal una multa total de 1.475 UTM (unidades tributarias mensuales) por infringir la ley de protección del bosque nativo.
Casos como estos no son ajenos para la institución forestal. Y eso les preocupa, «puesto que hoy estamos tramitando 75 causas de vulneración de bosque nativo. El año 2015 teníamos 15 casos, por lo tanto esto va en aumento».
Respecto a la multas, cuenta que «estas pueden ir de uno a cinco millones de pesos e, incluso, llegar hasta los 200 millones como ocurrió con una inmobiliaria que taló hacia el norte de La Serena en 2018».
Esa vez afectó a especies de Lucumillo, que justamente tiene problemas de conservación, «pues en el planeta existen solamente en la provincia de Elqui, en la zona costera, por lo que el daño fue grande y grave para la conservación de ese material genético».
En los ejemplares de Lucumilla fueron afectadas cerca de diez hectáreas, pero dice que «es difícil precisar la cantidad de ejemplares, aunque es un daño importante respecto a la cantidad de distribución, por eso la multa fue tan abultada».
En el caso de los 420 ejemplares de Guayacán, dice que «debe significar alrededor de unas cinco hectáreas. Lo que ocurre que el Lucumilla no está solo, sino que acompañado de otras especies y la afectación fue de las hectáreas completas, y como no se distribuyen igual que los guayacanes, puede finalmente haber sido una cifra igual o inferior…».
¿Desconocimiento?
En CONAF dividen a los grupos que se dedican a la tala en dos: Las inmobiliarias y empresas agrícolas, «y que en la mayoría de los casos estas acusan un desconocimiento».
En ese sentido, explica que «en realidad nosotros trabajamos con la buena fe de las personas, pese a que nos hablan del desconocimiento. Sin embargo, el juez también castiga en función del daño y de las negligencias, porque se entiende que estas empresas tienen profesionales y equipos de abogados que no pueden desconocer las leyes».
En relación a los daños, Rodríguez detalla que «lo primero es la afectación que existe a este material genético de la especia, ya que el Guayacán está protegido, tiene problemas de conservación y una distribución muy restringida, lo mismo que el Lucumillo, que en el planeta existe sólo en la provincia de Elqui. Pero existe otro tipo de daño y quizás más relevante, que es la contribución a la desertificación de la región, pues siendo la más biodiversa del país, es la que también tiene un mayor grado de erosión, con cerca del 80% del territorio. ¿Qué implica esto? Que nosotros podemos perder la lucha contra la desertificación y el avance del desierto puede comenzar a afectar los sistemas productivos agrícolas al sur de nuestra región, así que si no frenamos el avance del desierto en las provincias, este deteriorará inexorablemente los sistemas productivos agrícolas».
El otro dilema que vive CONAF cada vez que ocurre una tala ilegal, es que después cuesta mucho recuperar la especie, «ya que en nuestra región, por lo general, a los terrenos que se pelan les cuesta mucho. Es más. En algunos casos nunca se logran recuperar si es que llegan a afectar las raíces o si el despeje llega hasta la roca madre, y que no es raro en las zonas costeras, por tanto el daño a la vegetación a nuestra región cuesta mucho recuperarlo y genera un deterioro muy significativo».
Por lo pronto, avisa Rodríguez que las la fiscalizaciones no pararán y que «siempre estamos siendo proactivos y tratando de divulgar la ley, porque no sólo es la multa, sino que también los planes de corrección, que son los planes de reforestación de reposición del daño. Es decir que además de la multa, nosotros recibimos planes que permiten corregir en alguna medida el daño producido, y eso lo estamos analizando y procesando».
