Fiscalía, querellantes y defensas finalizaron este martes sus alegatos tras cuatro semanas de debate judicial por el caso que investiga un perjuicio superior a $760 millones en el Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla.

Por: Valentina Echeverría O.

Tras casi un mes de audiencias, este martes concluyó el juicio por el presunto fraude al interior de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, específicamente en su Departamento de Salud. Con ello, la causa quedó en estado de fallo, poniendo fin a una etapa que comenzó el pasado 25 de mayo y que contempló la declaración de acusados, testigos y peritos, además de la revisión de abundante prueba documental.
La investigación apunta a un perjuicio superior a los $760 millones, monto que, según Fiscalía, habría sido obtenido mediante la emisión de boletas de honorarios por servicios no prestados, utilizando recursos públicos asociados a distintos programas de salud administrados por la corporación.
Durante la última jornada, las partes presentaron sus réplicas finales, manteniendo posturas completamente opuestas respecto de la responsabilidad de los acusados.
Por su lado, la Fiscalía y los querellantes insistieron en que la prueba rendida durante el juicio permitió acreditar la existencia de una estructura organizada destinada a defraudar recursos públicos mediante la emisión de boletas por servicios no prestados.
Durante sus réplicas, el fiscal rechazó las tesis planteadas por las defensas el día lunes y cuestionó la supuesta colaboración de los principales acusados. «Doña Nicole derechamente miente cuando declara ante el Ministerio Público durante la investigación. Dice cosas que no corresponden y trata de señalar incluso que los imputados presentes en esta audiencia trabajaron, y eso no fue así», sostuvo.
Respecto de Cristian Muñoz, agregó que sus declaraciones se limitaron a justificar antecedentes ya conocidos y concluyó que ambos «no cooperaron ni nada» con la investigación, por lo que no habría colaboración sustancial.

Las defensas, en tanto, reiteraron sus cuestionamientos a la acusación presentada por el Ministerio Público, descartando la existencia de asociación ilícita y lavado de activos. Los abogados sostuvieron que se trató de una imputación excesiva, y que no se logró acreditar una organización criminal con jerarquía y permanencia en el tiempo.
«Es una acusación excesiva y en la cual se dispara a todos contra todos y por todos los delitos», sostuvo el abogado Pedro Ortústeguy, representante de Nicole Cadena y Cristian Muñoz, quien cuestionó que la acusación atribuyera a los imputados la totalidad de los ilícitos investigados, recordando además que su representada «si era una muy buena funcionaria antes de que fuera involucrada en esto».
En la misma línea, Carlo Silva, representante de Carlos Rodriguez, calificó la causa como una «propuesta masiva de persecución penal», comparándola con «un arma de gran calibre cargada de perdigones de efecto dispersivo». El defensor agregó que la investigación buscó que «caiga el que caiga», sin distinguir adecuadamente la participación individual de cada acusado.

Balance tras el cierre del juicio

Finalizada la audiencia, el abogado querellante de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, Gonzalo Pinochet, destacó que se trata de la primera investigación vinculada a la corporación que alcanza esta etapa procesal.
«Para nosotros constituye algo muy positivo, porque es la primera causa de la Corporación Gabriel González Videla que llega a juicio oral. Hemos presentado una serie de querellas y esperamos que también lleguen a buen puerto para explicar el desastre financiero que heredamos», señaló.
El profesional agregó que uno de los aspectos centrales del juicio fue acreditar el carácter público de los recursos involucrados. «Aquí lo probó el Servicio de Salud: los fondos que administraba la Corporación Municipal para salud son públicos y, por ende, nosotros estamos persiguiendo los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, lavado de activos y falsificación de instrumento público», afirmó.