Daniela Alejandra Lemus Lobos, de 22 años, imputada del homicidio de Osvaldo Gallardo Castañeda, 47, al que habría apuñalado y dado muerte el pasado miércoles en Illapel, luego de la formalización el Juzgado le aplicó las medidas cautelares de arraigo y arresto domiciliario pero la Corte de Apelaciones de La Serena, revirtió esa decisión, por lo que a Lemus ahora deberá permanecer con la medida cautelar de prisión preventiva.
Fatal disputa
Los antecedentes de formalización de investigación, indican que en la madrugada el miércoles 29 de marzo, Daniela Lemus, sobrina del diputado Luis Lemus, llegó a la casa de calle Independencia su ex suegro Osvaldo Gallardo, para pedirle a unos de sus hijos, que fue su pareja, con el que había compartido en una reunión previa en otra casa, que le entregara las llaves que había tomado, que eran las de un vehículo que estaba aparcado frente a ese domicilio.
Siguiendo con la acusación Daniela Lemus, molesta, comenzó a proferir gritos en frontis del inmueble arrojando piedras, motivo por el que Gallardo, de ocupación mecánico, salió a ver qué ocurría,pero la imputada con un cuchillo, en medio de una discusión, habría asestado una puñalada en el tórax a su ex suegro, agresión tras la que la mujer huyó.
Gallardo, ingresó al hospital en grave estado, pero a pesar del esfuerzo de los doctores la víctima pereció cuando era atendido, situación que fue denunciada a Carabineros que logró ubicar a Lemus oculta en una casa de la Vila San Rafael.
El arma usada en el ataque, fue encontrado en el mismo inmueble, sin manchas de sangre ya que fue limpiado en el lavaplatos sobre el que fue localizado.
Por orden de fiscal de turno, la imputada fue entregada a personal de la Brigada de Homicidios, de la Policía de Investigaciones, PDI, junto al cuchillo recuperado.
Lugo de ser prestar declaración Lemus, compareció el jueves en el Juzgado de Garantía de Illapel, para ser formalizada en la investigación por homicidio.
La fiscalía solicitó al Tribunal, que otorgó 60 días para indagar, la medida cautelar de prisión preventiva pero el Juzgado no la acogió por lo que impuso a la imputada el arraigo nacional y el arresto domiciliario total, situación por la que el ente persecutor penal presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de La Serena.
Peligro para la sociedad
Una vez presentado el recurso del Ministerio Público, la Segunda Sala la Corte de Apelaciones, estimó que la libertad de la mujer constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que ahora deberá permanecer en prisión preventiva
Christian Rodríguez, abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica de la fiscalía, realizó los alegatos en la Corte, al término de la audiencia explicó los fundamentos que consideró el Tribunal de alzada para revertir la decisión del Juzgado de Illapel.
“La Jueza de Garantía de Illapel, había ordenado otras cautelares y la Corte entendió que por la naturaleza del delito, las circunstancias de su comisión y la pena probable era correcto la causal de peligro para la seguridad de la sociedad”
Rodríguez agregó que el otro argumento expuesto por la fiscalía dice relación con la gravedad de la pena asignada al delito formalizado, “la Jueza de Garantía, a nuestro modo de ver en forma errónea, consideró que la cautelar de arresto domiciliario podía suplir la prisión preventiva por arresto domiciliario total, sin considerar la gravedad del delito y el carácter del mismo”.