Declaración de intereses patrimoniales de constituyentes de la zona deja sorpresas…

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La conviviente civil de Jennifer Mella, electa en la zona, posee derechos de aprovechamiento de aguas en el Canal Grande de Sotaquí. Dos abogados constituyentes aparecen con participación en sociedades comerciales declaradas ante el Servicio de Impuestos Internos. El resto no tiene grandes negocios y cuentan a LA REGIÓN de algunos bienes a su haber. La mayoría está de acuerdo que información como esta se revele a la comunidad. Aseguran que aquellos «colegas» que tengan intereses en ciertos temas, deberán inhabilitarse a la hora de votar.

Un reportaje del medio CIPER CHILE evidenció los nexos empresariales, las sociedades comerciales y los derechos de agua de los 155 constituyentes electos hace un par de semanas. En la región de Coquimbo no hubo grandes destapes, pero sí grandes sorpresas. La mayoría pareciera apegarse a la ley en cuanto a negocios. Otros señalaron sus principales bienes a este medio de comunicación. Pero la crónica dejó varios damnificados a nivel nacional.

Por ejemplo, un empresario con negocios en el área de la educación que fue parte de la Lista del Pueblo. Una integrante de la lista de Independientes No Neutrales con una sociedad en un paraíso fiscal. Al menos 21 constituyentes que no declararon sociedades comerciales aún vigentes en el SII. Doce con derechos de agua a su nombre o al de sus familiares, o de sociedades con que están relacionados.

ABOGADOS CON NEGOCIOS

El seremi de minería en la región de Coquimbo, Roberto Vega (RN), aparece como el constituyente con más negocios del distrito 5. Actualmente posee participación en Inmobiliaria Talhuen S.A, empresa que fundó junto a su hermano y que se dedica a los bienes inmobiliarios, generalmente en Ovalle.

Además aparece New Energy SpA, estación de servicio dedicada a la venta al por menor de combustibles para vehículos automotores, también en la capital de la provincia de Limarí. Finalmente hay una tercera empresa mencionada en la nota, se trata de Sociedad Consultora Vega & Yáñez Profesionales Ltda., que son servicios de asesoramiento y representación jurídica; servicios de arbitraje; síndicos de quiebras y peritos judiciales; actividades de consultoría de gestión.

«Declaré todas las sociedades de las cuales tengo participación, incluso figura una en la cual dejé de participar en el 2019. Son sociedades de familia. Valoro enormemente que esto se publique, esto debe ser trasparente a la comunidad. En todo caso yo, al haber sido autoridad en el pasado, ya lo tenía todo transparentado».

También están los datos de su cónyuge, quien se ha desempeñado como abogada en el Gobierno Interior, y que además Vega participó en «Sociedad Consultora de Proyectos Agrícolas y Legales Limitada» (AGROLEY) hasta 2019.

Daniel Bravo, abogado de 39 años, electo como constituyente en la región de Coquimbo. Estudió en la UCN y hace clases en la Universidad Central.

Se hizo conocido por ser parte del «Movimiento Independiente del Norte», creado en 2019 y que agrupaba a personas de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Todos inquietos por temas sociales en el contexto del estallido. En Asambleas territoriales se le veía. En la publicación periodistica aparece con una oficina de abogados de nombre Daniel Bravo Silva y Compañía. No quiso referirse al ser consultado por LA REGIÓN.

«DE CARA A LA GENTE»

El profesor de la ULS Carlos Calvo, valora que estos temas se hablen. «Lo encuentro de una relevancia total». Asegura que su gran patrimonio son los libros. «Oiga, es verdad, es lo más valioso que tengo.» En esa línea cuenta que tiene un Kia Cerato, como uno de sus grandes bienes. Entre los datos publicados también se registra su vínculo matrimonial con Pricila Ernestina Leni.

María Trinidad Castillo también fue electa en el distrito 5. Es profesora de Estado de Biología. Al preguntarle sobre la declaración de patrimonio, asegura que solo tiene una casa en la que vive con sus hijos en el sector Sindempart, dice que la ha ido arreglando de a poco.
«Me parece valioso que estos datos sean manejados por la ciudadanía, debe ser de cara a la gente. Salió que muchos tenían intereses con el agua, me imagino que estas personas se inhabilitarán cuando toque discutir ese tema».

Jennifer Mella fue electa en la lista «Apruebo Dignidad». Es independiente, abogada y ovallina. Tuvo la segunda mayoría, solo superada por Ivana Olivares. No posee negocios a su nombre. Sin embargo su conviviente civil participa en una sociedad de agua. Rocío Peña, su pareja, tiene participación en la Agrícola-Comercial, Inmobiliaria e Inversiones «Santa Marta Ltda», cuyo capital social es de $ 282 millones.

Según Ciper, la sociedad de su conviviente es familiar, y en su constitución se le fue aportado «un derecho de aprovechamiento de agua de la Comunidad de Aguas Canal Grande de Sotaquí, consistente en 4,78 acciones de agua, inscrita a fojas 42 vuelta, Nº 32, del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle, año 1987. Avaluada en $ 5.000.

No pudimos contactarnos con la activista lesbofeminista, pero sí recogimos una declaración suya realizada en campaña: «Derechos sociales garantizados, especialmente paridad y reconocimiento de labores de cuidado y trabajo doméstico, ademas de la autonomía de las mujeres, y la recuperación el agua como derecho humano con priorización humana y animal. Y una redistribución del poder político».

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