A casi siete décadas del fallecimiento de Gabriela Mistral, la comunidad de Montegrande no solo sigue esperando que se cumpla la voluntad póstuma de la Premio Nobel de destinar las regalías de sus obras a los niños pobres de la localidad, sino que hoy enfrentan la pérdida del único espacio cultural autónomo construido por los propios vecinos.
Por Joaquín López Barraza
La Corporación Hijas e Hijos de Mistral denunció que la Municipalidad se niega a renovar el contrato de arrendamiento del Salón Francisco Varela, inmueble ubicado frente al mausoleo de la poetisa y que la organización utilizaba como sede y biblioteca comunitaria.
Amara Rivera, presidenta de la corporación, alertó sobre el impacto directo que esta decisión administrativa genera en la infancia del sector.
«El municipio no nos quiere renovar el contrato de arriendo del salón Francisco Varela, que está frente al mausoleo, que es donde estamos haciendo la biblioteca pública. Sin ese salón no tenemos cómo llevarle a los niños libros, ni hacer cursos y menos reunirnos. Para nosotros es súper importante», enfatizó la dirigenta.
Sobre este punto, Diario La Región intentó obtener una declaración por parte de la Municipalidad para conocer las razones de la no renovación del inmueble; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta por parte de las autoridades locales.
La herencia que
nunca llegó
El conflicto por el espacio físico reabrió las heridas históricas en el Valle del Elqui sobre el destino de los recursos legados por la poetisa. En su testamento, Mistral ordenó que los dineros por la venta de sus obras en América del Sur fueran administrados por la Orden Franciscana para ir en beneficio exclusivo de la infancia vulnerable de Montegrande, compromiso que —según la comunidad— jamás se ha materializado.
Frente a este incumplimiento, la corporación mantiene una demanda judicial para exigir la rendición de cuentas a la orden religiosa. «Gabriela manda a los franciscanos para que ellos administren los dineros y los repartan. Ahí hay un mandato que no se cumplió conforme al Código Civil y por eso pedimos rendición de cuentas», explicó la abogada de la organización, Viviana Mardones.
Frente a estos requerimientos, los Franciscanos se han escudado en la institucionalidad. Mediante un comunicado expuesto por T13, la Orden citó un oficio del Departamento de Derechos Intelectuales que sostiene que las obras de la autora pasaron a dominio público en 1988, por lo que no cobran ni administran regalías desde esa fecha.
Nuevos
antecedentes
El nudo central del informe encomendado al especialista en propiedad intelectual y exdirector de INAPI, Maximiliano Santa Cruz —expuesto ante la Comisión de Cultura de la Cámara—, radica en la correcta aplicación de las reformas a la Ley de Propiedad Intelectual en Chile y el principio de no retroactividad.
Mientras el Departamento de Derechos Intelectuales y la Orden Franciscana afirman que las obras pasaron a dominio público en 1988 tras cumplirse 30 años del fallecimiento de la autora (1957), la tesis de Santa Cruz demuestra que dicha interpretación aplicó una norma de forma retroactiva en perjuicio de la obra.
Al haber variado la legislación chilena ampliando la protección del derecho de autor a 70 años post mortem, la protección legal sobre los textos de Gabriela Mistral se encuentra plenamente vigente y recién expira el 1 de enero de 2028. Bajo esta premisa, durante los últimos 36 años sí se debieron haber devengado y cobrado regalías por la comercialización de sus libros.
A partir de esta revelación, la corporación y los legatarios no solo exigen el cobro de dicho periodo, sino que impulsan un proyecto de ley para extender la protección hasta los 100 años a aquellos creadores que hayan destinado sus obras a fines filantrópicos y de impacto social.
