El presidente de la Junta de Vecinos relata una década de luchas que hoy vive su capítulo más oscuro. Denuncia saqueos tipo «piraña», incendios intencionales y un clima de inseguridad que no da tregua. Mientras la autoridad evalúa qué hacer, los residentes piden terminar las obras: «Son un lujo de departamentos que no podemos desperdiciar».
Por René Martínez Rojas
Marcelo Ojeda, presidente de la Junta de Vecinos Camino a Las Parcelas, lleva diez años como dirigente y esta no es la primera problemática que tienen, aunque hoy profundizada por los departamentos a medio terminar que dejó la empresa Pacal, en el sector de Lomas de San Ramón.
Antes lucharon para que les retirarán un microbasural gigantesco. Y ganaron. Entonces llegó una constructora que se instaló y les prometió que se iban a construir 24 torres, incluso con departamentos S-19 sociales, además de centros comerciales en los primeros pisos. Era un cambio radical para el sector de Tierras Blancas, recuerda.
Incluso, la construcción fue tan rápida «que no lo podíamos creer, pues en casi seis meses tenían paradas 10 torres», cuenta. Pero luego se estancó un par de meses, empezaron a sacar gente y así como llegaron, un día se fueron, dejando solo a tres guardias que no fueron capaces de contener la cantidad de gente que ingresaba a desmantelar.
Un saqueo sin tregua
El relato del dirigente es crudo. Claro, porque después de la salida de los guardias, el desmantelamiento fue sistemático.
«Comenzaron a sacar primero las latas, la gente en situación de calle golpeando desde las dos de la mañana hasta las cinco, con un ruido terrible», explica. Y la cosa no se detuvo ahí, ya que luego se llevaron cerámicas y terminaciones finas de los primeros pisos.
Pero el daño no es solo material. Los edificios abandonados se han convertido en sede de fiestas clandestinas y en un peligroso «recreo» para escolares que hacen la cimarra.
«Estos departamentos no tienen baranda, entonces si se cae una persona y hay un accidente grave, recién van a ponerle atajo. Hemos tenido a diputados, senadores y concejales que han venido y lo mismo, pues dicen ya lo tenemos listo, pero al final son promesas y lo único que nos están dando son aspirinas».
Inseguridad y fuego
Lo cierto que la presencia de personas en situación de consumo ha disparado los robos en el sector. Al propio Ojeda le han abierto el auto tres veces en el último tiempo. De hecho, dice que «tenemos las grabaciones de la gente saliendo de esos departamentos».
Y aunque valora el reciente operativo municipal –martes de la semana pasada- donde se desalojaron a algunas personas y se incautaron estoques y cuchillos, siente que las soluciones de fondo no llegan.
Incluso advierte que la estructura misma de los edificios corre peligro, esto porque la semana pasada un incendio provocado por una pareja que pernoctaba en el lugar —a quienes se les quemó un colchón— encendió las alarmas.
«En los primeros departamentos pusieron neumáticos y han incinerado por lo menos tres o cuatro pisos, por lo que están dañando el hormigón…», denuncia Ojeda.
Frente a las declaraciones del Ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y la posibilidad de demoler las estructuras, la visión es clara: sería un error.
Porque a juicio del dirigente, quien posee conocimientos de construcción, defiende la calidad de lo que queda en pie. «Existe un déficit habitacional, mucha gente que lleva años esperando, y es un lujo tener departamentos con balcón, con vista privilegiada y hechos de hormigón armado. La calidad del fierro que está es para que estén terminados, no abandonados».
Además, demoler significaría generar un microbasural gigante y, sobre todo, un desperdicio de dinero.
«Se han demorado años en hacer algo, imagínate demolerlo y la cantidad de escombro que va a quedar, seguramente como un micro basural gigante. Aparte, es un desperdicio de dinero, pues lo más caro es la obra gruesa y ya está instalado. Acá alguien tiene que agarrarlo: un privado o el mismo municipio y que haga algo», sentencia.
